El lunes 15 de abril de 2013 arrancó el juicio a la mayor trama de corrupción conocida de la historia de España en un ayuntamiento, el de Málaga. El ‘Caso Malaya’, con 2.400 millones de euros blanqueados y un total de 95 imputados, saltó a la luz en abril de 2006 pero la sentencia no se ha hecho pública hasta este 15 de abril de 2013.
El caso Malaya es el nombre que recibe una operación contra la corrupción urbanística en España, dirigida por el juez Miguel Ángel Torres Segura y la Fiscalía Anticorrupción, cuyas primeras investigaciones se remontan a noviembre de 2005. Tiene como objetivo destapar un entramado de asociaciones que encubre numerosas actividades delictivas (cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias, etc.) llevadas a cabo, entre otros, por dirigentes del Ayuntamiento de Marbella, importantes empresarios y abogados, y ramificaciones en localidades como Málaga, Madrid, Huelva, Cádiz, Murcia,Granada, Córdoba, Sevilla y Pamplona. Este caso abrió el camino para una sucesión casi ininterrumpida de investigaciones sobre otros posibles casos en decenas de ayuntamientos españoles.
En marzo de 2005, las investigaciones de la operación policial Ballena Blanca, que sirvió para desmantelar la mayor red de blanqueo de dinero del país,3 consiguieron que se interceptaran unas conversaciones telefónicas relacionadas con casos de corrupción urbanística en la Costa del Sol. Un año después, se disuelve el Ayuntamiento de Marbella y se constituye una comisión gestora presidida por don Diego Martín Reyes. Posteriormente a esta comisión gestora del Ayuntamiento de Marbella y tras la llegada de la normalidad democrática la Junta de Andalucía le retira las competencias urbanísticas en base al artículo 31.4 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía según la redacción de la Ley de noviembre de 2005 «por afección grave de las competencias autonómicas en materia de ordenación y planeamiento, según lo contemplado en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA)», según comunicó la consejera de Obras Públicas y Transportes de la Junta.
El modus operandi – ‘Urbanismo a la carta’
Roca obtuvo los fondos necesarios sirviéndose de su posición como hombre fuerte del urbanismo marbellí desde los tiempos de Jesús Gil, «hasta el punto de que alcaldes y concejales aparecen subordinados a su poder de decisión», según la fiscalía. El modus operandi de la trama Malaya se ha descrito como el urbanismo a la carta. Roca negociaba con los empresarios la configuración urbanística de los terrenos (mayor edificabilidad, cambio de usos, recalificaciones) y luego incluía lo pactado en la revisión del planeamiento, en los convenios y en las licencias de obra y ocupación. Además, beneficiaba a empresarios amigos a costa del patrimonio municipal (venta de inmuebles por debajo de su valor real), siempre a cambio de comisión, a veces incluso participando en el negocio. El resultado fueron 18.000 viviendas ilegales, pero los negocios se hicieron sobre 30.000, las proyectadas.Cronología del caso
006: Estalla el escándalo
29 de marzo-1 de abril: Se pone al descubierto la trama de corrupción en el Consistorio de Marbella (Málaga) en una operación en que se detiene a una veintena de personas, entre ellas la alcaldesa, Marisol Yagüe; el ex asesor de urbanismo y presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca; y la primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos.31 de marzo: El juez instructor, Miguel Ángel Torres, decreta prisión incondicional para Yagüe, Roca y García Marcos.
7 de abril: El Consejo de Ministros disuelve el Consistorio de Marbella y una gestora se hace cargo del municipio hasta las elecciones municipales de mayo de 2007.27 de junio-19 de julio: En este período se detienen 35 personas, entre ellas el exalcalde de Marbella, Julián Muñoz, y trece exconcejales del ayuntamiento marbellí. El juez decreta prisión incondicional para Muñoz.13 de septiembre: Marisol Yagüe, Isabel García Marcos y el ex concejal de Trasportes, Victoriano Rodríguez, abandonan la prisión después de que el juez decretara libertad bajo fianza de 60.000 euros.14 de noviembre: Tras ocho meses desde que estallara el caso, empieza la tercera fase de detenciones. Ahora les toca a once personas más, entre ellas la ex mujer de Julián Muñoz, Maite Zaldívar. A los dos días, queda en libertad bajo fianza de 90.000 euros.2007: Isabel Pantoja, detenida14 de marzo-el 23 de julio: Durante esos meses, el juez Torres procesa a más de 80 personas y exige 5.200 euros de fianza para todos ellos, menos para la cantante Isabel Pantoja, detenida el 2 de mayo y puesta en libertad con cargos un día después tras pagar 90.000 euros.21 de septiembre: El sucesor del juez Torres, el juez Oscar Pérez, dicta prisión bajo fianza de 50.000 euros para Julián Muñoz al considerar que el riesgo de fuga es mínimo.4 de octubre: El juez Pérez ordena la devolución de la fianza de 90.000 euros a Isabel Pantoja. La cantante, en libertad provisional por presunto blanqueo de dinero, tendrá que presentarse a los juzgados dos veces al mes.2009: Más de un centenar de acusados2 de marzo: El juez Pérez procesa a 17 personas más. Además, amplia el procesamiento de Juan Antonio Roca por delitos fiscales, blanqueo, cohecho, fraude, prevaricación e inducción a la falsificación. Con estos nuevos procesamientos, el total de personas implicadas en el caso son 103.27 de septiembre: Julián Muñoz, queda en libertad tras tres años de cárcel y tras ser acusado de 18 condenas urbanísticas.2010: El juicio24 de marzo: La Audiencia de Málaga confiere a Roca la libertad provisional al cumplirse el plazo máximo establecido por ley. Aun así, el ex asesor de urbanismo no puede abandonar la cárcel.27 de septiembre: Comienza el juicio del ‘Caso Malaya’. Ante una gran expectación mediática, durante los siguientes días comparecen al juzgado Julián Muñoz y Maite Zaldívar. La Fiscalía Anticorrupción solicita siete años y medio de cárcel y una multa de 7,5 millones para Muñoz, y tres años y medio para Zaldívar.Isabel Pantoja también acude al Juzgado de Marbella y el juez le requiere una fianza de 3,68 millones de euros por un delito continuado de blanqueo de capitales. Seis días más tarde es Roca quien declara ante el juez.Finalmente, la sentencia ha dictaminado 7 años de prisión para Julián Muñoz por delito de blanqueo de capitales y cohecho pasivo; tres años, tres meses y un día para Maite Zaldívar; y la tonadillera Isabel Pantoja ha sido condenada a 24 meses de prisión por blanqueo de capitales. Aun así, no irá a la cárcel y recurrirá la sentencia.Detenida la alcaldesa de Marbella por corrupciónLa Fiscalía destapó la trama a raíz de las escuchas telefónicas de la ‘operación Ballena Blanca’ contra el blanqueo de dinero del narcotráfico Un entramado societario encubriría malversación de fondos y cohecho
La alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, y otras 19 personas fueron detenidas ayer por agentes del Cuerpo Nacional de Policía en el transcurso de una amplia operación contra la corrupción en el Ayuntamiento de esta localidad. La denominada ‘operación Malaya’, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella y la Fiscalía Anticorrupción, y a la que ayer se sumó la Agencia Tributaria, arrancó en noviembre a raíz de las escuchas telefónicas del ‘caso Ballena Blanca’ contra el blanqueo de capitales del narcotráfico. Hasta ahora, las autoridades judiciales han bloqueado mil cuentas corrientes y ordenado una veintena de registros.
Junto a la alcaldesa fueron detenidos el concejal de Transportes, Victoriano Rodríguez Martínez, y el de Cultura, José Antonio Jaén Polonio; el asesor de Urbanismo, Juan Antonio Roca; el secretario municipal, Leopoldo Barrantes, y otras catorce personas, seis de ellas en despachos de abogados de Madrid, donde se registraron las dependencias de un gabinete jurídico que podría amparar a supuestos testaferros de Roca en operaciones urbanísticas sospechosas.
