La destitución del fiscal guatemalteco Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, parece haberle dado la estocada final a una lucha anticorrupción que durante casi 15 años se había fortalecido con investigaciones y procesos penales a actores que poco o nunca habían sido tocados en el país, entre ellos presidentes.
Antilavadodedinero / Telemundo
Elvyn Díaz, abogado y vicepresidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, dice que hay factores importantes que deben leerse luego de la destitución de Sandoval el viernes. El primero es que tras la acusación de la fiscal general Consuelo Porras de que él ideologizaba la justicia, “¿qué va a pasar con los procesos investigados’? ¿Cómo quedan? El punto de acabar con el fiscal que lideraba las investigaciones es bloquear lo que se investigaba”, señala.
La segunda interpretación del abogado es que, con el poder y colusión entre el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación, “no descartaría la criminalización y manipulación de sistemas acusatorios para afectar a Sandoval y a los jueces que resolvieron casos llevados por la FECI”.
El excomisionado colombiano Iván Velásquez, que lideró la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo de las Naciones Unidas que trabajó junto a la FECI las investigaciones anticorrupción durante 12 años, hasta que él salió en 2019, piensa a su vez que “la situación de la lucha anticorrupción se agrava”.
“Sólo tiene reversa si la comunidad internacional suspende toda ayuda al Ministerio Público y aísla a la fiscal general, que tiene de aliado a todo el poder político corrupto del país. Dependerá de los guatemaltecos y su fuerza para defender la democracia y encontrar una salida”, aseguró Velásquez a The Associated Press.
En junio, la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris llegó a Guatemala y anunció la creación de una fuerza especial regional contra la corrupción, uno de los flagelos que producen migración hacia su país, y mostró su apoyo a Sandoval y a la FECI. El domingo Antony Blinken, secretario del Departamento de Estado estadounidense, refrendó ese apoyo y dijo que la destitución de Sandoval “socava el estado de derecho y fortalece la impunidad”.
La AP confirmó que fiscales estadounidenses que coadyuvarían en investigaciones ya estaban trabajando casos anticorrupción en el país junto a Sandoval y la FECI.
Marco Alveño Hernández, un abogado que declaró en la FECI denunciando un caso de presuntos sobornos que incluye a personal cercano a Porras, huyó el domingo de Guatemala luego de que se hiciera pública su declaración que involucra a Paola Mansilla, asistente de Héctor de León, asesor principal de Porras, a quien le habría pagado unos 3.900 dólares para que la FECI no investigara un caso.
Alveño huyó junto con su familia y responsabilizó a Porras de lo que le pudiera pasar. Dijo que estaba coordinando con Sandoval ser colaborador eficaz y presentar testimonio y pruebas en al menos 11 casos que involucran a magistrados de apelaciones recibiendo sobornos para resolver casos de corrupción a favor de los procesados, pero con el despido de Sandoval perdió la confianza.
Porras y Sandoval cruzaron señalamientos el domingo en los que la primera decía que el fiscal era parcial en sus investigaciones y éstas estaban sujetas a su ideología. Además demeritó el trabajo hecho por la FECI, diciendo que las investigaciones habían sido dirigidas a enemigos del fiscal.
Por su parte, Sandoval acusó a Porras de bloquear el trabajo de la FECI con el fin de proteger a funcionarios gubernamentales de investigaciones que incluyen al presidente Alejandro Giammattei, quien ha dicho ser amigo de Porras. El gobierno salió a negar los señalamientos, diciendo que era respetuoso de la autonomía de la fiscalía.
Sandoval reveló a medios locales el lunes que una de las investigaciones que estaban en curso era sobre información de ciudadanos rusos que habrían trasladado dinero en efectivo hacia la casa del mandatario entre abril y mayo de este año.
“Era información que llegó a la fiscalía. Estábamos por iniciar las investigaciones preliminares. Sin embargo, el tema era cómo presentarlo a la fiscal general, pues cada vez que tocábamos al Ejecutivo se molestaba”, aseguró Sandoval a la radio Emisoras Unidas.
Miles de guatemaltecos han reclamado al gobierno de Giammattei el mal manejo de la pandemia de COVID-19, sobre todo un negocio hecho con un fondo ruso para la compra de 8 millones de vacunas Sputnik V por las que el Estado pagó casi 80 millones de dólares en abril pasado. De éstas llegaron menos de 1 millón al país.
Desde el viernes activistas y diputados han presentado varias denuncias penales contra Porras, acusándole de delitos que van desde asociación ilícita hasta obstrucción de la justicia.
Organizaciones campesinas bloquearon tres carreteras el lunes como muestra de rechazo a la destitución de Sandoval. Varios grupos dijeron el fin de semana que analizan acciones a tomar durante la semana en respuesta a la remoción.
La Unión Europea, el gobierno de Canadá, la Conferencia Episcopal, organizaciones civiles, religiosas, profesionales y estudiantiles han rechazado la destitución.
“La destitución confirma el temor de varios meses atrás, que a pesar de haber expresado su interés por colaborar con la agenda anticorrupción, al final la agenda del gobierno guatemalteco es otra”, dijo Tiziano Breda, analista para Centroamérica de Crisis Group.
Durante su gestión como jefe de la FECI, Sandoval lideró un equipo de fiscales que investigaron casos de trascendencia como las acusaciones de corrupción contra el expresidente Otto Pérez Molina, su vicepresidenta Roxana Baldetti y su gabinete, quienes se vieron obligados a dejar el cargo y están en prisión.
