El combate de los delitos informáticos sigue siendo uno de los retos más complejos de las autoridades, al menos con más ahínco en los países de América Latina donde la legislación ha quedado rezagada en esta materia.
Antilavadodedinero / Laestrella
Ayer y hoy, diputados, fiscales, inspectores y público en general debaten la criminalización del ciberespacio. Son pocos los países que cuentan con un plan de protección de su infraestructura o han establecido un plan preventivo. Una situación que limita la forma en que las autoridades investigan y atacan este tipo de delitos, y un desafío aún más grande resulta que estos delitos concluyan en un juicio condenatorio. Los obstáculos empiezan por la propia ley.
En un tercio de los países latinoamericanos no existe un marco legal contra los crímenes informáticos y únicamente cinco países de la región se han adherido a la Convención de Budapest, indicó la senadora Silvia Giacoppo de Argentina, durante la inauguración del foro que se desarrolla en la sede de Parlatino con auspicio de las organizaciones Crime Stoppers, el Instituto Republicano y la Fundación Konrad Adenauer Stiftung.
Un impedimento más consiste en la falta de personal calificado. Solo 20 países de la región tienen una oferta académica en ciberseguridad. Aunque se plantea como una desventaja, también abre un horizonte de oportunidades en un momento en que la región busca reactivar la economía para superar la lesión que dejó la pandemia.
Las autoridades han detectado que empresas víctimas de este tipo de delitos prefieren no denunciarlo para evitar daños a su reputación. La ciudadanía tampoco lo hace, muchas veces por falta de confianza en las autoridades, o porque temen que sea el mismo gobierno quien capture su información sin permiso.
Alejo Campos, director regional de Crime Stoppers, señaló que los delitos cibernéticos se han incrementado en 600% con la pandemia de la covid-19, y las pérdidas anuales por este flagelo se estiman en $10.5 trillones anuales a nivel mundial.
Para evitar un ataque de esta naturaleza, se dijo en el foro, se empieza por proteger nuestros datos en redes sociales o en los dispositivos que empleamos a diario, el celular, la tablet o el computador.
En Panamá los delitos más comunes son los ataques a los correos electrónicos y las estafas cibernéticas al sector privado, que va en aumento.
Como otros países, las fiscalías realizan una estadística para hacer las recomendaciones que deben discutirse en la Asamblea Nacional. “Hay una falta de actualización de nuestras normas, chantajes para evitar la publicación de imágenes o videos íntimos de las víctimas o el bullying, todavía no son parte del catálogo de los delitos”, indicó Ricaurte González, fiscal superior de la Fiscalía Especializada de Propiedad Intelectual y Seguridad Informática.
El fiscal ejemplificó que durante la pandemia, el Ministerio de Desarrollo Social fue víctima del cibercrimen y afectó la entrega de bonos de comida a la ciudadanía.
El propósito del debate es generar conciencia a nivel político sobre las amenazas informáticas para puntualizar legislaciones capaces de proteger a la población. De esta forma se anticipan posibles ciberamenazas e incidentes de ciberseguridad, a fin de construir una fuerte resiliencia en las estructuras y métodos de defensa que permitan una rápida recuperación ante cualquier ciberataque.