La investigación judicial tiene ramificaciones, además, en Murcia y Huelva. La Policía no descarta nuevos arrestos en las próximas horas si así lo requieren las pesquisas. Las primeras pistas surgieron merced a unas escuchas telefónicas autorizadas por el juez Miguel Ángel Torres para desarticular la mayor red de blanqueo de dinero del narcotráfico que actuaba en España.
Algunas de las conversaciones grabadas por la Policía pusieron sobre aviso a los investigadores sobre la existencia de un complejo entramado societario que podría ocultar numerosas actividades delictivas. 150 policías judiciales y de la Unidad de Intervención Policial (UIP) realizaron una quincena de registros desde las nueve de la mañana en el propio Ayuntamiento marbellí -que fue desalojado- y en otras dependencias municipales, como la Sociedad de Planeamiento Urbanístico, así como en los domicilios particulares de Yagüe y Roca. Además, agentes de la jefatura local se presentaron en el despacho del superintendente de la Policía Local, Rafael del Pozo.
En el chalé ‘La Madrugada’, propiedad de la alcaldesa, cuyas vías de acceso permanecieron cortadas durante el despliegue policial, los agentes intervinieron una mochila, dos torres de ordenador precintadas y dos vehículos. Más de una veintena de agentes de uniforme y de paisano entraron en la vivienda de la primer edil marbellí para iniciar el registro. Antes, hicieron salir del edificio a los operarios que estaban realizando reformas en la casa.
Sin competencias
Las investigaciones revelan la participación de numerosas personas en delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y maquinación para alterar el precio de las cosas. La operación desatada ayer no guarda relación con la querella que Anticorrupción presentó en septiembre de 2005, en la que acusaba de prevaricación a la propia alcaldesa y a su teniente de alcalde por una permuta de áticos a espaldas del Consistorio y sin respetar el procedimiento administrativo común.
La gestión urbanística de Marbella estaba siendo vigilada muy de cerca por la Junta de Andalucía tras los escándalos de especulación que llevaron a los tribunales a los dos antecesores de Yagüe: Julián Muñoz y Jesús Gil. Hace cuatro meses, el presidente Manuel Chaves ordenó la retirada de competencias urbanísticas al Ayuntamiento, medida que entró en vigor el 12 de diciembre de 2005. Fue la primera actuación de la nueva Ley de Vivienda y Suelo del Gobierno andaluz, que faculta a los ejecutivos regionales a quitar las competencias a los ayuntamientos que vulneren la legalidad en materia de ordenación y planeamiento de suelo.
A este respecto, los informes realizados por los técnicos de la Dirección General de Inspección, de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, y de la Secretaría General de Ordenación del Territorio proponían la retirada de las competencias urbanísticas al Ayuntamiento de Marbella por cinco años, el tiempo máximo que prevé la Ley. La consejera de Obras Públicas y Transportes de la Junta, Concepción Gutiérrez, aseguró que se están revisando una a una todas las licencias urbanísticas otorgadas por el Ayuntamiento y que se está pidiendo la suspensión cautelar de esas licencias en caso de que no cumplan la legalidad.A Yagüe -que tiene pendientes otras diez causas por distintos delitos- le sustituye en funciones al frente de la alcaldía Tomás Reñones, el que fuera capitán del Atlético de Madrid en tiempos de Jesús Gil y actualmente segundo teniente de alcalde, ya que Isabel García Marcos, que le antecede en el escalafón municipal, está de luna de miel. Las reacciones no se han hecho esperar. El Partido Popular por boca de su presidente en Andalucía, Javier Arenas, e Izquierda Unida han pedido la disolución del Ayuntamiento y la convocatoria de elecciones municipales por una situación que el Partido Andalucista considera «insostenible».De la misma opinión eran los vecinos que ayer se agolpaban frente al Consistorio, para quienes lo ocurrido en su municipio es un «escándalo mundial». La trama destapada también ha golpeado a los empresarios turísticos de la Costa del Sol, que coinciden en señalar que el escándalo dañará la imagen del sector.Primera fase
La primera fase de la Operación Malaya tuvo lugar el 29 de marzo de 2006, y se desarrolló en las ciudades de Marbella, Málaga, Madrid, Huelva, Cádiz y Murcia, saldándose con 29 detenidos y la incautación de bienes por un valor de 2.600 millones de euros. En la operación participaron agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. Entre los detenidos se encontraban:
• Juan Antonio Roca, asesor del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, ex gerente de urbanismo del Ayuntamiento durante el gobierno de Jesús Gil. Es, presuntamente, el cabecilla de toda la trama. A través de su testaferro Montserrat Corulla, controlaba el dinero que producían los impuestos municipales de Marbella y lo invertía en coches de lujo, propiedades inmobiliarias de lujo en Madrid y varios caprichos en obras de arte altamente valiosas. Se encuentra imputado por malversación, blanqueo de capitales y cohecho. El juez le ordenó prisión incondicional sin fianza el 31 de marzo de 2006.5
• Marisol Yagüe, alcaldesa de Marbella desde agosto de 2003, en el cargo tras prosperar una moción de censura contra el anterior alcalde, Julián Muñoz. El juez le ordenó prisión incondicional sin fianza el 1 de abril de 2006, aunque tras pagar una fianza recobró una libertad pendiente de juicio.6
• Isabel García Marcos, primera teniente de alcalde de Marbella, expulsada del PSOE en 2003 junto a otros dos ediles del partido por apoyar la moción de censura contra Julián Muñoz. Su gran baza mediática había sido siempre su defensa de la honestidad y su supuesta incorruptibilidad. El juez le ordenó prisión incondicional sin fianza el 2 de abril de 2006, aunque tras unos días en la cárcel pudo salir junto a Marisol Yagüe.7
• José Jaén, concejal de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Marbella, que desde 2003 formaba parte de la lista electoral de García Marcos. Quedó en libertad provisional tras abonar una fianza de 30.000 euros.7
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• Victoriano Rodríguez, concejal de Tráfico del Ayuntamiento de Marbella. El juez le ordenó prisión incondicional sin fianza el 1 de abril de 2006.6
• Leopoldo Barrantes, secretario del Ayuntamiento de Marbella. El juez le dejó en libertad, aunque con cargos, en esta ocasión.6
Las incautaciones de los detenidos no pasaron desapercibidas por la opinión pública: la policía intervino durante esta fase de la Operación Malaya numerosas obras de arte (entre las que destaca un cuadro de Joan Miró que colgaba en la pared de un cuarto de baño), joyas y metales preciosos, dinero en efectivo, ordenadores, furgonetas, armas de fuego, cajas de seguridad, material electrónico, un helicóptero, una ganadería de toros completa y una de caballos, entre otros bienes.8
Como consecuencia del ingreso en prisión de la alcaldesa y la primera teniente de alcalde, el segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Marbella, Tomás Reñones (ex jugador y capitán del Atlético de Madrid), se convirtió en el alcalde en funciones,9 aunque sólo hasta el 7 de abril de 2006, fecha en la que el Consejo de Ministros del gobierno central disuelve al Ayuntamiento de Marbella en una medida sin precedentes.10 A partir de este momento el Ayuntamiento de Marbella pasa a estar gobernado por unacomisión gestora hasta las elecciones municipales de mayo de 2007, siendo su presidente el abogado Diego Martín Reyes, propuesto por el PSOE.
