Una de las empresas del conglomerado de 24 compañías que serían propiedad de la familia del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, tramita asilo político en EEUU a personas que huyen del régimen de Nicolás Maduro.
Antilavadodedinero / Transparencia.org.ve
Según una publicación de la plataforma de investigación Organized Crime and Corruption Reporting Project (Occrp), a la que se suma otro reporte que da cuenta de un grupo selecto de 35 militares que firmaron nada menos que 225 contratos con el Estado venezolano.
“En 2019 organizó un taller sobre cómo solicitar refugio para quienes escapan de la persecución violenta que ejerce el mismo gobierno al que sirve Padrino”, destaca el reporte de Occrp al referirse a la empresa Trámites Consulares, que está bajo el mando de la prima del general Padrino López, Ludmila Padrino Valderrama, compañía a través de la cual también se “promociona la gestión de prórrogas de pasaporte y traducciones”.
La investigación resalta lo que a todas luces es una triste ironía, justamente porque la empresa en cuestión está relacionada con familiares de uno de los considerados hombres fuertes cercanos a Maduro, el general Vladimir Padrino López, quien ha sido sancionado por el Departamento del Tesoro de EEUU y acusado en plena pandemia ante la justicia de ese país bajo el cargo de conspiración para distribuir cocaína.
Al referirse a las empresas que estarían en manos de familiares del ministro de la Defensa venezolano, Occrp habla de una “red de negocios” que involucra “24 compañías en Estados Unidos y Venezuela, así como por lo menos 14 propiedades avaluadas en 4.5 millones de dólares en Florida y Texas”, señala el texto de la investigación.
En otra entrega periodística, el consorcio de investigación ofrece el registro de 35 militares de alto rango que habrían firmado contratos con el mismo Estado venezolano, a través de empresas en las que figuran sus propios familiares. Se denuncia que, en algunos casos, las negociaciones se llevan a cabo en los mismos sectores en los que los uniformados se desempeñan.
Aunque ha sido un accionar reiterado en los últimos años, desde que se dio a conocer la publicación de Occrp el silencio institucional una vez más se evidencia en nuestro país, particularmente en lo que respecta al Ministerio Público, que está bajo las riendas de Tarek William Saab, designado por la Constituyente, un organismo impulsado por el mismo Nicolás Maduro.
No es infructuoso recordar lo que nuestro ordenamiento constitucional y legal se establece sobre lo que debería ser la actuación de un Ministerio Público independiente:
La expresión “de cualquier modo”, que está en el texto del artículo 265 del Código Orgánico Procesal Penal, implica que existe un amplio espectro de posibilidades para que el Ministerio Público tenga conocimiento de que pudo haber ocurrido un delito y así ordenar las diligencias para investigar si se cometió en efecto alguna irregularidad.
Militares empresarios
En el reporte de Occrp titulado “El general Padrino y su laberinto corporativo”, que fue publicado el pasado 10 de abril, se denuncia que el ministro de la Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, junto a su esposa, Yarazedt Betancourt, y otros miembros de su familia, supuestamente dirigen varias empresas y poseen bienes raíces en EEUU.
La plataforma de investigación ofrece detalles de las siguientes empresas:
Occrp señala que 10 de las propiedades de la familia Padrino, ubicadas en Texas y Florida, EEUU, “están registradas a nombre de tres de sus compañías: Brisana LLC, Urtaris Realty Group y Majalud LLC. El valor total de estas es de más de 2,2 millones de dólares”.
En otro texto titulado “El Club de los 35: cómo Venezuela compró la lealtad de sus generales”, Occrp señala a un grupo de militares privilegiados que serían propietarios de “42 empresas privadas habilitadas para trabajar con el Estado”, lo que les habría permitido obtener en conjunto 225 contratos con el Gobierno en sectores tan importantes como construcción, la alimentación, el transporte y el petróleo.
De acuerdo a la publicación en 2019 Venezuela tenía 312 generales activos en el Ejército. “Casi un tercio de estos altos oficiales están vinculados a empresas que están habilitadas para hacer negocios con el gobierno. De estos, 35 son socios o están en juntas directivas de compañías privadas que aparecen en el RNC” (Registro Nacional de Contratistas).
Al filo de lo ilegal
En el texto de la investigación de Occrp sobre los militares-empresarios se advierte que ante las “severas restricciones para realizar investigaciones periodísticas en Venezuela, es difícil determinar si miembros del Club de los 35 estuvieron involucrados en prácticas corruptas. Sin embargo, oficiales disidentes que huyeron del país, han contado cómo empresas de generales venezolanos se aprovechan de los fondos públicos.”
La marcada presencia militar en varios sectores de Estado es un rasgo característico en la Venezuela de los últimos años y uno de los elementos del Patrón de Gran Corrupción que Transparencia Venezuela ha detectado como parte de los factores que determinaron la ruina institucional y económica del país.
Los efectivos militares han ocupado cargos en empresas estatales, han sido embajadores, gobernadores y han estado al frente de ministerios. Su participación ha sido activa en sectores determinantes de la economía donde hay más oportunidades de negocio y riesgos enormes de corrupción como alimentación, electricidad, minas y petróleo. A tal punto a llegado esta situación que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas denunció en julio de 2019 la profundización de la militarización de las instituciones del Estado venezolano.
Nuestro ordenamiento legal es claro. La Constitucional Nacional, en su artículo en su artículo 145 establece que el funcionario público que “esté al servicio de los municipios, de los Estados, de la República y demás personas jurídicas de derecho público o de derecho privado estatales, no podrá celebrar contrato alguno con ellas, ni por sí ni por interpósita persona, ni en representación de otro u otra, salvo las excepciones que establezca la ley”.
