En el último lustro esos incidentes se multiplicaron por siete, incluido el hackeo que en julio último sufrió el gobierno departamental de Paysandú, en el que los piratas demandaron 650 mil dólares por la información robada.
“Por más que quisiéramos, no podíamos recuperar” la información que los ciberdelincuentes habían sustraído, encriptado, y para la que pedían un “abultado rescate”, dijo a El Observador la programadora de la intendencia, Andrea Innella.
Ese ataque paralizó la liquidación de sueldos, el sistema tributario, el correo electrónico, el sitio web institucional, el registro civil, entre otros servicios.
Tal agresión fue apenas uno de los 14 mil 283 incidentes cibernéticos registrados en el último año, uno cada media hora, según la publicación.
La recopilación de información —ya sean bases de datos o bien el robo de usuarios y contraseñas— constituye el ciberdelito más detectado contra los organismos sensibles de Uruguay.
Partidos políticos y otras instituciones públicas fueron víctimas de hackeos que tuvieron repercusión en el último año y también afectaron al sector privado.
Los autores del ataque más importantes en el país fueron ExPresidents, GODHAND, Lockbit, APT73 y Akira, con prontuario delictivo internacional.
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