[editar]Segunda fase
La segunda fase de la Operación, conocida como Operación Malaya II, tuvo lugar el 27 de junio de 2006. 300 agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de laComisaría General de Policía Judicial y de la Udyco actuaron esta vez en Málaga, Granada, Córdoba, Sevilla, Madrid y Pamplona, deteniendo a 30 personas, entre las que se encuentran trece ex concejales del Ayuntamiento de Marbella, constructores y promotores.11 De entre estos detenidos cabe mencionar a:
• Tomás Reñones, alcalde de Marbella en funciones durante una semana (véase la sección anterior). El juez le ordenó prisión incondicional sin fianza el 29 de junio de2006.12
• Leopoldo Barrantes, ex secretario del Ayuntamiento de Marbella, que ya fue detenido durante la primera fase de la Operación, aunque quedó en libertad con cargos (véase la sección anterior). Esta vez, el juez también decidió dejarle en libertad sin fianza.11
• Rafael Gómez Sánchez, alias Sandokán (por su parecido físico), un importante empresario de Andalucía y compañero de partidas de póquer de Juan Antonio Roca en las que se llegaban a apostar hasta 3 millones de euros.13
Durante la operación policial, Lucía Aguilera, esposa de Miguel Jiménez, uno de los ex concejales detenidos, y que fue secretaria de Jesús Gil durante más de diez años, sufrió un infarto que provocó su muerte unas horas después.14
La realización de esta parte de la segunda fase de la Operación Malaya fue posible gracias a la documentación hallada durante los registros de las dependencias municipales de Marbella y otros inmuebles intervenidos en la primera fase, así como de los archivos contenidos en los ordenadores incautados.
El 17 de julio de 2006 tuvo lugar un fuerte despliegue policial que la gran mayoría de los medios de comunicación confundió con una tercera fase de la Operación. En esta ocasión los agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron a cinco personas entre Marbella y Málaga:
• Julián Muñoz, ex alcalde de Marbella, arrestado como presunto autor de delitos de cohecho y malversación de caudales públicos. El juez Torres decretó para él prisión incondicional el 21 de julio de 2006.15 El encarcelamiento de Julián Muñoz tuvo bastante repercusión mediática, sobre todo en la prensa del corazón, ya que en ese momento era pareja sentimental de la tonadillera Isabel Pantoja.16
• Pedro Pérez, ex concejal del Ayuntamiento de Marbella por el Partido Andalucista, presunto autor de un delito de cohecho continuado. Según palabras del fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas Casado, tanto Julián Muñoz como Pedro Pérez cobraron de Juan Antonio Roca «como consecuencia de una contraprestación municipal».17
• Jesús Ruiz Casado, Jenaro Briales Navarrete, y José Andrés León, tres altos cargos de la empresa constructora Aifos.
El 26 de julio de 2006, la Fiscalía Anticorrupción presentó en los juzgados de Marbella dos querellas contra José Antonio Roca, Julián Muñoz y el abogado de éste, José María del Nido, que es además presidente del Sevilla Fútbol Club, por presuntos delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos.18
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Tercera fase
La tercera fase (Operación Malaya III) comenzó a primera hora de la mañana del 14 de noviembre de 2006 con un gran dispositivo policial, y se saldó con la detención de once personas, acusadas de blanqueo de dinero y cohecho.19 Los arrestados fueron:
• Maite Zaldívar, ex mujer del ex alcalde de Marbella Julián Muñoz (encarcelado durante la segunda fase de la Operación). Su domicilio, situado en una urbanización de la localidad de San Pedro de Alcántara fue registrado durante cinco horas. Maite Zaldívar, que estuvo trabajando durante una temporada como colaboradora en el programa A tu lado de Telecinco, se colocó en el punto de mira tras afirmar en antena que en su casa «entraban bolsas y bolsas repletas de dinero»20 en la época en que su marido era alcalde de la localidad malagueña.
• Jesús Zaldívar, hermano de Maite Zaldívar. Ambos están acusados de blanqueo de dinero.
• José María González de Caldas,21 ex presidente del Sevilla Fútbol Club e importante empresario taurino, apoderado de los toreros Manuel Benítez «El Cordobés» y Salvador Cortés (entre otros), y ex pareja sentimental de la modelo y Miss España Sofía Mazagatos.
• Los empresarios Giovanni Piero Montalo, Francisco Zambrana, Manuel Lores Romero, Eusebio Sierra Sánchez, y José María Enríquez García; el funcionario judicial Francisco Ramírez Olivera; el director de una sucursal de Cajamar en Marbella, Benjamín Martínez Cantero; y un socio de González de Caldas, Miguel López Benjumea.Detenciones en 2007
• El 23 de abril de 2007 fue detenido Florencio San Agapito, comisario jubilado del Cuerpo Nacional de Policía, jefe de seguridad de Telefónica, que había sido en los años 80jefe de Administración, Documentación e Informática de la Secretaría de Estado para la Seguridad del Ministerio del Interior.22
• El 26 de abril el juez Miguel Ángel Torres decretó prisión incondicional sin fianza para el ex primer teniente de alcalde de Marbella, y número dos del GIL, Pedro Román, mientras dejó en libertad con cargos a la hija de éste. El juez acusó a Pedro Román de un delito de fraude, delito fiscal, blanqueo de capitales y cohecho y decretó su prisión incondicional por riesgo de fuga y por una posible ocultación de pruebas.23
• El 2 de mayo de 2007 fue detenida la cantante y pareja sentimental de Julián Muñoz, Isabel Pantoja, acusada de la comisión de varios delitos contra la hacienda pública y de blanqueo de capitales. Su detención produce un nuevo repunte del sensacionalismo periodístico que algunos medios del mundo del corazón (especialmente vinculados aTelecinco, Antena 3 y Televisión Española) no dudan en explotar. El juez Miguel Ángel Torres, instructor del ‘caso Malaya’ y titular del juzgado de instrucción número cinco de Marbella, decretó libertad bajo fianza de 90.000 euros para la tonadillera tras unas horas de arresto en comisaría24
• El 3 de mayo de 2007 se produjo la 99ª detención, en este caso, de un broker de bolsa, Fernando de Salinas, al que se le acusa de un presunto blanqueo de dinero de Julián Muñoz y Mayte Zaldívar, en paraísos fiscales de Gibraltar y Suiza.
[editar]Incoación y auto de procesamiento
El sumario quedó incoado el 17 de julio de 200725 y días más tarde, el 23 de julio, 86 personas fueron procesadas26 con lo que se cerró la primera parte de la instrucción a la espera del auto de conclusión del sumario.
[editar]Sentencia final
Al final han sido acusados 7 personas:27
• Julián Muñoz: 7 años y medio de cárcel y otros 7 de inhabilitación por blanqueo. Multa de 3.648.000 de euros.
• Maite Zaldívar: 3 años y 3 meses de cárcel. Multa de 2.487.088 euros.
• Jesús Zaldívar: 3 años y 3 meses de cárcel. Multa de 1.780.000 euros.
• Isabel Pantoja: 2 años de cárcel. Multa de 1.147.148,96 de euros,
• José Miguel Villarroya un año de prisión por cohecho activo.
• Fernando de S. (ex director oficina de CajaMar) 1 año, 6 meses de cárcel por blanqueo.La Guardia Civil detiene en siete provincias a 20 personas por los ERE y realiza 13 registrosEfe
• Esta fase de la investigación se ha centrado en las empresas ‘mediadoras’
• La Guardia Civil registra los despachos de las empresas y de algunos abogados
• La mayoría de los detenidos son mujeres; algunas, esposas de los implicados
• En Barcelona se han producido nueve detenciones
• Javier Guerrero es uno de los imputados que la juez Alaya ha citado a declarar
La Guardia Civil ha detenido por el momento a 20 personas en relación con los ERE fraudulentos de la Junta de Andalucía y ha realizado 13 registros. La operación se está desarrollando desde primera hora de esta mañana en siete provincias de cuatro comunidades autónomasy está relacionada con el desvío de las comisiones pagadas con el fondo de reptiles.
Nueve personas han sido detenidas en la provincia de Barcelona, cinco en la de Sevilla, tres en Cádiz, dos en Madrid y una en Las Palmas. Fuentes de la UCO han señalado a este periódico que, además, estánpendientes de practicar dos detenciones. La mayoría de los detenidos son mujeres y, algunas de ellas, esposas de algunos de los implicados en la trama de los ERE. Entre ellos está al menos Eduardo Leal del Real, otro de los supuestos testaferros para el desvío de fondos, según informa Efe.
