Las empresas de criptomonedas con sede en la UE están sujetas a las orientaciones del organismo de vigilancia bancaria en su “lucha contra la delincuencia financiera”.
Las directrices de la Unión Europea contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo se han ampliado a las criptoempresas europeas por decisión del organismo de supervisión bancaria de la región.
La Autoridad Bancaria Europea (EBA) dijo el 16 de enero que las directrices modificadas tienen como objetivo ayudar a los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) a identificar su riesgo de exposición a los delitos financieros debido a sus “clientes, productos, canales de entrega y ubicaciones geográficas”.
Las directrices también describen cómo las empresas de criptomonedas deben ajustar sus medidas de lucha contra la delincuencia financiera, que podrían incluir “el uso de herramientas de análisis de blockchain”, añadió el organismo de control. Las directrices se empezaron a aplicar a partir del 30 de diciembre de 2023.
La EBA afirmó que las últimas modificaciones son “un importante paso adelante en la lucha de la UE contra la delincuencia financiera” y “armoniza el enfoque” para que las criptoempresas de toda la Unión mitiguen el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Las directrices actualizadas agregarán riesgos específicos de criptomonedas y criptoempresas y orientación a las empresas financieras que mantienen o prestan servicios a criptoempresas.
También se incluye orientación sobre la evaluación del riesgo de delitos financieros con las criptoempresas dirigidas a considerar los riesgos potenciales asociados con “características que mejoran el anonimato”, monederos autoalojados, plataformas descentralizadas y productos que permiten transferencias entre la empresa y tales servicios.
En 2023, la UE finalizó su Reglamento de Transferencia de Fondos (ToFR) que rige las transferencias de criptomonedas y las regulaciones integrales y de amplio alcance de los Mercados de Criptoactivos (MiCA).
Las protecciones de los criptoinversores de MiCA entraron en vigor en diciembre, pero los Estados miembros de la UE pueden aplicar opcionalmente un período transitorio de 18 meses para los CASP, permitiéndoles operar sin licencia.
