Al filo del plazo los senadores no tienen claro si lo que votarán de apuro sirva para evitar que Uruguay sea incluido en “lista gris” .La bancada del Frente Amplio presentó esta semana un proyecto de ley alternativo contra el financiamiento del terrorismo y la aplicación de sanciones financieras a las personas y entidades vinculadas a esta actitud.
El texto deberá transitar a marcha forzada por las dos Cámaras del Parlamento y aprobarse antes de la última semana de mayo, para ser presentado a la delegación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que llegará a Uruguay.
La idea es que con ese texto se consideren cumplidas las recomendaciones efectuadas y evitar que ese organismo incluya al país en una “lista gris” de Estados poco cooperantes en la lucha antiterrorista, lo que significaría graves perjuicios económicos y políticos a nivel internacional.
Lo cierto es que el objetivo estará lejos de ser cumplido. El proyecto alternativo “ayuda pero no alcanza”, dijo el titular de la Secretaría Nacional para la lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT), Daniel Espinosa.
“Podemos llegar a tener problemas,” sostuvo el jerarca en diálogo con ECOS. El problema es que, por diferencias internas en la bancada oficialista, los legisladores optaron por retirar todo el capítulo penal del proyecto original, que había sido enviado por el Poder Ejecutivo.
De esta manera, explicó Espinosa, se estará incumpliendo una de las recomendaciones más importantes del GAFI que era, precisamente, la tipificación específica del delito de terrorismo en el ordenamiento jurídico uruguayo.
En líneas generales, este será el mensaje que dará la semana que viene, cuando comparezca ante la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado.
“Algo es mejor que nada,” valoró de todas formas Espinosa, destacando que el proyecto alternativo sí cumpliría con las recomendaciones de implementar sanciones financieras al financiamiento del terrorismo.
El titular de la SENACLAFT recordó que el gobierno había presentado la iniciativa en noviembre de 2016 y lo definió prioritario en 2018, advirtiendo varias veces a la bancada de la necesidad de aprobarlo.
“El Parlamento tiene sus tiempos”, reconoció. “Lo ideal hubiera sido aprobarlo en mejores condiciones”.
Lo cierto es que los propios senadores dudan que el texto que irán a aprobar de apuro sirva para algo.
“La pregunta que uno se hace es si realmente estamos cumpliendo o nos apuramos y, en realidad, después vamos a tener problemas”, argumentó Pablo Mieres (PI) que, además de la presencia de la SENACLAFT, consideró importante tener la opinión de Cancillería.
Pedro Bordabery (PC) propuso volver a incluir el capítulo de sanciones penales. “Nos parece que es necesario hoy en día con todo lo que está pasando en el mundo entero, pero en especial previendo también que no vaya a pasar en Uruguay el día de mañana”, sostuvo. “Creo que el proyecto del Poder Ejecutivo iba por ese camino, pero se deja para atrás, lo que no nos parece una buena cosa”, agregó.
Desde el oficialismo, Ruben Martínez Huelmo (Espacio 609-FA) reconoció que el texto del Ejecutivo era más completo, al venir afincado directamente desde el GAFI.
Se optó, dijo, por retirar todo lo referido a las sanciones penales para hacerlas “más garantistas” en una discusión que ni siquiera fue hecha en todo el Frente Amplio.
Carlos Baráibar (AU-FA) se preguntó si no se podría postergar por un mes la visita del GAFI. “Se les podría decir que estamos tratando el tema y hacerles un relato más o menos pormenorizado sobre en qué estamos, pero que su intensidad hace necesaria una postergación”, dijo. “Me parece que por lo menos podríamos intentar advertirles de esta situación”.
Una prórroga que, a juicio de su correligionaria Mónica Xavier (PS-FA) no solucionaría el problema de fondo.
ALD/ECOS
