La ex primera dama de El Salvador, Ana Ligia de Saca, aceptó el lunes confesar su responsabilidad en los actos de corrupción que se le imputan en el lavado de 25 millones de dólares de las arcas del Estado, en un caso ligado al expresidente Tony Saca.
El exmandatario, de 54 años, ya cumple una condena de diez años en el penal La Esperanza, en la periferia de San Salvador, por el desvío de más de 300 millones de dólares de los fondos públicos para favorecer a sus empresas y terceros.
La exprimera dama solicitó someterse a un proceso abreviado y admitir su responsabilidad a cambio de una pena de tres años de prisión, que serían reemplazados por trabajos de utilidad pública.
La Fiscalía General acusa a la exprimera dama y a otras 14 personas de ser parte de una red que ayudó a lavar 25 millones de dólares, trama que se habría hecho mediante una triangulación de los fondos que salían de lar arcas del Estado hacia personas particulares que los transferían a las tres agencias de publicidad que a su vez los trasladaban a las empresas de Comunicación Grupo Samix, de la familia del expresidente, que gobernó El Salvador entre 2004 y 2009.
El abogado defensor, Miguel Flores, explicó que «ya hay un acuerdo con la Fiscalía en el reemplazo de la pena», y se espera que en las próximas horas, la señora de Saca rinda su confesión ante el juez.
En este caso conocido como «Destape de la Corrupción Fase II», también están siendo procesadas otras 14 personas, entre ellas, Oscar Edgardo Mixco, hermano de la ex primera dama, así como otros empresarios y publicistas.
En septiembre de 2018, el expresidente pidió un proceso abreviado y después de confesar sus delitos, un tribunal lo sentenció a diez años de prisión por los delitos peculado, lavado de dinero y activos al desviar más de 300 millones de dólares de los fondos públicos. También fue condenado a responder civilmente por 200 millones de dólares.
Cinco de sus viejos colaboradores también se declararon culpables durante el juicio para obtener una condena menor.
Recientemente, en otro proceso penal, el expresidente Saca solicitó someterse a un proceso abreviado y admitir su responsabilidad por haber sobornado a una empleada judicial para que le filtrara información sobre un proceso civil en su contra.
El exmandatario también está siendo procesado en un juicio civil por enriquecimiento ilícito. La Fiscalía lo acusa de incrementar sus patrimonio en 3,9 millones de dólares cuando fungió como mandatario, mientras que su esposa Ana Ligia enfrenta un proceso por no justificar el origen de más de 589.000 dólares.
Además enfrenta una denuncia junto al fallecido expresidente Francisco Flores y otras tres personas vinculadas al derechista partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) por su presunta participación en el desvío de diez millones de dólares que donó el gobierno de Taiwán para ayudar a los damnificados de los terremotos de 2001.
Según las investigaciones, parte del dinero fue a parar a las cuentas del partido Arena que llevó a Flores y a Saca a la presidencia de la República, y el resto quedó en manos del fallecido expresidente.
ALD/EU