De los registros, tres se han realizado en Sevilla, donde se está a la espera de un cuarto en un edificio de la Plaza Nueva que permanece custodiado por la Guardia Civil, tres en el municipio jienense de Albanchez de Mágina, otro en Jaén capital, dos en Jerez de la Frontera y dos en Granada.
La operación está siendo coordinada desde el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, que dirige la juez Mercedes Alaya, y que ha citado además como imputadas a otras nueve personas, además de los detenidos. Entre estos imputados están el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero, que está a la espera de declarar desde las diez de la mañana; su antiguo chófer Juan Francisco Trujillo, que declarará este jueves; el supuesto conseguidor y ex sindicalista jenense Juan Lanzas; la esposa de éste; el abogado sevillano Carlos Leal, y los responsables de las empresas mediadoras Vitalia, Antonio Albarracín, y Uniter, José González Mata.
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de Madrid se han desplazado a Andalucía y a otras comunidades autónomas por esta operación, que se está desarrollando en estos momentos por el orden de»primero registros y después detenciones».
En Sevilla, la UCO ha registrado oficinas del edificio Viapol, en la calle Balbino Marrón, el mismo edificio donde se encuentran los Juzgados de Primera Instancia, y otras del edificio Generali, en la Plaza Nueva, donde tiene su sede en Sevilla, entre otras empresas, Uniter.
El Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla mantiene el secreto del sumariosobre los ERE, en concreto, sobre las investigaciones de la UCO que está siguiéndole el rastro al dinero pagado en comisiones a mediadores. Actualmente está en prisión Juan Francisco Algarín Lamela, considerado por los investigadores testaferro u hombre de paja que habría colaborado para desviar dinero público.
Los implicados
En Jerez de la Frontera, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han registrado la sede de la empresa Seguros Uniter, en el número 58 de la calle Larga de esta localidad gaditana. El propietario de la compañía ha sido imputado en el caso de los ERE, puesto que la empresa, presuntamente, habría planteado expedientes de regulación de empleo para sus empleados, a los que supuestamente pagaba subvenciones para después recibir el propietario comisiones por ello.
Agentes de la Guardia Civil, en la sede de Seguros Uniter en Jerez. | José Contreras
Precisamente, el administrador de esta firma, José González Mata, está citado a declarar ante la juez Alaya el próximo sábado a las 17 horas. Aunque no está formalmente detenido, según ha sabido ELMUNDO.es, los agentes le han requisado su teléfono móvil.
Por su parte, Francisco Javier Guerrero, uno de los principales imputados en la causa y que se encontraba en libertad bajo fianza, ha recibido esta mañana a las 8.30 horas en su domicilio una citación, de manos de la Guardia Civil, para declarar esta misma mañana ante la juez Mercedes Alaya. Estaba citado a las 10 horas, pero ha entrado pasada las 14.20 horas.
Por otro lado, también ha sido citado a declarar el abogado Carlos Leal, socio director del bufete Estudios Jurídicos Villasís, que ya estaba imputado, igual que González Mata y Guerrero.
Entre los detenidos, se encuentra la esposa de Antonio Albarracín, comercial de la aseguradora Vitalia imputado por los ERE falsos, tras el registro de su domicilio en Madrid, según informa la agencia Efe. La mujer será llevada ante la juez Mercedes Alaya esta misma tarde, donde está citada a las 18 horas.
El proio Albarracín, que ya estaba imputado en las actuaciones, también ha pedido comparecer voluntariamente y ha emprendido viaje a Sevilla, donde espera declarar a las 19 horas, han añadido las fuentes.
También ha sido citado para declarar ante la juez este jueves Daniel Ponce, ex subdirector de Mercasevilla, que ya estaba imputado en la causa.
Los ideólogos
La citación de Guerrero se produce tras la aparición de nuevos indicios aportados por la Guardia Civil de su supuesta implicación en este asunto. Así lo han asegurado a Efe fuentes de la investigación, que han señalado que la magistrada también ha citado al ex sindicalista de UGT Juan Lanzas, imputado como «conseguidor» en los ERE. Ninguno de los dos está detenido.
Según las investigaciones, Lanzas ideó un sistema para usar empresas pantalla con las que «introducir en el sistema financiero, dotando de apariencia de legalidad», el dinero de las comisiones que aplicaba a las pólizas de seguros financiadas por la Junta.
Relacionado con Guerrero, principal imputado en el caso, y con Lanzas, se están llevando a cabo registros domiciliarios en Jaén y en la localidad jienense de Albánchez de Mágina.
Entre los detenidos sí se encuentra, sin embargo, Eduardo Leal del Real, un presunto testaferro en la trama, socio de Juan Francisco Algarín Lamela, en libertad bajo fianza, en las tres empresas que los investigadores consideran ‘pantallas’, a través de las cuales Juan Lanzas cobraba, presuntamente, sus comisiones.
Otro de los citados por la juez Mercedes Alaya ha sido Juan Francisco Trujillo, que fue chófer del director general de Trabajo Javier Guerrero, y que ya estaba imputado, informa la agencia Efe. Trujillo, residente en Jaén, está citado este jueves a las 19 horas en el jugado de instrucción 6 de Sevilla.
Durante su declaración como imputado en marzo de 2012, Trujillo dijo a la juez que viajó al menos en dos ocasiones a Madrid para recoger sobres con dinero para su jefe, el exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, que también está citado en esta nueva ronda.
Se trataba presuntamente de comisiones que la mediadora Vitalia le abonaría a Guerrero por sus gestiones para la contratación de las pólizas de los ERE.
Según su declaración, en una ocasión se encontró en la estación de Atocha con el director general de Vitalia, el imputado Antonio Albarracín, que le entregó un sobre de tamaño folio doblado por la mitad, conteniendo «billetes grandes» y un grosor de dos dedos.
Mediadores
Según ha sabido ELMUNDO.es, entre los detenidos en la operación se contarían también varios ex directivos y ex trabajadores del Grupo Vitalia, unas de las dos compañías que participaban en la mediación ante la Junta de Andalucía y que, según los investigadores, percibían por su trabajo comisiones desorbitadas, muy por encima de los precios de mercado.
Abogado Málaga. Caso Malaya.
Juez del caso MalayaLa Fiscalía Anticorrupción y la defensa del empresario Ismael Pérez Peña, acusado en el caso ‘Malaya’, han llegado a un acuerdo de conformidad por el que el procesado reconoce que “efectuó un pago” de 180.100 euros, que le fue “requerido” por el presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, y la exalcaldesa de Marbella (Málaga) Marisol Yagüe. Con este pago pretendía que el Ayuntamiento marbellí “le abonara con preferencia respecto a otros acreedores una deuda de más de un millón y medio de euros”.
