Un Tribunal panameño negó este viernes una solicitud de la Fiscalía Especial Anticorrupción del Ministerio Público (MP) para extender la investigación dentro del proceso por los sobornos pagados por Odebrecht en Panamá, informó el Órgano Judicial (OJ).
La decisión fue tomada en una resolución por el Juzgado Duodécimo de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, a cargo del juez Óscar Carrasquilla, denegando la extensión solicitada por la Fiscalía el pasado día 19 de marzo, señala el documento al que tuvo acceso Efe.
Carrasquilla destacó, de acuerdo con la norma procesal, «debemos considerar que el periodo máximo de una investigación compleja (como ésta) corresponde a un periodo de dos años, lo que se contrapone al periodo de investigación del cual nos ocupamos el día de hoy».
El pasado 25 de abril venció el término de investigación, luego que para la misma fecha, pero de 2018, la Fiscalía la reanudara dos semanas después de que el Segundo Tribunal Superior de Justicia le concediera una extensión de un año para entregar el expediente.
Esa vez, el Segundo Tribunal Superior falló a favor del MP y le concedió el término de un año para concluir las pesquisas, que estaban paralizadas desde octubre de 2017 cuando una juez ordenó a la institución entregar el expediente, provocando críticas y la convocatoria de varias protestas.
El juez señaló este viernes que el Tribunal puede comprender que de las investigaciones iniciadas desde el 18 de septiembre de 2015, hayan surgido nuevas circunstancias procesales que vinculen posiblemente a otras personas por actos relacionados con Odebrecht, «pero no necesariamente se debe interpretar que estos nuevos posibles vinculados deban ser incorporados al expediente».
También dijo entender que no son fáciles ni expeditas por la trascendencia de los delitos Contra el Orden Económico y Contra la Administración Pública, por lo que consideró que «podría iniciarse una nueva instrucción, situación que favorecería al Ministerio Público, al contar con nuevos términos de investigación».
Recordó que ya cuentan con más de 600 tomos y 81 imputados, «lo que hace difícil llevar adelante un proceso tan complejo, haciendo hincapié que este Tribunal está formado por una sala unitaria y contrario a la representación del Ministerio Público, cuya instancia mantiene un equipo de Fiscales Superiores y personal especializado para este tipo de investigación».
Por todo lo anterior, el juez negó la solicitud de extensión del término, dentro del proceso seguido a Frank De Lima Gercich, Jaime Ford, exministros de Economía y Finanzas y Obras Públicas, respectivamente, y otros, por la presunta comisión de un delito Contra el Orden Económico y Contra La Administración Pública, hecho denunciado al MP por el Alvin Weeden Gamboa el 18 de septiembre de 2015.
«Consideramos ajustado a Derecho negar la petición del Ministerio Público, salvo mejor criterio de nuestros superiores», resolvió el juez..
El Tribunal recordó que Weeden comunicó al MP la existencia de un proceso de lavado de dinero en que estaba involucrada Odebrecht y varias de sus sociedades, que habrían transferido 50 millones de dólares a la Constructora Internacional del Sur, S.A., y esta a su vez a otras tres sociedades panameñas (Quinus, Pexo y Milzart).
Estas tres sociedades «fueron utilizadas para pagar coimas y sobornos, a través de bancos suizos y de otros países, siendo empleadas de igual forma SAGAR y SYGNUS, para las operaciones de blanqueo de capitales», señala la resolución del Juzgado Duodécimo.
Entre las decenas de imputados en este caso se encuentran dos hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), quien está detenido y procesado en Panamá por supuesto espionaje político.
La Justicia panameña validó en diciembre de 2017 el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y Odebrecht, que incluye el pago de una multa de 220 millones de dólares y el archivo del caso en Panamá contra la empresa y sus antiguos directivos en el país por haber colaborado en las investigaciones.
Durante la audiencia de validación del acuerdo, el MP reveló que André Rabello, quien dirigió por varios años las operaciones de Odebrecht en Panamá, confesó haber pagado más de 80 millones de dólares a funcionarios y particulares panameños, de los cuales 55,8 millones recayeron en los hermanos Martinelli.
ALD/EFE
