Un nuevo capítulo del caso Odebrecht se escribe, ahora relacionado con la querella que en 2017 presentó el entonces ministro de Seguridad Pública, Alexis Bethancourt.
El magistrado de la Corte Suprema de Justicia Cecilio Cedalise deberá decidir si avala o desestima un fallo de un juzgado que estimó que el Estado sí puede ser querellante, porque “se presume” una afectación, no solo a través de sus instituciones, sino a su sistema bancario y de sociedades, ya que el delito de blanqueo de capitales afecta la imagen y la economía del país. El recurso contra la decisión del juez fue presentado por la defensa de Ricardo Martinelli Linares.
Desempolvan caso ligado a la querella del Ministerio de Seguridad por Odebrecht
El 20 de febrero de 2017, el entonces ministro de Seguridad Pública, Alexis Bethancourt, acudió a la Fiscalía Especial Anticorrupción para presentar una querella contra quienes resultaran responsables por los delitos contra el orden económico, la administración pública y cualquier otro que resultara, producto de las investigaciones relacionadas con los sobornos que pagó Odebrecht en Panamá.
La fiscalía admitió el recurso, pero los abogados Carlos Carrillo y Marcela Araúz presentaron una acción legal ante el Juzgado Decimosegundo Penal, a cargo de Óscar Carrasquilla. Se oponían a la admisión de la querella. Representaban a Ricardo Martinelli Linares, hijo del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014); y a Riccardo Francolini, expresidente de la junta directiva de la Caja de Ahorros.
El juez Carrasquilla negó el recurso. Argumentó que “en este proceso se presume una afectación al Estado, no solo a través de sus instituciones ministeriales, sino en su sistema bancario y societario”.
Carrasquilla también explicó que el delito de blanqueo de capitales, “afecta la imagen del país y su economía”, por lo que el Estado, añadió, “puede convertirse en querellante”.
El juez emitió su veredicto en un fallo del 2 de octubre de 2018. Pero el vaivén de recursos que ha rodeado la pesquisa, pone el caso una vez más en la palestra pública.
La defensa de Martinelli Linares acudió ahora a la Corte Suprema de Justicia, para invalidar la decisión del juez. Presentó un amparo de garantías constitucionales contra esa sentencia.
El recurso quedó en manos del magistrado Cecilio Cedalise, quien deberá decidir si acoge o no la petición del hijo del exmandatario.
Ricardo y Luis Enrique Martinelli Linares fueron detenidos en Estados Unidos el 20 de noviembre de 2018, ya que –según informó entonces el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas del Departamento de Seguridad Nacional de ese país– sus visas fueron revocadas en 2017, y desde entonces habían estado “ilegalmente” en aquella nación.
Ambos estuvieron más de 15 días en el centro de detención Krome, donde un juez les concedió fianzas de excarcelación de $1 millón a cada uno.
El secretario general del Ministerio Público, Rolando Rodríguez, aseguró recientemente que la Fiscalía Especial Anticorrupción mantiene la solicitud de alerta roja que hizo a Interpol para la captura de Ricardo Martinelli Linares y de su hermano Luis Enrique por el caso Odebrecht. Las pesquisas detallan que habrían recibido, al menos, $53 millones de las coimas pagadas por Odebrecht.
La misión del ministro de Seguridad
El 14 de febrero de 2017, cuando el caso Odebrecht estremecía al país, el Consejo de Gabinete encomendó al entonces ministro de Seguridad, Alexis Bethancourt, que presentara una querella penal en nombre del Estado, contra quienes resultaran responsables por los sobornos que pagó Odebrecht en Panamá.
ALD/Laprensa
