Jorge Barata y otros diez exfuncionarios de la constructora brasileña serán interrogados en el proceso que se le sigue por lavado de activos al expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia.
antilavadodedinero / Infobae
Dentro del juicio oral que se le sigue al expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia por el presunto delito de lavado de activos a raíz de financiamiento irregular del Partido Nacionalista durante las campañas electorales de 2006 y 2011, las declaraciones de los exdirectivos de Odebrecht resultan claves. Sin embargo, nuevamente volvió a postegarse.
Jorge Barata y otros diez colaboradores eficaces fueron convocados para que entre el 4 al 13 de setiembre de este año declaren vía carta rogatoria desde Brasil en el proceso que hay contra el fundador del Partido Nacionalista y su cónyuge. Para Humala se pide 20 años de cárcel, mientras para Heredia han dispuesto que sea 26 años.
Así, aparte del exsuperitendente de Odebrecht, también desfilarán por el banquillo de los acusados las siguientes personas: Marcelo Odebrecht, Luis Antonio Mameri, Fernando Miglaccio Da Silva, Hilberto Mascarenhas Alves Da Silva Filho, Joao Cerqueira De Santana Filho, Mónica Regina Cunha Moura, Valfredo De Assis Ribeiro, Valdemir Pereira Garreta, Raymundo Trindade Serra y Willignton Gabriel Pereira.
De esta manera, resulta la tercera vez que se pospone la toma de las declaraciones de los ejecutivos brasileños.
La primera ocasión se dio entre el 7 al 12 de noviembre del año pasado. Sin embargo, esta diligencia se fustró porque días atrás, exactamente el 1 de noviembre, el Ministerio Público Federal de Brasil determinó la suspensión del acuerdo de cooperación jurídica con Perú en relación al caso Odebrecht tras un pedido de la compañía.
En esa ocasión, Novonor, antigua Odebrecht, denunció la violación por parte de las autoridades peruanas del acuerdo firmado entre ambas partes, que incluye la “no utilización de pruebas producidas en Brasil” contra la empresa en aquella jurisdicción.
El organismo brasileño determinó la “suspensión, por ahora, de la cooperación jurídica” con Perú hasta que sean presentados nuevos esclarecimientos por parte de las autoridades peruanas ante la “gravedad y verosimilitud de las informaciones” alegadas por la compañía.
Desde el Ministerio Público buscaron restablecer la colaboración con los brasileños. Por ello, fijaron que la toma de las declaraciones de los exejecutivos de Odebrecht se hiciera del 16 al 25 de enero de este año. Una vez más, todo se fustró por un reclamo presentado por la defensa legal del expresidente Humala y su esposa que alegaron que no les notificaron oficialmente.
El tribunal, integrado por los jueces Nayko Coronado Salazar, Raúl Caballero Laura y Max Vengoa Valdiglesias, volvió a reprogramar el interrogatorio a los exejecutivos de Odebrecht. Así se dispuso que Jorge Barata tenía que declarar el 20 de marzo, mientras sus demás compatriotas lo iban hacer del 24 al 28 de abril.
Sin embargo, no se realizó porque la defensa legal de la pareja Humala-Heredia recurrió al Supremo Tribunal Federal de Brasil para que aclare que los exejecutivos un ciudadano brasileño en juicio público debe realizarse vía carta rogatoria.
De momento, los abogados del expresidente Humala y su esposa se han negado a participar por cuarta vez en el interrogatorio a los exejecutivos de Odebrecht. Por su parte, la Fiscalía está a favor de la nueva modalidad para avanzar con el juicio.
Camino despejado
Hay que recordar que el caso de Ollanta Humala se encuentra despejado para que siga su curso con normalidad.
Decisión del Poder Judicial sobre el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por el juez César San Martín, declaró infundados los recursos de casación que el expresidente y su esposa Nadine Heredia.
El Poder Judicial determinó que los supuestos aportes de la pasadas campañas presidenciales de Humala Tasso, correspondientes a los años 2006 y 2011, sí responden a un delito de lavado de activos. Estas contribuciones fueron realizadas por el mandato venezolano de Hugo Chávez y por las constructoras brasileñas Odebrecht (ahora Novonor) y OAS.