El expresidente sudafricano Jacob Zuma considera que el veredicto emitido contra él por el Tribunal Constitucional del país -con una pena de prisión de 15 meses por no acatar órdenes para declarar por corrupción- fue contrario a la Constitución, «emocional» y producto del enfado de los jueces.
Antilavadodedinero / swissinfo
A través de un comunicado emitido por la fundación que lleva su nombre la pasada medianoche, el ex jefe de Estado argumentó que los tribunales no están actuando de forma independiente e imparcial.
«La Fundación Jacob Zuma denuncia el veredicto de la jueza (Sisi) Khampepe (encargada de redactar el dictamen en nombre del Tribunal Constitucional en este caso) como judicialmente emocional e inflamado e inconsistente con la Constitución», subraya el texto.
El mensaje, que es la primera reacción oficial de Zuma desde la sentencia, no aclara si el expresidente va a entregarse voluntariamente antes del plazo indicado por el máximo tribunal sudafricano para empezar a cumplir su castigo (5 días naturales, de los que ya transcurrieron dos jornadas).
Zuma, de 79 años, fue condenado el pasado 29 de junio a 15 meses de prisión por haberse negado repetidamente a acatar órdenes judiciales que le obligaban a testificar ante una comisión oficial que investiga la presunta corrupción ocurrida durante su presidencia (2009-2018).
Esa investigación, conocida como el caso de la «Captura del Estado», analiza si, durante los casi nueve años de gobierno de Zuma, el aparato estatal sudafricano funcionó como un engranaje para beneficiar de forma fraudulenta al poder y a empresarios afines, que presuntamente definían incluso la entrada y salida de los ministros en función de sus intereses.
El exgobernante, sin embargo, afirma que la comisión -que él mismo creó en sus últimas semanas de mando, poco antes de ser forzado a dimitir por su propio partido en febrero de 2018 por sus numerosos escándalos- busca destruir su legado como presidente.
Por ello, ignoró las citaciones a declarar incluso después de que el Tribunal Constitucional emitiera un dictamen especificando que eran de obligado cumplimiento.
Esto activó el proceso por «desacato», en el que el exmandatario también se negó a participar.
Lejos de retractarse, Zuma emitió varios comunicados públicos asegurando que iría a la cárcel antes que a declarar y cuestionando la imparcialidad e independencia de los jueces sudafricanos.
Las acusaciones de la «Captura del Estado» no son, sin embargo, las únicas que pesan contra el polémico expresidente sudafricano.
En paralelo, está procesado en un caso que estudia cargos de corrupción, lavado de dinero y fraude relativos a un acuerdo millonario de armas firmado a finales de la década de 1990.
Además, ya en 2016 tuvo que devolver, por orden del Tribunal Constitucional, medio millón de euros de dinero público que se gastó de forma irregular en la reforma de su residencia privada.
