La coalición gobernante de izquierda de España aseguró el martes su control del poder con la aprobación de una trascendental reforma laboral tanto por sindicatos como por patronales, y un nuevo plan de gasto nacional para el próximo año que incluye un considerable desembolso de fondos para recuperarse de la pandemia.
Antilavado de Dinero / AP News.
Una serie de legisladores de izquierda y nacionalistas dieron la aprobación final al presupuesto de 450.000 millones de euros (509.000 millones de dólares) de España para el 2022, que destina más de la mitad de los fondos a educación, salud, pensiones, subsidios y otras formas de gasto social.
El presupuesto incluye los primeros 20.000 millones de los 70.000 millones de euros (79.200 millones de dólares) totales otorgados al país de los fondos de recuperación del COVID-19 de la Unión Europea. A principios de esta semana, la Comisión Europea, la rama ejecutiva del bloque de 27 naciones, transfirió a España una primera parte de 10.000 millones de euros (11.300 millones de dólares).
La aprobación del presupuesto es considerada como una prueba crucial del apoyo parlamentario de la coalición minoritaria del Partido Socialista y el partido anti-austeridad Unidas Podemos. Al despejar los obstáculos con 281 votos a favor, 62 en contra y una abstención, el presidente del gobierno español Pedro Sánchez liberó la presión de adelantar las elecciones y aumentó sus probabilidades de concluir con su periodo, que termina el 2023.
Su gabinete también aprobó el martes un decreto para reformar las leyes laborales del país, un compromiso del gobierno de Sánchez con la Comisión Europea antes de terminar el 2021 para asegurar la próxima entrega de los fondos para la pandemia de la UE.
La reforma laboral revierte las regulaciones a favor de las empresas adoptadas en 2012 por el entonces gobierno conservador en la cúspide de la crisis de deuda soberana de la última década.
El proyecto limita a un máximo de tres meses la mayoría de los contratos temporales que son prevalecientes en la cuarta economía más grande de la eurozona y reanuda la negociación colectiva con los sindicatos como el canal principal para negociar los contratos. También adopta el programa de licencias para evitar despidos durante la pandemia de COVID-19 como una herramienta fija a la que las empresas pueden acudir en futuras crisis.
La reforma ya fue sancionada por sindicatos de trabajadores y asociaciones comerciales, un inusual logro para el gobierno y una victoria personal para la ministra de Trabajo Yolanda Díaz, una exabogada laboral que se ha convertido en la estrella en ascenso de Unidas Podemos, el socio menor de la coalición.
“Esta reforma lo que hace, y esto es lo principal, es pasar página a la precariedad en España”, dijo Díaz durante una conferencia de prensa semanal después de la reunión de gabinete en referencia a cifras oficiales que muestran que uno de cada cuatro contratos en España es a corto plazo, la mayor tasa de la UE.
