Siete años después de provocar un giro sin precedentes en la política y la economía de Brasil, la otrora poderosa operación anticorrupción Lava Jato ha llegado a su fin. , que podrían beneficiar a Lula, según se desprende de las declaraciones del exjuez, Sergio Moro.
Antilavadodedinero / ElPais
El equipo de investigación que nació en la ciudad de Curitiba deja de existir y se convierte en un apéndice del Grupo de Acción Especial de Lucha contra el Crimen Organizado (Gaeco, por sus siglas en portugués). El desenlace se produce después de que la operación entrara en una espiral de descrédito en el mundo jurídico, que ha culminado con la divulgación de una serie de conversaciones que mantuvieron el exjuez Sergio Moro y el entonces jefe del equipo de investigación, Deltan Dallagnol.
El magistrado del Supremo, Ricardo Lewandovski, hizo públicas el pasado lunes, a petición de la defensa del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, una parte de las conversaciones: las que mencionan directa o indirectamente a Lula y que están relacionadas con las demandas que enfrenta.
Estos mensajes confirman la información que ya había sido revelada por el medio digital The Intercept Brasil en junio de 2019, en una serie de reportajes denominada Vaza Jato. The Intercept reveló algunos diálogos entre Dallagnol y Moro, pero, principalmente, conversaciones entre los fiscales del equipo de investigación del Ministerio Público Federal de Paraná. El material divulgado el lunes va mucho más allá de lo que se expuso en Vaza Jato. Y podría reescribir la historia de la operación.
En 50 páginas de mensajes se lee cómo Moro –que debería ser neutral para juzgar las causas que presentaban los fiscales– se comunicaba permanente con miembros del equipo de investigación, especialmente con el exjefe de la operación, Deltan Dallagnol.
Entre septiembre de 2015 y junio de 2017, hay registros de conversaciones constantes entre ambos por la aplicación Telegram —al margen de los ritos procesales— en los que el entonces juez de la causa pide información y sugiere al menos una fuente para que sea escuchada por el Ministerio Público en el caso del expresidente Lula.
“El material que nos ha pasado Moro es genial. Si es cierto, es una pala de cal para el ‘9’ y Márcio se merece una medalla”, dice Dallagnol en un mensaje enviado poco después de las 7 de la tarde del 29 de julio de 2016. El número “9” es la forma como los fiscales llamaban, peyorativamente, al expresidente Lula, una referencia al número de dedos que tiene, ya que perdió uno en un accidente de trabajo.
No era la primera vez que Moro sugería cómo debía llevarse la investigación. En un extracto del 7 de diciembre de 2015, da consejos al fiscal: “Una fuente me ha informado de que la persona de contacto estaría molesta porque le han pedido que redacte escrituras de transmisión de propiedad de uno de los hijos del expresidente.
Al parecer, esta persona estaría dispuesta a proporcionar la información. Os la paso. La fuente es seria”. Dallagno, después, le agradece la deferencia: “¡¡Gracias!! Entraremos en contacto con ella”. La fuente en cuestión no era creíble, como señalaba la continuación del diálogo. Esta conversación la reveló en junio de 2019 The Intercept Brasil.
En aquella ocasión, Moro dijo al periódico Estadão que “todo lo que llegaba y era relevante o se lo reenviábamos a la policía o al Ministerio Público, daba igual si la información finalmente beneficiaba a la defensa o a la acusación”. Según el exjuez, el objetivo era “descubrir la verdad”.
Sin embargo, los métodos que ahora han salido a la luz se consideran reprobables, porque van en contra del principio de imparcialidad, sobre todo en un caso de extrema delicadeza que tiene el potencial de cambiar el curso político del país. Cabe recordar que la Lava Jato fue responsable de retirar al expresidente de la carrera presidencial contra Bolsonaro en 2018 por no cumplir lo establecido en la Ley Ficha Limpia, según la cual solo pueden presentarse a cargos públicos electivos quienes no hayan sido condenados por algún delito.
En otro fragmento, del 14 de diciembre de 2016, Dallagnol informa a Moro de la evolución del caso. “La denuncia de Lula se presentará en breve. La denuncia de Cabral se presentará mañana”, dice el fiscal, citando al exgobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral. El entonces juez responde la comunicación extraoficial con entusiasmo: “Un buen día después de todo”, responde, acompañando el mensaje con un emoticón de felicidad.
Las conversaciones fuera de los autos fueron interceptadas por la Operación Spoofing, una investigación de la Policía Federal que llevó a la detención de los hackers que entraron en los móviles de los fiscales de la Lava Jato y tuvieron acceso a los archivos de mensajes en la aplicación Telegram, que fueron la base de la serie de publicaciones Vaza Jato.
La Policía Federal, por lo tanto, obtuvo las conversaciones en su totalidad. La defensa de Lula solicitó los extractos relacionados con el caso del expresidente, en los que los dos principales protagonistas de la operación Lava Jato demuestran una intimidad típica de compañeros de trabajo, utilizan emojis, se ríen en el lenguaje de Internet, piden reuniones reservadas con algunos miembros del equipo de investigación e incluso proponen mejores formas de comunicarse con la prensa.
“Tenemos que hablar urgentemente. ¿Hoy, a las 14:30 o 15:00, podéis? Pero es mejor que vengáis pocos, mejor que sea más reservado. ¿Quizás tú, Lima, Athayde y Orlando?”, propone Moro a Dallagnol, mencionando posiblemente a Carlos Fernando Lima, Athay de Ribeiro Costa y Orlando Martello Jr.
El escándalo llega al Supremo
Si la serie de reportajes Vaza Jato provocó un terremoto y desprestigió la operación y a Moro, los mensajes que se han conocido este lunes pueden acabar de hundir la credibilidad de algunas decisiones tomadas en la Lava Jato, según algunos juristas entrevistados por EL PAÍS.
