Decenas de miles de policías españoles y sus partidarios marcharon el sábado por las calles de Madrid para protestar contra los planes del gobierno de reformar una controvertida ley de seguridad conocida por los críticos como la “ley mordaza”.
Antilavado de Dinero / AP News.
Los críticos de la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada en 2015 por el anterior gobierno conservador han dicho desde hace años que otorgó demasiado poder a las fuerzas de seguridad en detrimento de las libertades civiles. Sin embargo, los poderosos sindicatos de la policía dicen que los cambios propuestos a la ley harán que el trabajo policial sea más difícil.
Una nueva versión de la ley promovida por el pequeño Partido Nacionalista Vasco (PNV), ganó recientemente el apoyo de la coalición de izquierda gobernante de España. Amnistía Internacional y la Defensoría del Pueblo de España han pedido que se modifique la ley.
La ley propuesta aún podría sufrir cambios durante las negociaciones en la cámara baja del Parlamento, pero tal como está ahora eliminaría algunas de las partes más polémicas de la ley actual. Entre ellas está el artículo que prohibía realizar protestas en las inmediaciones de los edificios del Congreso o el Senado y el artículo que permitía a los guardias fronterizos hacer retroceder a los migrantes que hayan cruzado la frontera.
Una propuesta de enmienda que busca el gobierno es permitir protestas espontáneas que ahora surgen comúnmente, como por ejemplo la organización rápida de una marcha para responder a un caso de violencia de género.
En la actualidad, los organizadores de protestas o marchas deben informar de antemano a las autoridades.
Los sindicatos policiales están en contra de otras propuestas de modificaciones, sobre todo una para eliminar el requisito de que los ciudadanos soliciten permiso a las autoridades antes de grabar videos de oficiales trabajando y publicarlos. El año pasado, el Tribunal Constitucional de España falló que tal requisito de aprobación previa era inconstitucional.
Sin embargo, la policía teme que eso pueda facilitar la identificación de sus agentes y, por tanto, ponerlos en riesgo de sufrir represalias. Los defensores de la ley lo niegan y prometen que la nueva ley trata de lograr un mejor equilibrio entre la libertad y la seguridad.
“La reforma que prepara el Gobierno únicamente beneficia al manifestante violento y al delincuente y pone en grave riesgo a todos los ciudadanos y en especial a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a los que deja atados de pies y manos y a los pies de los caballos frente a los violentos”, afirmó Pablo Pérez, portavoz del sindicato JUPOL de la Policía Nacional de España.
Los partidos de oposición de derecha respaldaron a los manifestantes policiales. Tanto el partido de extrema derecha Vox como el Partido Popular que aprobaron la ley de seguridad original mientras estaban en el poder enviaron a sus líderes a la manifestación.
El portavoz del Partido Socialista, Felipe Sicilia, dijo sobre la propuesta de reforma: “queremos adaptarla a los nuevos tiempos”. Consideró importante reescribirla para reducir las dudas sobre el derecho a reunirse en público y protestar.
“Esta ley viene a mejorar cómo plantear la seguridad pública”, dijo Sicilia, y “cómo tenemos que proteger los derechos y libertades de la ciudadanía”.
“Y, desde luego, viene a proteger a los miembros de las FCSE, para que puedan ejercer su labor con profesionalidad y garantía jurídica”, agregó.
