Ejército y Marina registran cifra en 2019, 13% más que en el último año de Enrique Peña Nieto, fenómeno se liga a reclutamiento forzado, según expertos.
Antilavadodedinero / Eluniversal.com.mx
Durante el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las Fuerzas Armadas detuvieron a 442 menores de edad en distintos operativos de seguridad, de acuerdo con un informe al que tuvo acceso EL UNIVERSAL con solicitudes de información.
Esta cifra es 13 % mayor a la registrada en 2018, cuando concluyó la administración del expresidente Enrique Peña Nieto: se efectuó el arresto de 388 niñas, niños y adolescentes.
En los documentos se explica que la Secretaría de Marina (Semar) ha llevado a cabo sus aprehensiones en flagrancias delictivas o han derivado de enfrentamientos entre grupos del crimen organizado.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha detenido a menores en e momento del hecho por ilícitos contemplados en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como un acciones para «reducir el índice de violencia en el país».
Este dependencia es, por mucho, la que ha efectuado más arrestos de ese sector de la población, pues durante el año pasado registró 430 casos, mientras que la Semar tuvo una docena.
Esta tendencia fue la misma en 2018, cuando el Ejército detuvo a 378 menores de edad y la Marina solo a 10.
«Es preciso aclarar que en cuanto a los presuntos menores de edad que fueron detenidos en flagrancia por persona de esta institución, ha sido en apoyo de la seguridad del país», justifica la Marina en el informe que posee el Gran Diario de México.
Colima, con 96 casos, es el estado donde más niños y adolescentes fueron capturados en el primer año de López Obrador en la Presidencia. Le siguieron Guerrero (47), Estados de México (34), Guanajuato (33), Jalisco y Sonora (27), Morelos (21), Puebla (19), Baja California (16) y Chihuahua (15).
Víctimas de la delincuencia
Especialistas explicaron que algunos de los jóvenes detenidos pueden ser víctimas de reclutamiento forzado por parte del narcotráfico; es decir, los secuestran y los obligan a operar para ellos, o simplemente la pobreza y la falta de oportunidades hace que se adentren en las redes del crimen.
Solo la Sedena dejó claro el sexo de quienes arrestó durante 2019: de las 430 persona, 385 eran hombres y 45, mujeres. El Jército detalla que las niñas, niños y adolescentes capturados tienen entre 15 y 17 años, mientras que al Semar admite haber aprehendido hasta pequeños de 13 años.
En el informe de la Marina se explica que, en el año 2018, en Guerrero se capturó a dos jóvenes de 14 y 16 años que supuestamente pertenecían al Cártel de Sinaloa.
Desde hace años, el reclutamiento de miembros de ese sector de la población por parte de grupos del crimen organizado ha estado en boca no solo de organizaciones sociales mexicanas, sino también de organismo como la Comisión Interamericana de Derechos Huamnos (CIDH), que en 2017 advirtió que un informe que eran alrededor de 30 mil menores los que bandas delictivas lograron enlistar.
«[Ellos] cooperan activamente en actividades que van desde la extorsión y el tráfico de personas hasta la piratería y el narcotráfico», afirma en su informe de Violencia, niñoes y crimen organizado.
En 2019 se conoció cómo en Chiapa, Guerrero, al menos 19 niños fueron armados por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) para defenderse de las células que imperan en esa zona.
Números que aumentan
Los documentos obtenidos por esta casa editorial, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, revelan que el arresto de menores es un hecho que aún ocurre en este año: en los primeros meses, el Ejército ya capturó a 42 niños y siete niñas.
Autoridades federales y la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) participaron el pasado 6 de marzo, en Hatií, en una audiencia de la CIDH en la que se expuso el problema del reclutamiento forzado de menores por parte del crimen organizado.
En entrevista, Juan Martín Pérez, director general de la Redim, dijo: «Vemos un mayor reclutamiento a partir de las carpetas de investigación; niños y adolescentes migran cada vez más a delitos de orden federal: portación de arma de uso exclusivo del Ejército, contra la salud y secuestro».
