La ex presidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez, de 54 años, ha afirmado el martes 24 de agosto que “ya no quiere vivir” así como ha rechazado el medicamento que se le ha impuesto y que asegura desconocer, unas declaraciones que realiza tres días después de su intento de suicidio en la cárcel en la que cumple prisión preventiva desde marzo.
Antilavado de dinero / El Nuevo Herald.
“Ya no quiero vivir. Mis hijos necesitan hacer su vida. Ya no quiero más medicamentos que no sé cuáles son. Pido por favor a mis carceleros que me digan qué estoy tomando”, ha demandado al ex mandataria en un mensaje publicado por su equipo en sus redes sociales.
Acompañando el mismo, los familiares y equipo de Áñez han aseverado que se encuentra “muy débil” y “sufre de forma permanente” debido a que “cada diez minutos ingresa alguien a su celda a preguntar, a espiar o no sabe a qué”. “Vive alerta, angustiada, sin descanso porque desconoce qué le van a hacer: si sedarla, envenenarla o trasladarla sin rumbo desconocido”, han lamentado.
Por otro lado, la ex presidenta ha sido trasladada este martes al hospital para someterse a exámenes médicos fuera de la cárcel en una medida tomada después de que se autolesionara en un intento de suicidio, tras confirmarse una ampliación de la denuncia de golpe de Estado por la cual está en detención preventiva.
“Ha sido traída para un estudio neurofisiológico, se trata de exámenes complementarios solicitados por una junta médica”, ha apuntado al respecto de la visita la doctora Mónica Molina, responsable del consultorio privado al que fue conducida la ex presidenta a media mañana, en medio de gran atención mediática.
Ante esto, decenas de familiares de las víctimas de masacres políticas de 2019, por las que Áñez está también en vías de ser procesada, se han congregado bajo consignas que reclamaban justicia y han protestado contra los cuidados poco habituales que recibía la ex gobernante transitoria.
También se han producido protestas en las cárceles de mujeres y hombres de la capital boliviana, La Paz, contra los “privilegios” que consideran tiene Áñez y por un “trato igualitario”, informa el medio local ‘La Razón’.
La de este martes ha sido la cuarta vez en menos de dos semanas que la ex presidenta salió del penal femenino de La Paz para pasar por exámenes de salud. Molina ha dicho que los resultados de los nuevos exámenes practicados a Áñez se conocerían este mismo día, “porque se trata de un caso importante”.
“Es un estudio simplemente, se va a ver si los nervios y los músculos están funcionando adecuadamente, eso es todo”, ha añadido la galena, ante preguntas sobre si era posible que Áñez sea internada en un centro psiquiátrico como sugirieron varios médicos privados a medios locales.
La ex gobernante fue diagnosticada con hipertensión y ansiedad por médicos que la revisaron tres veces la semana pasada, y a ese cuadro se sumó el de una creciente desnutrición con pérdida de peso, según medios locales que refirieron reportes oficiales que señalaron que la reclusa rechazaba alimentos con frecuencia.
HRW CONDENA LA ACUSACIÓN DE GENOCIDIO
El reciente intento de suicidio de la ex mandataria se ha producido en medio de una ampliación de las acusaciones en su contra, incluyendo una por genocidio que ha sido tildada este martes por el director de la ONG Human Rights Watch (HRW) para las Américas, José Miguel Vivanco, como un “disparate”.
“El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para Bolivia ha aportado pruebas sólidas de la participación de fuerzas de seguridad en dos horrorosas masacres. Pero acusar a Jeanine Ánez de genocidio es un disparate”, ha apuntado en su perfil de Twitter.
El fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa, anunció el viernes que había presentado un requerimiento para iniciar un juicio de responsabilidades en contra de Áñez por los presuntos delitos de genocidio, lesiones graves y leves y lesión seguida de muerte por los hechos de Sacaba y Senkata, registrados en el marco de las protestas postelectorales de 2019.
El anuncio tuvo lugar días después de la presentación del informe del GIEI que halló violaciones a los Derechos Humanos entre septiembre y diciembre de 2019 en Bolivia, especialmente ejecuciones extrajudiciales en las masacres de Sacaba y Senkata bajo el paraguas de un decreto que exoneraba de responsabilidad a las fuerzas de seguridad encargadas de “restablecer el orden” dictado por Áñez.
Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se desplazaron al país latinoamericano para investigar las muertes de las mencionadas localidades, ubicadas en Cochabamba y El Alto, respectivamente. En un informe preliminar, la CIDH ya calificó la represión en ambas ciudades de “masacres”.
Áñez se encuentra encarcelada, acusada de sedición, terrorismo, conspiración y ahora también de genocidio por su rol en el marco de la crisis postelectoral de 2019.
