Banco Santander y BBVA serán los más castigados tras la entrada en vigor, con la nueva Directiva de la Unión Europea (será la quinta) para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Por Merca/AL
Las nuevas reglas, que se han vuelto más estrictas, suponen un importante coste adicional para todas las entidades en personal y tecnología. A su vez, supone un reto para las firmas financieras para retener a determinados clientes de mucho poder adquisitivo que pueden irse a países con una regulación más laxa, apuntan fuentes financieras.
La nueva directiva comunitaria, denominada AML5 por sus siglas en inglés, se trata de una renovación de la anterior ley anti blanqueo de capitales (AML4) que introdujo los controles sobre el cliente, la creación de registros centrales de beneficiarios efectivos y amplió el alcance de los controles en las filiales extranjeras. La AML5 busca dotar de mayor vigor la lucha no solo contra el blanqueo, sino también para que ese dinero no pueda servir para financiar al terrorismo.
Las nuevas exigencias serán mayores costes para las entidades europeas, en especial, para las grandes. Al fin y al cabo, a más clientes y más diversidad geográfica mayor inversión se necesita para cumplir y ésta se incrementa a medida que se vuelve más restrictiva.
Se estima que entrará en vigor en 2021 y en la que los bancos ya deberían estar trabajando. El gasto podría superar los 500 millones en los próximos años, según las cifras que da la consultora Hyperion de las que Bloomberg se hace eco.
Los 500 millones que se estiman para las grandes entidades supone un crecimiento importante para las firmas bancarias. Así, por ejemplo, una de las más grandes e internacionales, Deutsche Bank, reconoce que “en los últimos tres años hemos invertido (a nivel global) más de 300 millones de euros en tecnología para nuestro departamento para nuestro departamento de Prevención de Blanqueo, y hemos introducido estándares más estrictos de políticas de conocimiento de clientes (KYC) a nivel global”. Además, de aumentar con fuerza el número de efectivos en este campo.
En el caso de la banca española, Banco Santander y BBVA lideran los costes para cumplir con la nueva regulación dado su tamaño. El último informe anual de la entidad cántabra señala que recibió hasta 289 denuncias, la segunda que más junto al Fraude, de ‘Blanqueo de capitales y financiación de terrorismo y sanciones’.
El banco bilbaíno ha sido más lento en su adopción. Así, señala que utiliza “un modelo que toma en consideración las regulaciones de las jurisdicciones en las que BBVA está presente”. Lo anterior, señala que en aquellos países con una regulación más laxa no toma las mismas medidas, lo que ahora va en contra de la normativa, puesto que también se ha empezado a investigar las relaciones con clientes o empresas en terceros países.
Hasta ahora, la regulación en materia de lavado de dinero se había mantenido en segundo plano dados los relativamente pequeños costes que tenía su incumplimiento. Una situación que cambia drásticamente después del escándalo del Danske Bank, junto con otras entidades nórdicas, que tienen en marcha una investigación por valor de más de 200.000 millones de euros. Además, Deutsche Bank y Standard Chartered han sido multados recientemente en Reino Unido por este mismo tema.