El escándalo llama a la puerta del Supremo, que tiene una cita con Moro para juzgar la solicitud de anulación de la condena del expresidente Lula en el caso del tríplex de Guarujá que ha presentado su defensa, que argumenta que hubo imparcialidad por parte del exjuez. Lula fue detenido en abril de 2018 por, supuestamente, haber recibido un apartamento a cambio de hacer favores a la constructora OAS. Salió 580 días después, en noviembre del año siguiente, tras un cambio en la interpretación del Supremo sobre el encarcelamiento de los condenados en segunda instancia.
La fluida comunicación entre Moro y Dallagnol vulnera la relación juez-fiscal y rompe el principio de imparcialidad. “Es el mayor escándalo de la historia de la Justicia en Brasil”, afirma el jurista Rafael Valim. Marco Aurélio de Carvalho, líder del grupo Prerrogativas —que reúne a unos mil juristas, entre ellos los abogados de los acusados en la Lava Jato, que militan contra las prácticas expeditivas de la operación— es de la misma opinión. “El Supremo tiene una oportunidad única de volver a dar credibilidad al sistema judicial. Se perdió mucha con la politización del Poder Judicial”, dice Carvalho.
La Lava Jato llevó investigaciones que condujeron a 278 condenas, algunas de acusados confesos, como el empresario Marcelo Odebrecht, que tenía un departamento de sobornos a políticos en su empresa; o Pedro Corrêa, exdiputado del partido Progresistas, que confesó que apoyaba al Gobierno del Partido de los Trabajadores a cambio de ministerios y cargos en los consejos de administración de empresas públicas como Petrobras.
“Lo mismo que se había hecho en Gobiernos anteriores. Incluidos los acuerdos y favores a los empresarios, igual que en todos los Gobiernos en los que he participado desde 1976”, destacó en una entrevista al medio Paraná Portal. En el acuerdo de colaboración al que llegó con los fiscales, Corrêa señaló la corrupción que había en Petrobras desde el Gobierno de Fernando Henrique Cardoso, que comenzó en 1994.
El problema son los juicios en que las investigaciones atropelladas han tenido consecuencias directas para el rumbo político de Brasil. La serie de publicaciones Vaza Jato ya había revelado conversaciones que mostraban las estrategias de divulgación a la prensa y el contacto directo de los fiscales con algunos movimientos callejeros que, en 2016, querían derribar a la entonces presidenta Dilma Rousseff, con los que alimentaban la presión popular para que esta favoreciera a las causas de la Lava Jato. Incluso cuando cometían ilegalidades, como la divulgación de una llamada telefónica entre el expresidente Lula y Rousseff, en la que discutían el futuro nombramiento del expresidente para un cargo de ministro. La rapidez de la condena de Lula y la confirmación de la sentencia en segunda instancia también provocaron una sensación de parcialidad.
Punto de inflexión
El juicio sobre la imparcialidad de Moro puede ser, pues, un punto de inflexión en la Lava Jato y determinar el futuro de la lucha contra la corrupción en Brasil. Los extractos de archivos incautados por la Operación Spoofing muestran que el éxito de la operación ha tenido un alto coste para la imagen del Poder Judicial brasileño, con excesos que afectan su credibilidad. Ignorar estos desvíos sería un golpe que contaminaría al propio Supremo.
En teoría, la información que ya se ha divulgado dificultaría que los magistrados de la Corte justificaran un comportamiento contrario al principio de imparcialidad. La duda, sin embargo, es si admitirán los mensajes como pruebas legítimas, dice el abogado Alberto Toron, que defiende a algunos acusados por la Lava Jato.
“Hay que reconocer que este material fue interceptado ilegalmente [por los hackers que entraron en los móviles de Moro y los miembros de la Lava Jato], lo cual abre una gran discusión en el proceso penal, porque no sirven para acusar a nadie. Pero, ¿y para defenderse o demostrar la parcialidad de un juez?”, cuestiona Toron.
La montaña de mensajes confirma lo que los abogados de los acusados vienen denunciando desde que se inició la operación, en 2014. “Un juez tiene que ser equidistante y asegurar a la acusación y a la defensa las mismas condiciones. Se trata de una negación radical de este principio fundamental del ejercicio de la magistratura”, afirma el abogado Maurício Dieter, profesor de criminología de la Universidad de São Paulo.
Los fiscales y el juez han encarnado una especie de “rebelión togada”, como escribe el abogado y politólogo Christian Edward Cyril Lynch. Los nuevos héroes habrían asumido la tarea de limpiar la política, “aunque no a golpe de metralla, sino de filtraciones, acuerdos de delación y condenas judiciales rigurosas”. Su “revolución judicial” tuvo éxito durante un tiempo.
Moro nunca ha reconocido el contenido de las conversaciones y siempre ha afirmado que podían haber sido manipuladas. Tras el movimiento de Lewandowski, el exministro de Justicia del Gobierno de Jair Bolsonaro repitió su justificación: “No reconozco la autenticidad de estos mensajes, porque, como dije antes, no guardo mensajes de hace años”, afirmó en un comunicado de prensa. “Estos mensajes, de ser ciertos, habrían sido obtenidos por medios delictivos, por háckers, de dentro de los teléfonos móviles de los fiscales, por lo que hay que lamentar que se utilicen para cualquier fin, ignorando el origen ilícito”.
El problema de este argumento es que la propia Policía Federal, accionada por el entonces ministro Moro cuando se publicó la serie de reportajes Vaza Jato, hizo el peritaje de los mensajes y constató que son verdaderos. El Ministerio Público Federal de Curitiba informó, a través de la asesoría de prensa, que no hace comentarios sobre el caso.
