El exministro de Gobierno de Bolivia se declaró culpable hoy de conspiración para lavar dinero de sobornos que recibió a cambio de ayudar de manera corrupta a una empresa estadounidense a obtener un contrato de $5,6 millones del gobierno boliviano.
antilavadodedinero / Justice.gov
Según documentos judiciales, Arturo Carlos Murillo Prijic, de 58 años, de Bolivia, recibió al menos $532.000 en pagos de soborno de una empresa con sede en Florida a cambio de ayudar a esa empresa a obtener un contrato de aproximadamente $5,6 millones para proporcionar gas lacrimógeno y otros equipos no letales. al Ministerio de Defensa de Bolivia. Murillo y sus cómplices lavaron las ganancias del esquema de soborno a través del sistema financiero de los EE. UU., incluidas cuentas bancarias en Miami, Florida, donde Murillo recibió aproximadamente $130,000 en pagos de sobornos en efectivo.
Los co-conspiradores de Murillo, Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal (Méndez), Luis Berkman, Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld, se declararon culpables previamente el 28 de septiembre de 2021 de sus roles en este esquema. Méndez y Luis Berkman se declararon culpables de conspiración para cometer lavado de dinero y Bryan Berkman y Lichtenfeld se declararon culpables de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). El 9 de junio de 2022, Méndez fue sentenciado a 42 meses de prisión, Luis Berkman fue sentenciado a 38 meses, Bryan Berkman fue sentenciado a 28 meses y Lichtenfeld fue sentenciado a 26 meses.
Murillo se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y enfrenta una pena máxima de 10 años de prisión. Aún no se ha fijado una fecha para la sentencia. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de sentencia de EE. UU. y otros factores legales.
el Fiscal General Auxiliar Kenneth A. Polite, Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia; el Fiscal Federal Juan Antonio González para el Distrito Sur de Florida; y el agente especial interino a cargo Michel E. Buckley de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Miami hicieron el anuncio.
La oficina de campo de HSI en Fort Lauderdale está investigando el caso.
La abogada litigante Jill Simon y el subjefe Gerald M. Moody Jr. de la Sección de Fraudes de la División Criminal y el fiscal federal adjunto Eli S. Rubin para el Distrito Sur de Florida están a cargo de la acusación en el caso. La fiscal federal adjunta Gabrielle Charest-Turken está manejando la confiscación de activos.
La Sección de Fraude es responsable de investigar y enjuiciar los asuntos de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Puede encontrar información adicional sobre los esfuerzos de aplicación de la FCPA del Departamento de Justicia en www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa .
