Según registros de la Agencia Federal de Prisiones, del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el ex priista fue liberado el pasado 3 de julio y se espera que sea deportado a México, donde tiene pendiente una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
En 2018, Yarrington Ruvalcaba fue condenado a nueve años de prisión por una Corte de Texas, por el delito de lavado de dinero en Estados Unidos, por un monto de 12.7 millones de pesos y 450 mil dólares por la compra de inmuebles, tráfico internacional de drogas, fraude bancario y evasión de impuestos.
La Corte Federal en Brownsville, Texas, acusó a Yarrington Ruvalcaba de haber aceptado sobornos del Cártel del Golfo y de Los Zetas y de haberles brindado protección durante su Gobierno.
En 2013, dicha Corte acusó al ex mandatario de haber lavado dinero del narcotráfico desde 1998, cuando era candidato a la gubernatura de Tamaulipas, así como posesión de sustancias controladas.
Ante su inminente liberación en Estados Unidos, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó desde enero la orden de aprehensión en contra de Yarrington, por su presunta responsabilidad en el delito de lavado de dinero.
Sin embargo, la titular del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, regresó la solicitud a la FGR para que “subsanara diversas deficiencias existentes” en la averiguación previa que inició contra el político, detenido en Italia en 2018.
De acuerdo con investigaciones ministeriales, un testigo protegido que formó parte del Cártel del Golfo, con asiento en Tamaulipas, acusó a Yarrington Ruvalcaba, en su calidad de gobernador, de facilitar el tráfico de drogas y llevar a cabo lavado de dinero.
Y José Luis Abarca obtiene amparo; podría quedar en libertad
Un juez federal ordenó emitir una nueva resolución sobre la prisión preventiva justificada dictada al ex alcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez, en diciembre del año pasado, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, en la que se tome en cuenta si su actual estado de salud pone en riesgo su vida.
Abarca fue alcalde de Iguala entre 2012 y 2014, año en el que dejó el cargo tras el escándalo por su responsabilidad en la desaparición de 43 estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
La resolución le abre la posibilidad de que el ex perredista pueda llevar su proceso en libertad, tras casi 10 años preso.
Everardo Maya Arias, titular del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, concedió un amparo a Abarca que dejó insubsistente la resolución decretada por un secretario en funciones de juez, del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales, en la que modificó la prisión preventiva oficiosa y dictó la prisión justificada al político, en cumplimiento a una sentencia de amparo.
En la sentencia de amparo, Maya Arias pidió al Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales allegarse de todas las pruebas para verificar los padecimientos que aduce el ex alcalde de Iguala, preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, y determinar se si se trata de enfermedades mortales, graves, terminales o crónicas degenerativas complejas; o si sólo de padecimientos o enfermedades que por su naturaleza sean controlables.
