En abril de 2019 la policial federal detuvo a Ignacio Santoyo, alias «El Sony», en Playa del Carmen.
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El sujeto, quien se encuentra recluido mientras dura su proceso, fue señalado por un juez de ser el propietario de las páginas web «Zona divas» y «Boutique VIP», desde donde reclutó a más de 2,000 jóvenes de Argentina, Brasil, Colombia y Venezuela para chantajearlas y explotarlas sexualmente.
Las autoridades tenían meses siguiéndole la pista a Santoyo y finalmente dieron con su paradero luego de que sus datos salieran a la luz tras adquirir bitcoins por encima del límite en que se activan las alarmas en el sistema financiero local.
Al hacerse de criptomonedas, Santoyo pretendía lavar miles de dólares en ganancias ilícitas, una práctica cada vez más usada por los grupos del crimen organizado en Latinoamérica, incluidos los poderosos cárteles de Sinaloa -del apresado Joaquín «El Chapo» Guzmán- y Jalisco Nueva Generación (CJNG), según funcionarios mexicanos y la DEA.
Ni Santoyo ni sus abogados pudieron ser contactados para hacer comentarios. La fiscalía general de México se negó a comentar mientras el caso permanezca abierto.
Aunque incipiente, el vínculo entre criminales y criptomonedas supone un duro golpe a la región y, en particular, mina los esfuerzos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de ir tras las ganancias de grupos delictivos que libran una guerra sin cuartel por el control de lucrativas rutas para el tráfico de drogas, armas, dinero y personas.
«Hay una transición hacia cometer delitos en el ámbito cibernético, como la adquisición de criptomonedas para lavar el dinero (…) y la pandemia la está acelerando», dijo a Reuters Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda de México.
La autoridad y la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) aseguraron que funcionarios mexicanos y estadounidenses trabajan de la mano para hacerle frente a esta nueva modalidad de lavado de activos, pero no ocultaron sus inquietudes.
«La DEA está ciertamente preocupada», confesó a Reuters un portavoz del organismo del Departamento de Justicia de Estados Unidos. «A medida que el tráfico continúa evolucionando, nosotros también debemos evolucionar. Es un gran desafío».
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