Recientemente, la Fiscalía de Argentina involucró a Máximo Kirchner, quien es el hijo de la actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, en el juicio por el cual se le acusa de presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública cuando era presidenta.
Antilavadodedinero / Semana
Por otra parte, los fiscales le solicitaron al juez federal Julián Ercolini que disponga una serie de embargos sobre activos a nombre de Báez, del exministro de Planificación Federal Julio De Vido, del exsecretario de Obras Públicas José López, y los de Cristina Fernández.
Ahora bien, durante el tercer día de jornada, el fiscal Diego Luciani expuso nuevos mensajes del teléfono celular del exfuncionario José López para decir que “está más que clara la intervención directa” de Máximo Kirchner. De este, recordó que hasta diciembre de 2015 no había ejercido cargos públicos, pero sí se “encontraba al frente de la administración de los distintos negocios de su madre”.
En dicho caso, se juzgan las presuntas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez, realizadas durante los gobiernos del fallecido Néstor Kirchner y Cristina Fernández en la provincia de Santa Cruz.
El Ministerio Público “tiene por acreditado” que entre los años 2003 y 2015 funcionó en el seno del Estado “una asociación ilícita de características singulares” y de forma “piramidal”. Esta tuvo “en su cúspide a quienes se desempeñaron como jefes de Estado”, dijo Luciani al iniciar su alegato el lunes pasado por videoconferencia ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Buenos Aires.
El fiscal Diego Luciani mostró mensajes de José López a Máximo Kirchner para que decidiera sobre contratos para Lázaro Báez https://t.co/3WTwrLjL4c
— Clarín (@clarincom) August 5, 2022
¿Qué pasará con los bienes?
Los fiscales Ignacio Mahiques y Gerardo Pollicita le solicitaron al juez Julián Ercolini el embargo de más de 180 bienes de propiedad de la expresidenta de Argentina, Cristina Kirchner; al exministro de Planificación, Julio De Vido, y al resto de los procesados en la causa que investiga las irregularidades y el direccionamiento en la obra pública.
Dicho pedido fiscal señala que, “a fin de cumplir las obligaciones internacionales que asumió el país en materia de delitos vinculados a criminalidad compleja con aprobación judicial, se determinó la afectación de 145 inmuebles, 42 autos, dos embarcaciones y 18 productos bancarios y participaciones en 11 sociedades, entre otros”. La mayoría pertenece a Lázaro Báez, que totaliza 81 inmuebles y cuatro vehículos, entre otros bienes.
Entre los bienes existen tanto cuentas bancarias como decenas de vehículos y cajas de seguridad. Además, se incluyen bienes que la expresidenta les cedió de manera gratuita a sus hijos, Florencia y Máximo Kirchner, como acciones en distintas sociedades, 25 propiedades, una camioneta Honda CRV y el dinero depositado en las cajas de seguridad (US$ 5.696.144 y $ 53.280).
Cabe recordar que el juez Ercolini ya había embargado los bienes de los imputados al momento de procesarlos. Primero ordenó un embargo de hasta 10.000′000.000 de pesos argentinos y luego sumó otro por 2.500′000.000 de pesos argentinos cuando amplió el listado de procesados.
No obstante, la medida hasta ahora se hace efectiva, ya que quedaron identificados todos los bienes y, además, se comunica a los registros oficiales.
Por otra parte, los fiscales le solicitaron al juez federal Julián Ercolini que disponga una serie de embargos sobre activos a nombre de Báez, del exministro de Planificación Federal Julio De Vido, del exsecretario de Obras Públicas José López, entre otros.
Dicha petición decía: “Se disponga el secuestro y depósito judicial de los bienes muebles registrables, como así también el depósito en el Banco Nación de los productos bancarios inmovilizados a embargar, constituyéndose plazos fijos de renovación automática”.
