En una nueva acusación contra el ecuatoriano estadounidense Frank Roberto Chatburn Ripalda, la justicia de Estados Unidos conectó dos esquemas de sobornos ocurridos en Ecuador: el de la estatal Petroecuador y el de la constructora brasileña Odebrecht.De acuerdo con la justicia estadounidense, el monto de los sobornos relacionados con Chatburn Ripalda llegaría a los $ 3’270.980, pagados a varios funcionarios de Petroecuador, entre ellos uno que “tuvo varias funciones desde 2012 hasta 2016, incluyendo la Refinería del Pacífico, Ministerio de Hidrocarburos y Petroecuador”. La pieza clave de este rompecabezas son las transferencias hechas desde las cuentas de las compañías Denfield Investments Inc. y Sentinel Mandate & Escrow Ltd., domiciliadas en paraísos fiscales. Esta acusación del Gran Jurado contra Chatburn se suma a otra del 19 de abril pasado. Él salió libre tras pagar una millonaria fianza. En cambio, el estadounidense José Larrea, incluido en la acusación inicial, se declaró culpable de haber contribuido a esconder $ 1 millón de sobornos y ya fue condenado a 27 meses de cárcel. Esta nueva acusación revela tres transferencias hechas entre abril de 2014 y septiembre de 2015 que suman $ 839.000. La primera operación asciende a $ 340.000. La realizó Sentinel a una cuenta bancaria suiza a favor de Girbra, una firma panameña cuyo beneficiario era el exgerente de Petroecuador Álex Bravo Panchano. Este giro también consta en las investigaciones panameñas sobre el caso Petroecuador. La segunda es por $ 150.000 desde Denfield a la cuenta panameña de una empresa de pantalla de un funcionario de Petroecuador, cuyos nombres no constan en el documento. La tercera es por $ 349.000 desde Panamá a Miami, a nombre de una financiera, para ocultar la fuente del dinero.
De acuerdo con la declaración del director de Odebrecht en Ecuador, José Conceição Santos, ante las autoridades brasileñas, Odebrecht pagó a Sentinel $ 4,63 millones en 18 transferencias.
En esta nueva acusación de la justicia norteamericana, se cita a la constructora Odebrecht y su participación en la Refinería del Pacífico Eloy Alfaro, que es una sociedad entre Petroecuador y su par venezolana PDVSA. La compañía brasileña obtuvo el contrato de movimiento de tierras y del acueducto La Esperanza.La información de estas empresas offshore (Denfield y Sentinel) estaba en la filtración de los Papeles de Panamá, publicados por EL UNIVERSO en 2016. En los archivos había comunicaciones en las que el contratista Ramiro Luque Flores, dueño de GalileoEnergy y beneficiario final de Denfield, le pedía a Chatburn que abriera firmas de pantalla para Álex Bravo P. y Arturo Escobar Domínguez, entonces asesor de Carlos Pareja Yannuzzelli. Escobar también fue juzgado en EE.UU., pues se declaró culpable, al igual que otro asesor de la estatal petrolera, Marcelo Reyes López. Chatburn está acusado de violar la Ley de Prácticas Anticorrupción en el Extranjero (FCPA, en inglés), porque habría participado en el esquema de sobornos y habría contribuido a lavar ese dinero en Florida (EE.UU). El propósito de la conspiración de Chatburn y sus cómplices, de acuerdo con el Gran Jurado, fue “su enriquecimiento ilícito haciendo pagos corruptos a funcionarios de Petroecuador con miras a obtener y retener contratos para Galileo (que fueron otorgados por la estatal petrolera)”.El documento añade que Chatburn y sus cómplices utilizaron compañías intermediarias “para canalizar pagos a funcionarios de Petroecuador” e “intentaron esconder el dinero de los sobornos, a cambio de una comisión”. Este Diario ha tratado de comunicarse en varias ocasiones con Chatburn y sus abogados, pero nunca ha obtenido respuesta. Cuando pagó la fianza, su defensor era Andrés Rivero, del estudio jurídico Rivero Mestre, quien en octubre pasado informó que ya no llevaba el caso sino el abogado Howard Srebnick, de la firma Black, Srebnick, Kornspan & Stumpf. Él no ha contestado a las solicitudes de entrevista. (I) AcusaciónPena máximaLa acusación del Gran Jurado contra Frank Chatburn reúne nueve posibles cargos que acumulan una pena máxima de 135 años de cárcel. Esas penas no incluyen otras medidas que también podrían ser aplicables.LeyesLa acusación contempla cuatro cargos por posible lavado de dinero, dos por posible conspiración para cometer lavado, dos por presuntamente violar la FCPA y uno por supuesta conspiración contra esa Ley. ALD/ElUniverso