Este acuerdo, hecho público este lunes en la primera sesión del último bloque del juicio, supone para Pérez Peña la reducción de la pena pedida inicialmente por el fiscal, pasando de 11 años de cárcel a dos años y tres meses, “a sustituir” por multa, por delitos de cohecho activo, alteración del precio en concursos, malversación y falsedad documental. Además, se ha retirado la acusación de falsedad a su hijo y se ha llegado a un acuerdo similar con el acusado Carmelo Armenta.En el documento del acuerdo, leído en la sala, se recoge que dicho pago de 180.100 euros se realizó en septiembre de 2005, “según consta” en uno de los archivos intervenidos en la sociedad Maras Asesores, vinculada a la contabilidad de Roca. Además de ese dinero, el empresario, que proporcionaba mediante contratos de renting los vehículos de uso municipal, “regaló” con el mismo fin tres coches a Yagüe, uno de ellos matriculado a su nombre, otro que regaló a su pareja sentimental y un tercero para su hijo.La adquisición de estos tres vehículos fue efectuada por el exedil Victoriano Rodríguez, que estuvo procesado pero ha fallecido, “abonándolos en efectivo con el dinero que le suministró Ismael Pérez Peña”, según consta en el acuerdo, en el que se apunta que el empresario también puso a disposición de la entonces alcaldesa en régimen de renting otro coche sin que ésta hiciera pago alguno como contraprestación. La alcaldesa ha negado que el empresario le regalara vehículo alguno.En este sentido, Yagüe ha declarado que Pérez Peña era amigo del que fuera alcalde de Marbella Jesús Gil y que ella sabía que se le debía dinero “de los años atrás”, pero ha indicado que “casi no lo conocía” y no tenía contacto con él. “No me tenía que regalar nada él a mí”, ha aseverado, añadiendo: “regalarme ¿por qué? No creo que la gente vaya regalando coches por las buenas”.Yagüe ha explicado la compra de uno de los coches para su hijo y las gestiones que hizo con el exconcejal fallecido, entonces edil de Tráfico, quien le dijo que podía conseguirlo “más barato”, por eso le dio dinero. Ha asegurado que en la primera declaración, cuando fue detenida, ya declaró lo mismo y “no muevo ni un punto ni una coma, porque era y sigue siendo la verdad”.CONTARLO A LOS MEDIOSEl acuerdo recoge también que ante la falta de pago por parte del Ayuntamiento, el empresario, “como medio de presión”, anunció a los responsables municipales su intención de acudir a los medios de comunicación y denunciar ciertos hechos, entre ellos el asunto de “los coches de la alcaldesa”, lo que generó “gran preocupación” entre los miembros de la Corporación, por lo que trataron de solventar la deuda.En esas negociaciones, dice el documento, tuvieron un “papel destacado” la exalcaldesa, Roca y exediles acusados como la exsocialista Isabel García Marcos o José Jaén, e incluso el entonces secretario municipal, Leopoldo Barrantes. Una de las opciones era adjudicar al empresario la concesión del servicio de grúa y, según el escrito, la alcaldesa se prestó a modificar la ordenanza reguladora, negociaciones que encargó a la exedil Isabel García Marcos.Al respecto, Yagüe ha explicado que “jamás” le dijo a García Marcos que cambiara las ordenanzas: “hasta ahí podíamos llegar”, sino que “había que cambiarlas” porque el precio que contemplaba era “poco” para Marbella, apuntando que “se preguntó a otras ciudades”. Finalmente, indica el escrito de conformidad, las condiciones supuestamente pactadas “no llegaron a plasmarse” en una nueva ordenanza ni ninguna empresa de Pérez Peña llegó a resultar finalmente adjudicataria de la concesión.Ha señalado que la “inquietud” que había en el Ayuntamiento “no era por los coches míos”, sino porque “él retirara los coches de la Policía Local, que era un problemón”. “Lo que quería el señor Pérez Peña era que yo le pagara una deuda que tenía de muchísimo tiempo antes y que yo no se la podía pagar. Si la hubiera tenido que pagar porque el interventor hubiera dicho que sí, hubiera sido con informes favorables de los técnicos, como he hecho siempre, y se hubiera hecho un plan de pago, aunque no había dinero”, ha indicado.“De lo que había anterior, no me podía asustar nadie, yo siempre he dicho y sigo diciendo que tenía mi conciencia muy tranquila, que he hecho siempre todo con la ley en la mano, no me iba a asustar porque dijera algo de los vehículos de la alcaldesa”, ha manifestado, al tiempo que ha aseverado que tampoco tuvo miedo “cuando tuve que echar del gobierno municipal a Carlos Fernández”, exedil del PA que formó parte del Ejecutivo local y que está fugado.
Yagüe ha asegurado que Fernández es para ella “el artífice de todo, que calienta motores porque se le echa”. “Carlos Fernández hablaría lo que fuera y aquí estamos todos por culpa de Carlos Fernández, eso lo tengo claro, por la venganza, con muchas mentiras e infamias, de hecho, mira cómo no lo han encontrado”, ha precisado.En la sesión se han reproducido varias conversaciones intervenidas durante la investigación, entre Yagüe yRoca y otras en las que intervino el empresario Pérez Peña, quien no ha respondido a preguntas de las partes, tan sólo ha admitido haber mantenido las conversaciones reproducidas.EL ROLLS ROYCEEn el acuerdo de conformidad se apunta que Yagüe para “contentarlo” permitió que el empresario usara unRolls Royce de 1992 de propiedad municipal, pero cuando se conoce que el procesado Carlos Fernández “pretendía destapar” este tema, dice el escrito, se lo comunican al entonces jefe de la Policía Local, Rafael del Pozo, también acusado, que manda a un agente a recuperar el coche.En este sentido, Yagüe ha dicho que se enteró “a posteriori” de que lo tenía Pérez Peña y que tan sólo supo que se llevó a Madrid para arreglarlo. Por su parte, Del Pozo, que también ha declarado este lunes, ha hablado de que supo de la situación de enfado de Pérez Peña y se lo comunicó a Roca porque Yagüe “no estaba pasando una buena situación”. Respecto a unas armas intervenidas, por lo que está acusado, ha indicado que eran de familiares de Gil y que nunca les dio uso.Por último, el escrito alude a un encuentro entre Roca y Pérez Peña en un hotel de Madrid en el que el primero le pidió al segundo un préstamo de tres millones de euros. Finalmente, dijo que sólo disponía de dos millones y se quedó en Getafe para la entrega del dinero, que fue intervenido por la Policía. Ante esto, acordaron elaborar “un supuesto contrato” de compraventa de tres chalés.En Roji Abogados Málaga llevamos mucho tiempo siguiendo muy de cerca este juicio y lo seguiremos haciendo para mantenerles informados de cualquier novedad que se produzca, ya que es uno de los juicios más importantes que han tenido lugar en Málaga. Recordarles también por nuestra parte que en nuestrobufete de abogados en Málaga contamos con especialistas en diferentes materias jurídicas, tales como los daños personales y materiales, el derecho penal, los conflictos familiares, el derecho laboral, los casos de carácter administrativo así como el asesoramiento a empresas.Caso Malaya’: 86 personas procesadas
El juez no halla ‘indicios suficientes’ para procesar a ocho de los hasta ahora imputados
EFE
MARBELLA (MÁLAGA).- El juez instructor del ‘caso Malaya’ ha procesado finalmente a 86 personas en esta causa, entre las que no se encuentra Isabel Pantoja, que quedaría imputada en un procedimiento abierto aparte relacionado con el presunto blanqueo de capitales llevado a cabo por su pareja, el ex alcalde Julián Muñoz.
El juez Miguel Ángel Torres. (Foto: EFE)
El auto de procesamiento dictado por el juez Miguel Ángel Torres, demás de 450 folios, establece además las fianzas solicitadas a los procesados para cubrir sus responsabilidades civiles, entre las que destaca la exigida al ex asesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca, que asciende a mil millones de euros.
A Roca, al que el juez Torres considera el presunto cerebro de la trama de corrupción municipal, el juez le imputa los delitos continuados de cohecho, malversación, fraude contra la hacienda pública, blanqueo de capitales como jefe de una organización, falsedad, tenencia ilícita de armas, tráfico de influencias y prevaricación y contra la ordenación del territorio.
El magistrado procesa además a una veintena de ex concejales del Consistorio marbellí, entre los que se encuentran los ex alcaldes Julián Muñoz y Marisol Yagüe, así como el ex secretario municipal Leopoldo Barrantes, por los delitos continuados de cohecho, prevaricación, contra la ordenación del territorio, malversación y fraude, según los casos.
Según el auto de procesamiento, otra veintena de personas, entre las que se encuentra el abogadoManuel Sánchez Zubizarreta o la hija de Roca, son encausadas por un presunto delito de blanqueo de capitales con carácter continuado y pertenencia a organización.
