La Fiscalía colombiana aprehendió al exjefe de seguridad de Uribe, expresidente y actual senador, por lavar dinero narco. El detenido tenía un patrimonio equivalente a unos 1,5 millones de dólares.
Antilavadodedinero / mundo.sputnik.news.com
La Fiscalía General de Colombia dispuso la prisión del general de Policía retirado Mauricio Santoyo Velasco, exjefe de seguridad del actual senador y expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero de paramilitares narcotraficantes.
«Luego de valorar el material probatorio recopilado, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia definió la situación jurídica del general en retiro Mauricio Santoyo Velasco y le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario por su presunta responsabilidad en los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos», indicó la Fiscalía en un comunicado.
El organismo señaló que pudo constatar que Santoyo Velasco, quien ya estaba preso por otra causa, tenía un patrimonio equivalente a unos 1,5 millones de dólares, que habría recibido de grupos paramilitares ultraderechistas y dedicados al narcotráfico mientras el reo estuvo vinculado a la Policía, entre 1999 y 2009.
«Testimonios obtenidos en el marco de la Ley de Justicia y Paz [que permitió la desmovilización de grupos paramilitares en 2006] permitieron conocer que la organización narcotraficante conocida como La Oficina y cabecillas de las entonces AUC [Autodefensas Unidas de Colombia], supuestamente, le pagaron a Santoyo Velasco para que lograra dejar en libertad a integrantes de esas estructuras y los alertara sobre los movimientos y operativos de la Fuerza Pública», dice el comunicado.
Por estos «favores ilícitos» Santoyo Velasco habría recibido en su momento unos 425.000 dólares actuales.
La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio Asimismo incautó preventivamente los bienes del oficial y de su familia, así como sus empresas, mientras sigue la investigación.
Santoyo Velasco regresó a Colombia en abril de 2019, deportado de EEUU luego de cumplir allí una sentencia tras ser extraditado en 2012.
En diciembre de 2012 una corte de Virginia (noreste) lo condenó a 13 años de prisión y a una multa de 125.000 dólares por haber cooperado con grupos paramilitares en Colombia.
Desde su regreso permanecía en prisión por otros crímenes que le imputa un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, entre los que se cuentan desaparición forzada y otros delitos.
