El expresidente de la arrocera SOS, Jesús Salazar, volverá esta semana a sentarse en el banquillo de los acusados por un delito de blanqueo, otro contra Hacienda y uno más por insolvencia punible, en un juicio previsto inicialmente para octubre del año pasado y que fue aplazado.
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El fiscal pide tanto para él como para su socio Francisco Blázquez Aroca 8 años de cárcel y 14,6 millones de euros (entre la sanción y el dinero a devolver a las arcas públicas).
El juicio está programado para el lunes 14 y el martes 15 en la Audiencia Nacional, y supone una pieza separada del llamado «caso SOS», resuelto en febrero de 2020 con un acuerdo entre las partes.
Entonces, tanto Jesús como su hermano Jaime aceptaron su responsabilidad en el desvío de más de 200 millones de euros desde las cuentas de SOS -hoy llamado grupo Deoleo- a sociedades controladas por los acusados.
Según el escrito de la acusación, al que ha tenido acceso Efe, Jesús Salazar Bello es acusado ahora de idear una trama para reclamar a Hacienda el pago de 2,46 millones de euros en concepto de devolución del IVA por una serie de operaciones acometidas en 2009.
La Fiscalía precisa que esa solicitud se realiza «a sabiendas» de que una de las operaciones incluidas en la documentación resultó fallida; pese a ello, el dinero fue abonado en 2011.
También orquestó una serie de transferencias y maniobras dirigidas a esquivar sus obligaciones derivadas del «caso SOS» -el juez, de hecho, impuso una fianza de 360 millones de euros- y para conseguirlo contó con la ayuda de Francisco Blázquez Aroca.
En el epicentro de la trama se encontraba la sociedad DDAL inversiones, controlada inicialmente por los Salazar y que pasó a manos de Blázquez.
El objetivo final de las transferencias entre empresas y el enjambre societario organizado era dificultar que se conociera el destino del dinero, según la Fiscalía, lo que en la práctica pretendía permitir a Jesús Salazar salvar parte de su dinero y patrimonio de las responsabilidades derivadas del «caso SOS».
Para cada uno de los acusados solicita tres años de cárcel y 2,15 millones de euros de multa por blanqueo de capitales; otros tres años de prisión y 10 millones de multa por delito contra Hacienda; y dos años más de cárcel por insolvencia punible.
Además, en concepto de responsabilidad civil, pide la devolución de los 2,46 millones de euros que Hacienda pagó indebidamente.