En el caso del abogado Francisco Soriano Zurita y el presunto testaferro Óscar Benavente, el magistrado amplía el procesamiento como autores de un delito continuado de falsedad, y en el caso del ex jefe de seguridad de Roca Jaime Hachuel, de un delito de revelación de secretos.
Causa aparte por blanqueo de capitales
Por su parte, al igual que Pantoja, la ex mujer de Julián Muñoz, Maite Zaldívar, así como la hija de ambos y otras cuatro personas, no son procesadas en el sumario del ‘caso Malaya’, sino que quedan imputadas en una causa aparte relacionada con el presunto blanqueo de capitales que podría haber cometido el ex alcalde.
En el auto, el juez establece que no existen «indicios racionales de criminalidad suficientes» para procesar a ocho de los hasta ahora imputados en el caso, entre los que destaca el presidente de la Federación Española de Urbanizadores, Ricardo Arranz, o el abogado José Arteaga.
Por otro lado, Torres considera que Roca, Muñoz y el ex primer teniente de alcalde Pedro Romándeben seguir en prisión preventiva y que es preciso mantener la situación de busca y captura con orden de detención europea tanto para el ex concejal Carlos Fernández como para José Manuel Carlos Llorca y Alberto Héctor Pedronzo.
Tras la incoación del sumario y una vez dictado el citado auto de procesamiento, comienza lasegunda fase de la instrucción del ‘caso Malaya’, por la que serán citados nuevamente ante el juez los 86 procesados en esta causa. En dichas comparecencias, el instructor del proceso notificará el auto a cada uno de los encausados y, por su parte, sus defensas tendrán la oportunidad de solicitar nuevas pruebas.
Una vez completado este proceso, el magistrado elaborará el auto de conclusión del sumario, y el procedimiento pasará a la Audiencia Provincial de Málaga, que dará traslado al Ministerio Fiscal para que lleve a cabo las acusaciones y cite a los letrados para la presentación de los escritos de defensa antes del señalamiento del juicio.
El juez decreta libertad bajo fianza de 50.000 euros para González de Caldas
Los hermanos Zaldívar abandonaban los juzgados de Marbella con el rostro cubierto después de que sus abogados abonaran las fianzas de 90.000 y 50.000 euros, respectivamente, impuestas por el juez Miguel Ángel Torres
AGENCIAS/H. BARBOTTA / R. FLORES/MARBELLA.Los detenidos en la tercera fase de la operación Malaya siguen pasando ante el juez que, de momento, no ha enviado a ninguno de los arrestados estos días directamente a prisión. El último que ha conocido el dictamen del juez ha sido el empresario y ex presidente del Sevilla, José María González de Caldas, que le pone en libertad si deposita una fianza de 50.000 euros.Según informaron fuentes de la defensa, González de Caldas tiene previsto pagar la fianza impuesta por el juez esta misma noche. Antes que él, los hermanos Maite y Jesús Zaldívar García quedaban en libertad tras permanecer dos días en dependencias policiales, al haber abonado las fianzas de 90.000 y 50.000 euros impuestas por el juez instructor del «Caso Malaya», Miguel Ángel Torres, para eludir la prisión.El abogado de ambos detenidos, Pablo Lasso, llegó a los juzgados de Marbella poco antes de las 14:00 horas para hacer efectivo el pago de las cantidades fijadas por el juez la pasada madrugada. Maite y Jesús Zaldívar, ambos arrestados en la tercera fase de la fase de la operación contra la corrupción en Marbella, han pasado la noche bajo arresto municipal, a la espera de que familiares y amigos recopilaran el dinero.La ex mujer del que fuera alcalde de Marbella Julián Muñoz y el hermano de ésta prestaron declaración ayer ante el juez durante varias horas y están acusados de un presunto delito de blanqueo de capitales. La pasada jornada también comparecieron ante el instructor del caso el empresario gaditano Manuel Lores Romero y el director de una sucursal de Cajamar en Marbella, Benjamín Martínez Cantero, quienes quedaron en libertad tras depositar fianzas de 50.000 y 12.000 euros respectivamente.Pasaban pocos minutos de las dos de la madrugada cuando la noticia rebasaba la puerta de los juzgados de Marbella. El juez Miguel Ángel Torres imponía fianzas a los cuatro detenidos en la tercera fase de la ‘operación Malaya’ a los que ayer tomó declaración. La fianza más elevada correspondía a Maite Zaldívar, 90.000 euros. En el caso de su hermano, Jesús Zaldívar, otro de los interrogados ayer, la cuantía era de 50.000 euros.El mismo delito les atribuye el juez a los otros dos detenidos que declararon ayer -Benjamín Martínez, director de una sucursal de Cajamar, y Manuel Lores, empresario gaditano-. Ambos sí abonaron anoche las fianzas impuestas, de 12.000 y 50.000 euros respectivamente.Fue una jornada muy larga en la que no fueron los únicos que testificaron ante el magistrado, ya que Elia, la hija menor de Maite Zaldívar, de 25 años, compareció en calidad de imputada, aunque no fue arrestada, por un presunto delito de blanqueo. La acusación, según explicaron fuentes judiciales, se basa en que el nombre de la joven aparece en algunas sociedades vinculadas al padre.Los dos hermanos, Maite y Jesús, fueron los que protagonizaron la declaración más extensa, ya que entre los dos sumaron más de ocho horas de interrogatorio.La declaración de Zaldívar fue la primera. La ex esposa de Julián Muñoz compareció durante casi cuatro horas ante el juez instructor. Tras llegar a los juzgados a las diez menos cuarto de la mañana en un furgón policial y procedente de la comisaría provincial de Málaga, donde pernoctaron los once nuevos detenidos, Zaldívar comenzó su declaración una hora más tarde.La relevancia mediática del personaje había provocado una gran expectación en el entorno de los juzgados y una masiva presencia de medios de comunicación, la mayor parte relacionados con la televisión ‘rosa’. Desde que se desencadenara la ‘operación Malaya’, el pasado 29 de marzo, no se había producido en los alrededores de los juzgados una presencia mediática semejante, ni siquiera cuando tuvieron que declarar los ex alcaldes Julián Muñoz y Marisol Yagüe o el presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca.Zaldívar concluyó su declaración sobre las 15.00 horas y fue devuelta a los calabozos. El juez la interrogó sobre las múltiples sociedades en las que aparece su nombre y que aparentemente se utilizaron para las operaciones de blanqueo.Tras la comparecencia de Maite Zaldívar fue el turno de su hija menor. Elia, además, ha sido objeto de una investigación patrimonial por parte de la Agencia Tributaria de la que se desprende que en 2003 tuvo gastos por más de 36.000 euros, incluida la compra de un Audi A3 y el pago de parte de un préstamo hipotecario pese a que no se le conocían ingresos. Su comparecencia apenas se prolongó durante media hora.CalabozosEl tercer imputado citado a declarar fue Jesús Zaldívar, detenido en la víspera junto a su hermana y que fue llevado desde los calabozos ante el despacho del juez sobre las cinco de la tarde. También su declaración fue larga, casi cuatro horas, ya que concluyó a las nueve menos cuarto de la noche.Posteriormente compareció el director de la sucursal de Cajamar, Benjamín Martínez, acusado también de un delito de blanqueo. La imputación de Martínez, según las fuentes consultadas por este periódico, está relacionada con las cuentas que los hermanos Zaldívar mantenían abiertas en la entidad bancaria, y que supuestamente fueron utilizadas para las operaciones de lavado de dinero.Finalmente prestó declaración el empresario gaditano Manuel Lores, detenido el pasado martes y acusado de un presunto delito de cohecho.Cientos de grabaciones destapan la masiva corrupción en torno al Ayuntamiento de MarbellaLa investigación