Hay información sobre 3 de los 10 funcionarios judiciales implicados, pero nada del caso Mattos.
Antilavadodedinero / El Tiempo
El pasado jueves, una comisión de la Fiscalía llegó a la celda dela exfiscal Hilda Niño, en la Escuela de Carabineros de la Policía, en Bogotá, para iniciar la primera fase de colaboración que la condenada ofreció a cambio de la congelación de su proceso por corrupción.
La diligencia estuvo a cargo del fiscal primero delegado ante la Corte Suprema, Jorge Hernán Díaz, quien durante cinco horas le preguntó por tres de los diez nombres que Niño entregó de funcionarios activos y retirados de la rama judicial, de los que dice tener pruebas de conductas por fuera de la ley.
EL TIEMPO estableció que en el listado aparecen tres fiscales activos de la Unidad de Extinción de Dominio, un fiscal delegado, un exdirector de la justicia transicional de la Fiscalía y un exmagistrado. También figura la exdirectora de la Unidad de Extinción de Dominio Andrea Malagón, quien salió intempestivamente de la Fiscalía, no obstante ser una de las fichas clave.
Aunque la diligencia se mantiene bajo reserva y Niño incluso se quejó de supuestas filtraciones de su caso, la exfuncionaria le envió una comunicación a este diario en la que revela apartes de lo que será su colaboración y aclara versiones sobre la plata que recibió de la mafia a cambio de favorecer a miembros del bloque Vencedores de Arauca.
Uno de los puntos relevantes es el del presunto conocimiento que tiene sobre un montaje en contra del exfiscal Néstor Humberto Martínez, que se tejió desde la cárcel La Picota por el caso Hyundai, en el que está implicado el empresario Carlos Mattos.
Si bien su defensa le dijo a EL TIEMPO que estaba dispuesta a declarar, Niño asegura que no le consta nada. “No soy testigo ni media alguna declaración judicial mía contra el señor Mattos o personas vinculadas a ese caso”, señaló. Sin embargo, fuentes de la Fiscalía aseguran que hay evidencia del presunto montaje, incluido un audio por el que se le preguntará a Niño.
Lo que sí confirmó es que se referirá en su colaboración a la exfiscal Malagón, pero, al menos por su lado, en ese capítulo no entrará el expediente del polémico proyecto inmobiliario Meritage, que involucra a miembros de la ‘oficina de Envigado’, abogados y hasta a Otto Bula, cerebro de los sobornos de Odebrecht. Como lo anticipó EL TIEMPO, fuentes de la Fiscalía confirmaron que el caso, que ya está en tribunales de Estados Unidos tras una demanda de inversionistas contra Colombia, está siendo indagado.Lo que dijo la Corte
En sus cartas a EL TIEMPO, Niño, quien le pidió perdón al país –previo a la condena que se le impuso por cohecho en la Corte Suprema–, insiste en que no tuvo vínculos con la organización del extraditado narcoparamilitar Miguel Ángel Mejía Múnera, ‘el Mellizo’, y que tampoco recibió dos carros producto de ese supuesto pacto.
Sin embargo, admite que firmó un preacuerdo con la Corte para purgar cinco años de cárcel y devolverle al Estado 245 millones de pesos por recibir dádivas de otro delincuente vinculado al ‘Mellizo’: Orlando Villa Zapata.
El alto tribunal advirtió que por esos sobornos Niño puso “al servicio de narcotraficantes la administración de justicia, comprometiendo la realización de actividades que reportaran beneficios a los que estos no tenían derecho”. Pero ella asegura que el acuerdo con Villa no estaba relacionado con mantenerles las prebendas de la justicia transicional. La Corte tiene otra postura y también difiere en el hecho de que allegados a Niño sirvieron de vehículo para la recepción de los dineros. En cuanto al narcoparamilitar ‘Mellizo’, la defensa de la exfiscal precisó que si bien envió plata, no fue para ella sino para otro alto funcionario de la rama.
La Fiscalía analiza las declaraciones entregadas por Niño, que también es testigo dentro del proceso que se le sigue a Álvaro Uribe por presunta presión a testigos y fraude procesal. Y se alista una nueva comisión para recopilar información sobre los otros siete nombres que entregó. De eso depende, según fuentes judiciales, que se le avale el principio de oportunidad que le permitiría acceder a subrogados penales.
