El expresidente sudafricano Jacob Zuma (2009-2018) ha reafirmado su intención de no acatar las órdenes de la Justicia que le obligan a declarar en una investigación por corrupción y ha reiterado que no le asusta “ir a la cárcel”, acusando a los jueces del país de querer perjudicarle y de violar sus derechos.
Antilavadodedinero / holanews
“Muchos sostienen que hay una crisis constitucional. Yo no veo ninguna crisis constitucional cuando acepto la sanción reglamentaria que podría acompañar a mi consciente objeción a la conducta de ciertos miembros veteranos del sistema judicial”, manifestó Zuma en un escrito publicado a última hora del jueves, en respuesta a un proceso por desacato iniciado contra él ayer en el Tribunal Constitucional.
“Todo lo que digo es que no estoy asustado de ir a la cárcel, como no lo estaba durante el régimen del apartheid. Sin embargo, no me someteré a un sistema judicial injusto y opresivo. Pueden poner mi cuerpo físicamente tras las puertas de una prisión, pero mi espíritu es libre y hablará contra la injusticia del encarcelamiento”, advirtió el exmandatario.
De esta manera, Zuma reafirma su controvertida postura de desafío a la Justicia sudafricana, a la que acusa de violar sus derechos y de hacer campaña para perjudicarle por motivos políticos.
El conflicto surge de las repetidas negativas del expresidente sudafricano a presentarse a declarar ante una comisión oficial de investigación constituida para estudiar la sonada megatrama de corrupción conocida como la “Captura del Estado”.
Esa investigación analiza si, durante los años de gobierno de Zuma, el aparato estatal sudafricano funcionó como un engranaje para beneficiar de forma fraudulenta al poder y a empresarios afines, que incluso definían la entrada y salida de ministros en función de sus intereses.
La trama abarca todo tipo de ramas del Estado y a figuras de alto perfil político y empresarial, pero tiene a Zuma como núcleo principal de la cultura de la corrupción que presuntamente dominó la gestión gubernamental durante esos años, con grave perjuicio para el Estado y las empresas públicas.
LA NEGATIVA DE ZUMA A TESTIFICAR EN LA INVESTIGACIÓN
La Comisión de Investigación de la Captura del Estado está presidida por el magistrado Raymond Zondo (vicepresidente del Poder Judicial) y no tiene potestad para procesar judicialmente, pero sí puede hacer recomendaciones a otros entes y sus averiguaciones pueden ser usadas como pruebas ante los tribunales en el futuro.
Ante las reiteradas negativas de Zuma a testificar, Zondo acudió en febrero pasado al Tribunal Constitucional -que ya había emitido un veredicto especificando que las citaciones del organismo son de obligado cumplimiento- para que declare al expresidente en desacato.
Por esa falta, Zondo pide dos años de prisión para Zuma.
El Constitucional revisó ayer esos cargos -en una audiencia sin intervención del exmandatario, que se niega a participar en el proceso-, pero anunció que la decisión final y potencial castigo se dictarán más adelante.
El expresidente afirma que Zondo trata de tapar su “ineficiencia” en la investigación con “hostilidad” y asegura que el verdadero mandato de la comisión es perjudicarle, a pesar de que fue él mismo -en sus últimas semanas de gobierno antes de que su propio partido forzase su dimisión en medio de múltiples escándalos- el que ordenó constituirla.
En paralelo a la investigación de la “Captura del Estado”, Zuma está procesado en un caso que estudia cargos de corrupción, lavado de dinero y fraude relativos a un acuerdo millonario de armas firmado a finales de la década de 1990.
Además, ya en 2016, tuvo que devolver, por orden del Tribunal Constitucional, medio millón de euros de dinero público que se gastó de forma irregular en la reforma de su residencia privada.
