Después de un juicio de 24 días, un jurado federal en el Distrito Medio de Florida condenó a dos personas por su papel en una conspiración que facturó de manera fraudulenta aproximadamente $1,400 millones por servicios de pruebas de laboratorio en un sofisticado esquema de transferencia de facturación que involucraba a hospitales rurales.
Antilavadodedinero / Justice.gov
Según los documentos judiciales y las pruebas presentadas en el juicio, Jorge Pérez, de 62 años, y Ricardo Pérez, de 59, ambos de Miami, Florida, conspiraron entre sí y con otros para facturar ilegalmente aproximadamente $1,400 millones en servicios de pruebas de laboratorio que eran médicamente innecesarios, y que usó de manera fraudulenta los hospitales rurales como pantallas de facturación para presentar reclamos por servicios que en su mayoría se realizaban en laboratorios externos. Jorge Pérez y Ricardo Pérez también cometieron fraude a la atención médica en cinco ocasiones específicas y conspiraron para lavar las ganancias de este esquema fraudulento.
“Estos acusados se aprovecharon y explotaron a los vulnerables (hospitales vulnerables, comunidades desatendidas vulnerables y pacientes vulnerables que buscaban tratamiento por adicción) para llenar sus propios bolsillos”, dijo el Fiscal General Adjunto Kenneth A. Polite, Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia. “Seguiremos trabajando incansablemente para responsabilizar a aquellos que explotan la integridad de la industria del cuidado de la salud con fines de lucro”.
“Los acusados en este caso se involucraron en un esquema elaborado para aprovecharse de las instalaciones médicas en dificultades en varios estados y defraudar a las aseguradoras privadas”, dijo el Fiscal Federal para el Distrito Medio de Florida, Roger Handberg. “El veredicto de hoy demuestra claramente nuestra vigilancia para enjuiciar a quienes violan nuestras leyes con fines de lucro”.
“Los acusados en el caso de hoy presuntamente conspiraron para ejecutar un esquema de facturación elaborado que se aprovechó de los hospitales vulnerables y las comunidades rurales que dependían de ellos”, dijo el subdirector Luis Quesada de la División de Investigación Criminal del FBI. “El FBI y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley están dedicados a proteger el sistema de atención médica y cerrar las fachadas de facturación fraudulentas”.
La evidencia mostró que los demandados se dirigieron y obtuvieron el control de los hospitales rurales en apuros financieros a través de acuerdos de administración y compras. Los demandados intentaron obtener el control de estos hospitales rurales debido a los contratos de seguros privados que estipulaban tasas de reembolso más altas para las pruebas de laboratorio, una característica común de los contratos de hospitales rurales diseñados para garantizar que los hospitales puedan sobrevivir y brindar a las comunidades rurales la atención que tanto necesitan. Los demandados prometieron evitar el cierre de estos hospitales rurales convirtiéndolos en sitios de pruebas de laboratorio, pero en cambio facturaron pruebas de laboratorio fraudulentas por valor de cientos de millones de dólares en un esquema de facturación sofisticado y de varios años de duración. El esquema hacía parecer que los propios hospitales rurales hacían las pruebas de laboratorio cuando, en la mayoría de los casos,
La evidencia mostró además que gran parte de las pruebas de laboratorio facturadas a través de estos hospitales rurales involucraron pruebas de detección de drogas en orina para pacientes vulnerables en tratamiento de adicciones, a menudo obtenidas a través de sobornos pagados a reclutadores y proveedores, con frecuencia en hogares de sobriedad o centros de tratamiento de abuso de sustancias. Las pruebas facturadas por los acusados a menudo no eran médicamente necesarias. Después de que las compañías de seguros privadas comenzaron a cuestionar las facturas de los demandados, estos se trasladaban a otro hospital rural, dejando a los hospitales rurales de los que se hicieron cargo en el mismo o peor estado financiero que antes. Tres de los cuatro hospitales rurales cerraron poco después de que los acusados se trasladaran a otro hospital rural. Los demandados también conspiraron para lavar las ganancias de su esquema a través de una serie de grandes transferencias financieras.
Jorge Pérez y Ricardo Pérez fueron condenados por conspiración para cometer fraude de atención médica y fraude electrónico, cinco cargos de fraude de atención médica y conspiración para cometer lavado de dinero con ganancias superiores a $10,000. Los acusados enfrentan una pena máxima de 20 años por cada uno de los cargos de conspiración de fraude de atención médica y fraude electrónico y conspiración de lavado de dinero, y 10 años por cada cargo de fraude de atención médica sustancial. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará las sentencias después de considerar las Pautas de sentencia de EE. UU. y otros factores legales.
Los hospitales rurales involucrados en este caso fueron: Campbellton-Graceville Hospital (CGH), un hospital rural de 25 camas ubicado en Graceville, Florida; el Hospital General Regional de Williston, una instalación de 40 camas ubicada en Williston, Florida; Chestatee Regional Hospital, un hospital rural de 49 camas ubicado en Dahlonega, Georgia; y Putnam County Memorial Hospital, un hospital rural de 25 camas ubicado en Unionville, Missouri.
la Oficina de Campo de Jacksonville del FBI; Oficina de Administración de Personal, Oficina del Inspector General (OPM-OIG); Departamento del Trabajo, Oficina del Inspector General (DOL-OIG); y la Oficina del Inspector General de Amtrak investigó el caso.
Están a cargo de la acusación en el caso el Fiscal Federal Auxiliar Tysen Duva para el Distrito Medio de Florida y el Abogado Litigante Principal Jim Hayes y el Abogado Litigante Gary Winters de la Sección de Fraude de la División Criminal.
