El expresidente sudafricano Jacob Zuma no acudió este lunes a testificar ante la comisión judicial que investiga la presunta corrupción ocurrida bajo su mandato (2009-2018), incumpliendo así un dictamen del Tribunal Constitucional del país que específicamente le obligaba a declarar.
Antilavadodedinero / Lavanguardia
La decisión de no comparecer –que podría tener graves consecuencias legales para el exmandatario, incluso una detención por no respetar las órdenes del máximo tribunal del país– había sido anticipada a primera hora de la mañana los abogados de Zuma, asegurando en una carta que la citación era irregular.
El propio expresidente, sin embargo, había anunciado el pasado 1 de febrero, en un comunicado público, que no pensaba declarar, alegando que estaba siendo señalado y tratado de forma discriminatoria por el Poder Judicial.
«No temo ser arrestado, no temo ser condenado y no temo ser encarcelado», afirmó entonces Zuma, pocos días después de que el Constitucional emitiera un veredicto según el cual el expresidente no tiene derecho a rechazar las citaciones de la comisión dada la importancia para el país del asunto investigado.
La denominada Comisión de Investigación de la Captura del Estado se celebró igualmente, encabezada por el juez Raymond Zondo en Johannesburgo.
El magistrado y el equipo legal de la comisión procedieron a debatir las circunstancias de la ausencia de Zuma y los temas sobre los que se hubiera interrogado hoy al expresidente, quien, durante los trabajos previos, fue ya implicado en presuntos actos corruptos por más de 40 testigos.
Hasta las 13:00 hora local (11:00 GMT), Zondo no había anunciado aún qué medidas se tomarán contra el expresidente por su incomparecencia.
La Comisión de Investigación de la Captura del Estado busca aclarar si durante el gobierno de Zuma el aparato público sudafricano funcionó como un engranaje para beneficiar de forma fraudulenta al poder y a empresarios afines, que incluso definían la entrada y salida de ministros en función de sus intereses.
Zuma, forzado a dimitir por su propio partido a comienzos de 2018 en medio de numerosos escándalos de corrupción, niega las acusaciones y asegura ser víctima de una persecución política.
La comisión de investigación del juez Zondo no tiene potestad para procesar judicialmente, pero sí puede hacer recomendaciones a otros entes y sus averiguaciones pueden ser usadas como pruebas ante los tribunales en el futuro.
En paralelo a esta investigación, Zuma está procesado en un caso que estudia cargos de corrupción, lavado de dinero y fraude relativos a un acuerdo millonario de armas firmado a finales de la década de 1990.
Además, ya en 2016, tuvo que devolver, por orden del Tribunal Constitucional, medio millón de euros de dinero público que se gastó de forma irregular en la reforma de su residencia privada.
