Los Gobiernos podrían financiar medidas críticas contra la pobreza extrema, la COVID-19 y la crisis climática si recuperaran los miles de millones de dólares que se pierden por el fraude fiscal, la corrupción y el lavado de dinero, de acuerdo a un informe presentado hoy por el Panel de Alto Nivel sobre Responsabilidad, Transparencia e Integridad Financieras Internacionales.
Antilavadodedinero / comunicarseweb
El Panel de Alto Nivel sobre Responsabilidad, Transparencia e Integridad Financieras Internacionales para lograr la Agenda 2030 (Panel FACTI) hace un llamamiento a los Gobiernos con el fin de que acuerden un Pacto Mundial de Integridad Financiera para el Desarrollo Sostenible.
El Panel, formado por ex dirigentes de todo el mundo y gobernadores de bancos centrales, líderes del sector empresarial y de la sociedad civil, y personalidades del ámbito académico, explica que hasta un 2,7 por ciento del PIB mundial anual es objeto de operaciones de lavado de dinero, mientras que las corporaciones que buscan jurisdicciones libres de impuestos privan a los Gobiernos de hasta 600.000 millones de dólares al año.
Por América Latina, participan José Antonio Ocampo, ex ministro de finanzas de Colombia; la experta chilena en fiscalidad corporativa, Magdalena Sepúlveda
El Panel FACTI somete a examen la responsabilidad, la transparencia y la integridad financieras, y emite recomendaciones basadas en pruebas empíricas con el objetivo de salvar las deficiencias del sistema internacional como un medio para cumplir con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En su informe, Integridad financiera para el desarrollo sostenible, el Panel FACTI subraya la necesidad de leyes e instituciones más sólidas para prevenir la corrupción y el lavado de dinero, y que los banqueros, abogados y contadores que facilitan los delitos financieros también deben ser objeto de sanciones punitivas.
El informe pide además una mayor transparencia en torno a la titularidad de las empresas y el gasto público, una cooperación internacional más sólida para perseguir los actos de corrupción, un impuesto de sociedades mínimo internacional y la aplicación de impuestos a los gigantes digitales, así como una gobernanza global del fraude fiscal y el lavado de dinero.
“Un sistema financiero corrupto y fallido es un sistema que roba a los pobres y priva al mundo entero de los recursos necesarios para erradicar la pobreza, recuperarse de la COVID y encontrar soluciones a la crisis climática”, explica Dalia Grybauskaitė, copresidenta de FACTI y ex presidenta de Lituania.
“Acabar con los vacíos legales que posibilitan el lavado de dinero, la corrupción y el fraude fiscal, además de poner fin a las irregularidades de banqueros, contables y abogados, son algunos de los pasos necesarios para transformar la economía mundial en favor del bien universal”, declaró Ibrahim Mayaki, copresidente de FACTI y ex primer ministro de Níger.
En un momento en que la riqueza de los multimillonarios se ha disparado un 27,5 por ciento y 131 millones de personas ha caído en la pobreza debido a la COVID-19, el informe revela que una décima parte de la riqueza mundial podría estar oculta en activos financieros extraterritoriales, lo cual impediría que los Gobiernos recauden su parte justa de impuestos.
La recuperación de las pérdidas anuales por elusión y evasión fiscal permitiría financiar, por ejemplo, la ampliación de la red de seguridad social a 9 millones de personas mayores en Bangladesh, la construcción de 38.000 aulas en Chad y la instalación de 8.000 turbinas eólicas en Alemania.
