En este caso, Michele Taburno Vasarely, nuera del artista Víctor Vasarely y residente en Puerto Rico, impugnó el allanamiento realizado en abril de 2023 por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) de obras de Vasarely que se encontraban en su residencia en el antiguo Colegio de Párvulos.
La intervención federal fue solicitada por el gobierno de Francia al de Estados Unidos, amparándose en un tratado internacional que vincula a ambos países. Esto se debe a que la mujer enfrenta cargos criminales en Francia por «abuso de confianza» y «blanqueo de abuso de confianza» (Trusted Liability for Breach of Trust).
El viernes 26 de julio, ambas partes tuvieron la última oportunidad de expresarse por escrito y reiteraron, respectivamente, que les asiste la razón.
La fiscalía federal alega que Taburno Vasarely no ha probado nada que justifique su reclamo para que el gobierno devuelva las obras.
«La peticionaria no solo ha fallado en demostrar, como le corresponde, que esta corte debe ejercitar su jurisdicción por equidad… pero pide a este tribunal que ejercite cualquier jurisdicción que le permita ‘ser escuchada en sus méritos en su moción’», cuestionó el recurso del gobierno estadounidense.
Asimismo, la fiscalía federal recriminó que Taburno Vasarely tampoco cumplió durante lo que ha durado el proceso en traer testimonio de expertos en arte, un museo o un conservacionista, y solo trajo como testigos a la propia imputada y un abogado francés que no está familiarizado con el caso.
Alegaron más: «Taburno ha fallado en identificar alguna violación constitucional, menos ha presentado evidencia de alguna».
De otra parte, el gobierno federal recordó que hay un compromiso del gobierno de Franci de que si Tabuno Vasarely sale no culpable en el caso penal en su contra, a la mujer se le devolverán las obras, y que durante el caso los abogados de la mujer podrían usar las obras para preparar su defensa.
Finalmente, el recurso con la firma de los fiscales Jonathan Gottfried y Allison Ickovic argumenta en una nota al calce que si la jueza resolviera en su contra, y que continuará viendo el caso en los méritos porque ejercería una jurisdicción por equidad, pediría tiempo extra para expresarse sobre una petición para que las obras incautadas sean almacenadas en el Museo de Arte de Puerto Rico.
De otro lado, la defensa de Taburno Vasarely afirma que hay «un menosprecio del gobierno (federal) a los derechos constitucionales de su cliente» desde que «impropiamente incautaron 112 piezas de arte irremplazable y profundamente personal en suelo estadounidense».
Sus abogados cuestionan el énfasis que le da el gobierno al estado procesal del caso de Francia contra Taburno Vasarely, incluyendo decisiones judiciales pero, en su opinión, «no hay una decisión francesa de confiscar las piezas de arte y no hay una decisión final».
Asimismo, la defensa de la mujer indica que su representada Taburno Vasarely lo que plantea es «que las autoridades de Estados Unidos violaron leyes de Estados Unidos al ocupar propiedad en suelo de Estados Unidos».
En el recurso de Taburno Vasarely también distingue el caso de la mujer del caso apelativo llevado por el expresidente Donald Trump relacionado a la confiscación de documentos clasificados en su residencia.
«Ella no está bajo ninguna investigación por parte de Estados Unidos», reza el recurso, que plantea que el caso de Trump es uno de varios mal citados por parte del gobierno federal.
También en su moción del 26 de julio, la defensa de Taburno Vasarely le imputa al gobierno federal de «hostilidad», ser «contradictorio», levantar «acusaciones sin fundamento», entre otras, mientras que reiteran que su clienta debe completar la tarea de catalogar toda la obra del artista Vasarely.
Los abogados de la mujer piden que la jueza celebre una vista en sus méritos de que el allanamiento de las 112 piezas de arte fueron una violación de la ley federal.
Previamente, el 11 de julio las partes presentaron sus primeros escritos tras una vista oral del 26 de junio. En su escrito de ese día, el gobierno federal expone entre sus diversos argumentos que la mujer no probó su necesidad de las obras, que no hubo violación de derechos, que el gobierno estuvo meses intentando una entrega voluntaria de las obras, y que estas están valoradas en casi $10 millones (9.24 millones de euros).
«El punto decisivo de la investigación penal francesa es una compleja tasación pericial de cada una de las más de 100 obras de arte. No es razonable sugerir que los franceses procedan con un caso sin que las piezas centrales de la prueba sean fácilmente accesibles para ellos», reza el recurso del gobierno estadounidense.
Asimismo, el gobierno federal niega alegaciones de que están actuando de forma contraria a derecho porque los argumentos franceses contra Taburno Vasarely están prescritos. Indican los fiscales federales que los tribunales parisinos en cuatro ocasiones se han expresado de que no procede el alegato de prescripción de la imputada de delitos al amparo de la ley francesa.
Por su parte, en la moción presentada el 11 de julio, Taburno Vasarely ruega a la jueza que ella ejercite su jurisdicción para intervenir en el reclamo de la mujer de que «no hay otro tribunal que tenga autoridad o habilidad para adjudicar los derechos de ley y constitucionales de Vasarely», quien puede sufrir «daño irreparable» y una «impropia privación de su propiedad».
Los abogados de Taburno Vasarely también plantean que las dos fases distintas del caso pendiente en Francia podrían prolongarse hasta 20 años, y ella tiene 83 años. Además, argumentan que en el proceso judicial se ha descubierto que la insistencia francesa en recuperar las obras no se debe a que sean «evidencia» de un caso criminal, sino a que se consideran «legado cultural» de Francia y deben estar en un museo de ese país.
Las mociones fueron luego de una vista argumentativa celebrada el 26 de junio pasado ante la jueza federal. En la audiencia participaron Carlos Andreu, Francisco Sánchez, Ana Cristina Gómez, Kyle Freeny y Gabriel Diaz, en representación de Taburno Vasarely, y por la fiscalía federal en Puerto Rico, Jonathan Gottfried, Allison Ickovic, de la División de Lavado de Dinero y Activos del Departamento de Justicia en Washington DC, y Kaycee Sullivan, de la División Criminal en Washington DC.
