La Audiencia Nacional y un juzgado de Madrid instruyen las querellas presentadas en nuestro país por el espionaje al fundador de WikiLeaks, a sus abogados, a periodistas y a otros durante los siete años que estuvo refugiado.
Antilavadodedinero / Publico
Aún tendrán que pasar algunas semanas, o quizá meses, para conocerse el veredicto de la Corte de Justicia del Reino Unido acerca del futuro que aguarda al fundador de WikiLeaks, Julian Assange.
El tribunal deberá decidir si dar credibilidad al frágil estado de salud del periodista australiano argumentado por la defensa, basado en varios informes médicos, y si además reconoce a Assange y a WikiLeaks el derecho a la difusión y publicación de información obtenida por diversas fuentes, pero siempre veraz.
Por el contrario, el tribunal también puede optar por dar la razón a las pretensiones del Gobierno de los Estados Unidos, que se presenta como perjudicado por la difusión de información secreta y que, para tranquilidad de todos, asegura que Assange «tendrá un juicio justo», con atención a su salud, y que será tratado con todas las garantías. En caso de ser extraditado, Assange será entregado a la corte del Distrito Este de Virginia, un órgano judicial que reside en la misma localización que las grandes agencias de inteligencia norteamericanas.
Secuestrar o asesinar a Assange
En 2017, tras la llegada al poder de Donald Trump y con Mike Pompeo de director de la CIA, se planeó secuestrar o asesinar a Julian Assange. Algunos altos funcionarios dentro de la CIA y la administración Trump -según Yahoo! News– incluso valoraron matar directamente a Assange, llegando a solicitar «bocetos» u «opciones» sobre cómo asesinarlo. Las discusiones tuvieron lugar «en los niveles más altos» de la administración Trump, según declaró a Yahoo! News, con sede en Nueva York, un exfuncionario de alto nivel de contrainteligencia que añadió que «no parecía haber límites para ejecutar su plan».
En ese tiempo Lenin Morenoya era presidente de Ecuador y Assange cumplía su quinto año de asilo diplomático en la embajada de Londres, donde se refugió en 2012 gracias al apoyo del entonces presidente Rafael Correa, que le concedió protección en la legación diplomática, para estupor de la inteligencia norteamericana y británica.
Para garantizar la seguridad de Julian Assange y la sede diplomática, ante el temor de que la CIA pudiera asaltarla por sorpresa y llevarse al periodista, el gobierno ecuatoriano, a través del SENAIN (Servicio Nacional de Inteligencia de Ecuador), contrató, mediante un informador, a la empresa española UC Global, propiedad de un militar de infantería de Marina.
Este militar gaditano, David Morales, que había trabajado armado en la protección de atuneros españoles en el Cuerno de África, contratado por una desaparecida empresa de seguridad, siempre quiso montar su propio Blackwater y creó su empresa de seguridad internacional desde Jerez.
De protector a espía
Todo fue funcionando progresivamente, se fueron incrementando las medidas de seguridad en el espacio ocupado por Assange y colocando cámaras de seguridad interiores y exteriores e, incluso, su empresa UC Global recibió el encargo de otra misión, como fue la «protección» de las hijas del presidente ecuatoriano Rafael Correa, que estudiaban en Francia y Bélgica, y a las que entregaron aparatos de seguimiento y localización.
Pero las cosas empezaron a cambiar en 2016 tras ser contactado por una persona en Estados Unidos. Al cabo de un tiempo y unos viajes trasatlánticos, la actividad de protección de Julian Assange pasó a convertirse en operación de espionaje, cuando en plena campaña electoral norteamericana, en la que Donald Trump se postulaba a la presidencia de Estados Unidos en las elecciones de ese año, fue contactado para prestar servicios al propietario de Las Vegas Sands, el conocido multimillonario judío Sheldon Adelson.
Adelson, fallecido en enero de este año, era amigo personal de Donald Trump y financiador de sus campañas. Además, el rey del juego era un importante colaborador de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, utilizando para ello sus propios casinos de juego repartidos en diversos países, entre ellos en Macao, donde colaboró en una operación de espionaje de la CIA contra funcionarios chinos.
Morales, el propietario de UC Global empezó a viajar a Estados Unidos, especialmente a Las Vegas, y llegó a firmar incluso un contrato con Adelson de servicios de seguridad. Llamaba la atención que un perfecto desconocido a nivel internacional como Morales, de la noche a la mañana, comenzara a trabajar con Adelson, quien casualmente tenía de numero dos a un superagente del servicio secreto de Estados Unidos, y que como jefe de seguridad contaba con un ciudadano norteamericano de origen israelí con importantes vínculos con el Mossad.
Como dijo el propio Morales en unos emails dirigidos a sus hombres destinados en la embajada de Ecuador en Londres: «Nos hemos pasado al lado oscuro».
Todo esto y mucho mas aparece recogido en la instrucción de las querellas que gestiona el Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional que dirige el magistrado José de la Mata Amaya. Se trata de una causa compleja que recoge cuatro querellas. La primera, presentada por Julian Assange; otra por periodistas alemanes, miembros de WikiLeaks y abogados; una tercera, por el expresidente Ecuador Rafael Correa y su familia; y una cuarta presentada por la periodista italiana del Il Fatto Quotidiano Stefania Maurizi, colaboradora de WikiLeaks.
Todas estas querellas están acumuladas en la causa 3291/2019, en la que están imputados David Morales Guillén, como propietario y director de UC Global; Michel Wallemacq, como director de operaciones; y la propia empresa Undecover UC Global, como responsable civil subsidiario.
En todas estas querellas se acusa al director y propietario de la empresa de la empresa de seguridad de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos; cohecho, blanqueo de capitales, contra la intimidad y contra el secreto de las comunicaciones abogado-cliente. Y en el caso de David Morales se añade la acusación del delito de tenencia ilícita de armas.
Igualmente, existe una quinta causa que instruye un juzgado de Madrid contra la organización que comercializó vídeos y documentos obtenidos a través de vigilantes de una empresa de seguridad ecuatoriana al servicio del SENAIN, donde aparecen imágenes de Assange y documentos privados de abogados y periodistas, e incluso audios de reuniones.
Entre estos primeros identificados aparecen vigilantes de seguridad ecuatorianos destinados en la embajada de Londres, cuyas familias residen en España, y otros personajes vinculados a casos de delincuencia común y corrupción.