judicial que ha destapado la corrupción masiva en el Ayuntamiento de Marbella se basó en cientos de grabaciones de conversaciones telefónicas y de citas privadas de los principales implicados en una generalizada actividad delictiva basada en el pago por empresarios de importantes cantidades de dinero a concejales a cambio de distintos contratos municipalesEl juez Miguel Ángel Torres levantó el pasado viernes parcialmente el secreto de sumario. En los 10 tomos que tienen ya los abogados de los acusados se pueden leer cientos de transcripciones de conversaciones trascendentales entre concejales marbellíes (entre ellos, la alcaldesa y la primera teniente de alcalde) y algunos empresarios con intereses en el municipio. Las grabaciones prueban que muchos de los miembros del gobierno municipal de Marbella cobraban dinero a cambio de adjudicar contratos y servicios municipales a determinados empresarios.La trama de la corrupción en Marbella: Operación MalayaPara ampliar, por favor, pulse sobre la imagenEl origen de la investigación fue una denuncia del jefe del Servicio Jurídico del Ayuntamiento de Marbella que motivó una serie de intervenciones telefónicas ordenadas por el juez.En las primeras escuchas, la policía destapó uno de los numerosos negocios ilícitos que se fraguaban en el Ayuntamiento y que, según informó en su día el Ministerio del Interior, podrían haber permitido a Juan Antonio Roca, asesor de Urbanismo de Marbella, amasar un patrimonio de 2.400 millones de euros fruto de sus actividades irregulares.El negocio irregular que se descubrió con los primeros pinchazos telefónicos tenía que ver con la adjudicación del servicio de la grúa en el Ayuntamiento de Marbella. El empresario Ismael Pérez Peña presionaba al concejal Victoriano Rodríguez para que le arreglasen el concurso, con la amenaza de hablar en televisión, a cambio de «25 millones de pesetas», de los supuestos negocios oscuros de los concejales y contar que había dado dos coches a la alcaldesa, Marisol Yagüe.El concejal Victoriano Rodríguez le tranquiliza el 3 de enero de 2006:Ismael. (…) Pero es que voy a bajar y yo estoy que me tiro por las paredes, no sé ni qué hacer con ello.Victoriano. (…) Primero hay que dejar bien lo de la grúa y después coger el dinero. Porque esto se acaba, Ismael.Ismael. No, no, ya lo sé.Victoriano. Te lo digo yo que están muy mal las cosas.Ismael. ¿De la noche a la mañana?Las cosas se empiezan a arreglar y, según las conversaciones telefónicas, se amaña un pliego de condiciones con el propio empresario con las tarifas más altas de toda España, similares a las de Madrid, para que gane más dinero.El asesor Juan Antonio Roca, el primer poder en el Ayuntamiento según la investigación judicial, se reúne el 26 de enero con el empresario de las grúas en el hotel Villamagna de Madrid y le tranquiliza. En esa cita, Roca pide dinero al empresario:Roca. Tú te acuerdas que te dije que yo tenía que pagar 500 millones [de pesetas]. Qué me puedes dejar de eso con un documento del que yo soy el garante…Ismael. (…) ¿Te dejo 300 y vale?Roca. ¿Y no me puedes dejar 200 de a?Ismael. De a no, yo de a no. De b, lo que tú quieras. Pues yo si de momento te dejo 350 de bocadillo, te apañas con eso.Roca. Hombre, a mí me haría falta lo otro, pero con eso me apaño. Eso mejor que nada… mañana te mando a alguien a la hora que tú me digas.Dicho y hecho. Roca envió a un testaferro a recoger el dinero y la policía abortó la operación. En las grabaciones aparecen conversaciones de los principales gobernantes de Marbella intentando arreglar el contrato de Ismael Pérez y reclamando, cada uno para sí, el pago por esos servicios.En marzo de 2006, tras más de tres meses de grabaciones, el juez ordenó las primeras detenciones.»En ‘b’, te dejo 350 millones de pesetas mañana»
En apariencia, era un control policial de rutina en las calles de Madrid. Pero los agentes tenían un objetivo claro, coger por primera vez con las manos en la masa a algunos de los protagonistas de la corrupción en Marbella.Unos días antes, el juez había autorizado a la policía para grabar un encuentro entre el asesor de Urbanismo de Marbella, Juan Antonio Roca, y el empresario Ismael Pérez, al que el gobierno municipal marbellí estaba arreglando un negocio para adjudicarle el servicio de grúas. La cita se produjo en el hotel Villamagna de Madrid y allí Roca le pidió al empresario 500 millones de pesetas. Ismael Pérez aceptó dejarle «en b, 350 millones de pesetas mañana» y fijaron la entrega. Roca envió a un testaferro, Óscar Benavente, y cuando salía de las oficinas de Ismael Pérez con una bolsa donde había dos millones de euros, su vehículo fue cazado en el control policial de aparente rutina.Ismael Pérez conoció por su hijo la detención de Benavente y le llamó por teléfono:Óscar Benavente. «Nos ha parado la policía y nos han cogido el dinero».Ismael Pérez. ¿Se lo han llevado?Ó. B. «Sí, bueno, se lo han llevado y nosotros vamos para comisaría».I. P. Pero yo no, a mí no me impliquéis en nada, eh, que lo teníais vosotros, que os lo ha dado vuestro jefe o quien sea, eh.Ó. B. Nos han cogido saliendo de ahí, eh, que lo sepas.I. P. No hombre, joder, pero vosotros qué vais a decir.Ó. B. Yo voy a decir que no declaro hasta que no venga nuestro abogado.Esa intervención policial podía poner en alerta a todos los implicados en la trama de corrupción marbellí, pero la policía camufló su operación y habló a los detenidos, que quedaron en libertad, de un delito de circulación monetaria, sin relación con nada de Marbella. Eso permitió que la investigación pudiera avanzar y que las conversaciones telefónicas de los concejales y el propio asesor de Urbanismo no se interrumpieran por temor a un seguimiento policial o judicial.El mismo día del control policial de rutina, Ismael Pérez avisó a su oficina:-Escuchad un momento, quitad de los ordenadores todo, todo, todo, todo.Después, Ismael Pérez llamó a la oficina de Juan Antonio Roca para avisarle de lo ocurrido, pero no le encontró. Dejó el siguiente aviso para que intentaran localizarle:Ismael Pérez. Oye, necesito hablar con Roca superurgente, que ha habido una gorda.Colaborador de Roca. ¿Sí? ¿Qué ha pasado?I. P. Porque le he dejado a Roca y lo ha cogido la policía en la puerta de allí… de cuando salían de lo mío.Colaborador. Jobar.I. P. Con bocadillo, y le estoy intentando llamar pues para que me diga algo por si van para allí y no localizo a ninguno.La policía no fue, desvió la atención y, dos meses después, practicó las primeras detenciones.La confesión de los dos principales testaferros de Juan Antonio Roca
