El exministro boliviano Arturo Murillo, procesado en EEUU por corrupción y lavado de dinero, logró libertad bajo fianza y pasaría a ser un «testigo protegido» por el Gobierno de ese país, reportó una televisora local desde Miami, Florida.
Antilavadodedinero / sputnikmundo
«A partir de la disposición judicial [Murillo] se convierte en un testigo protegido de EEUU (…) La exautoridad ha salido, está en las calles, está nuevamente libre, protegido del Gobierno de EEUU», informó un enviado especial de la red privada de televisión Gigavisión.
El medio, que reveló hace un año supuestas irregularidades en una compra de materiales antidisturbios para la policía, de las que derivaron los actuales procesos paralelos contra Murillo en Bolivia y EEUU, señaló que el exministro accedió a pagar una fianza de medio millón de dólares.
«Los abogados del Gobierno boliviano (en Miami) parecen no haberse enterado de la disposición de un juez del sur de Florida que ha dispuesto la libertad de Arturo Murillo, que (…) se convierte en testigo protegido de EEUU», añadió el informe de Gigavisión, reproducido por otros medios locales.
Murillo, exministro de Gobierno y hombre fuerte del Gobierno transitorio de Jeanine Áñez (2019-2020), fue detenido hace casi un mes en Miami, como principal sospechoso de corrupción y lavado de dinero derivados de una compra de materiales para la policía boliviana entre fines de 2019 e inicios de 2020.
El procesado debía presentarse a una audiencia de lectura de cargos el 9 de julio, tras lograr un aplazamiento que le permitiera una eventual negociación con los fiscales, lo cual parece haberse producido, según el informe de Gigavisión.
Por el mismo caso están también procesados en Miami los empresarios estadounidenses Bryan Berkman, Luis Berkman y Philip Lichtenfeld, además de un boliviano estrecho colaborador de Murillo.
En Bolivia, entretanto, fueron detenidos familiares y otros colaboradores de Murillo y la Fiscalía anunció que buscaría la extradición de otro exministro de Áñez, Luis Fernando López, de Defensa, acusado en el mismo caso.
El exministro Murillo, según la Fiscalía, lideró una operación de compra de materiales no letales para la policía a través de una empresa intermediaria, pagando un total de 5,6 millones de dólares, de los cuales casi 2,4 millones habrían sido un sobreprecio.