Monserrat Corulla: «A Roca nunca le parecía nada suficiente»Monserrat Corulla es abogada y, según la investigación judicial, la tapadera que utilizó Juan Antonio Roca para sus negocios inmobiliarios en Madrid, donde compraba palacetes en ruina, los rehabilitaba y, en muchos casos, los convertía en hoteles de lujo. Corulla fue detenida por la policía y encarcelada por decisión judicial. En su comparecencia ante el juez, el 2 de abril de 2006, negó que supiera que Roca era el dueño de todos los negocios inmobiliarios que ella gestionaba. Aunque, de alguna manera, lo insinuó. Lo que sigue es un resumen de su declaración:- Roca, asesor del despacho. «Me presentaron a Juan Antonio Roca hace tiempo. Manuel Sánchez Zubizarreta [jefe del bufete de abogados donde trabajaba] me dijo que era un asesor del despacho y que tenía que obedecerle en todo. Cuando íbamos al banco, Manuel decía que los propietarios eran él y Francisco Soriano, pero Roca actuaba como si fuera el propietario».»A mí me pagan un sueldo tanto la empresa Condeor como Palacio Villagonzalo. Desde que soy administrador de Condeor he adquirido para la sociedad el Palacio de Saldaña, el Palacio de Villagonzalo y Los Alcázares, el hotel, y los aparcamientos, y todo se ha financiado con préstamos, excepto la compra del inmueble del Palacio de Villagonzalo».- Trabajo en la sociedad de Roca. «Estuve trabajando en Maras [sociedad de Roca en la que se encontró la contabilidad de los supuestos sobornos cobrados y repartidos entre los ediles] porque Manuel Sánchez me pidió que organizara ese despacho. Y aunque la persona con la que me tenía que entender era Salvador Gardoquí, en realidad mandaba Juan Antonio Roca. Me presentaron a Roca como un asesor urbanístico pero era obvio que era la persona que daba las órdenes y que mandaba incluso por encima de Manuel Sánchez Zubizarreta. No se podían discutir las órdenes de este señor, e incluso pensé que se comportaba más que como un asesor, como un accionista».- Reuniones. «Cuando me he reunido con Roca ha sido en el despacho de Manuel Sánchez o en el de la calle Príncipe de Vergara. Cuando me he reunido en Marbella siempre ha sido en el despacho de Maras Asesores y siempre con don Manuel».»La última vez que vine a Marbella, fue hace un mes y pico, vine a pedir un préstamo para poder pagar el hotel Los Alcázares. Tuve que pedir el préstamo porque no teníamos ni un duro».- Insaciable. «Para Juan Antonio Roca nunca nada es suficiente. Cuando conseguí vender el Palacio Tepa, llamé a Juan Antonio y a Manuel Sánchez, y a Juan Antonio no le pareció suficiente».»En muchas ocasiones he visto al señor Roca dar órdenes e indicaciones a los empleados. Y también daba órdenes e indicaciones a Manuel Sánchez (…). En las actividades que yo realizaba al frente de Condeor, Roca no me asesoraba sino que me daba órdenes. Me resultaba extraño que el despacho de abogados realizara estos proyectos por el volumen de las inversiones. La finalidad de estos proyectos era explotarlo, y por ello yo me encargaba de la remodelación de los inmuebles y que fueran aceptados por alguna cadena hotelera».- Negocios en Madrid. «Todos los ingresos que tengo los percibo como administradora de Condeor y consejera delegada del Palacio de Villagonzalo. Además, desarrollo otros proyectos en Madrid del mismo tipo pero que no tienen que ver nada con Roca ni con el despacho de Zubizarreta. En el caso de que estos proyectos fructificaran, todos los beneficios serían para mí y para nadie más».- La visión del juez: «Dotada de gran inteligencia». «Monserrat Corulla controla Condeor, pieza clave del entramado de Roca, hasta el punto que se puede decir que es su principal testaferro, incluso por encima de Óscar Benavente, persona de su absoluta confianza, dedicado a tareas más ejecutivas. Monserrat desarrolla proyectos de gran importancia, como el hotel La Malvasía, el Palacio de Villagonzalo, o la venta del Palacio Tepa, sin olvidar las urbanizaciones y el hotel de Los Alcázares (Murcia)».»Se trata de una abogada dotada sin duda de gran inteligencia y que se desenvuelve con gran soltura en el mundo de los negocios. El propio Roca la destaca en alguna de las conversaciones detectadas. No cabe duda de que, a tenor de las distintas conversaciones que se acompañan a la causa, ella sabe que el dueño de todo es el propio Roca y no Manuel Sánchez Zubizarreta o Francisco Soriano».Óscar Benavente: «Roca me pagaba en efectivo por mis gestiones»Óscar Bevavente era testaferro de Juan Antonio Roca y hombre de su máxima confianza. Hasta el punto de que, cuando Roca pactó con el empresario Ismael Pérez, concesionario de la grúa municipal en Marbella, la entrega de dos millones de euros en dinero b, envió a Benavente a recoger esa cantidad.La policía, que había descubierto la operación, le detuvo en un supuesto control rutinario de carretera y le requisó los dos millones por tratarse de una infracción de la legislación sobre circulación de moneda.Dos meses después, el juez ordenaría las primeras detenciones en relación con la corrupción de Marbella. Benavente terminó encarcelado.Su declaración ante el juez se produjo el 2 de abril de 2006. Lo que sigue resume su confesión:- Amigos desde 1994. «Conozco a Roca desde 1994. En 1996 me vine a Marbella. Mi actividad principal eran los caballos y además he realizado trabajos de asesoramiento en materias técnicas y de contratación para Roca por lo que me pagaba en efectivo, bien cogiéndolo del banco de las cuentas de algunas promociones que desarrollaba, o bien me pagaban en efectivo en el despacho de la calle de Fernando VI de Manuel Sánchez Zubizarreta. En los últimos tres años he cobrado 70.000 euros aproximadamente, que me ha pagado Roca por una promoción que desarrollaba en Palma de Mallorca. No conozco ninguna otra promoción de Roca».»Puede que sea una persona de confianza de Roca, pero desconozco por completo las finanzas de Roca, sus jefes o sus socios».- «Los caballos son míos». «Marqués de Velilla [la sociedad en la que están los caballos que el propio Roca reconoció en declaraciones posteriores al juez que eran suyos] es mía. Ni Marqués de Velilla ni los caballos son de Roca. Marqués de Velilla lo compré en parte con mis ahorros, que eran siete u ocho millones. Los compré en 1994 porque tenía una opción de compra sobre las yeguas a la que no pude hacer frente y tuve que devolverlas, pero me quedé con las crías y con ellas he ido consiguiendo los caballos que tengo actualmente».»La finca de La Caridad es mía, la tengo alquilada desde 1997 y antes pertenecía a otros dueños. La adquirieron dos sociedades llamadas Mare Nectis y Roma, de la que son titulares Manuel Sánchez Zubizarreta y Francisco Soriano. En 1999, le subarrendé a Roca la casa que hay a la entrada de la finca. Más adelante, en 2001, Roca construyó la capilla».»La contabilidad de Marqués de Velilla se lleva desde Maras Asesores y allí tienen despacho Salvador Gardoqui, yo y Roca. Ignoro por qué Roca tenía despacho allí y su relación con Maras y Gardoqui».- «Dos millones en cheques». «Roca me dijo que fuera a recoger unos cheques a la nave de Ismael [el empresario de las grúas de Marbella] y al llegar me dieron dos paquetes. Cada uno tenía un millón de euros. Nada más salir me paró la policía. Cuando me quitaron el dinero fui inmediatamente a ver a Francisco Soriano y le dije que el dinero se lo había dado Ismael y que él no tenía que tener ese dinero y que tenían que ponerse en contacto con la policía. Como pasaba el tiempo y nadie me decía nada, fui con Francisco Soriano a la policía y de allí me remitieron a la comisión de Prevención del Blanqueo, donde creo que Francisco ha realizado alegaciones y aportado documentación. Fui al despacho de Soriano, en vez de ir a Roca que me había mandado a por el dinero, porque me habían dicho que era un tema de Gracia y Noguera para la obra de Mallorca. Y Gracia y Noguera es de Francisco Soriano y Manuel Sánchez».»A Roca le llamo a veces Juan, primo, hermano, Rocky, y es muy amigo mío, pero por teléfono siempre le llamo Juan Antonio. Cuando hablo con terceras personas le llamo jefe».- La visión del juez. «Óscar Benavente es gran amigo de Juan Antonio y persona de su absoluta confianza y conoce sin duda las imputaciones en varios procesos penales. Sin embargo, a cambio de ingresos económicos, realiza por cuenta de Roca operaciones mercantiles y figura nominalmente como titular de una serie de sociedades de las que desconoce todo y se limita a firmar por orden de los letrados del gabinete y de Juan Antonio Roca, como él mismo ha reconocido. Se han constatado las operaciones relativas a inmuebles, las actividades societarias, los trámites realizados y, en definitiva, la evidente actividad de blanqueo desarrollada durante años por Óscar en sociedades como Marqués de Velilla, Jabor Magarpe, Maras, Gracia y Noguera…».
