El gobierno de Ecuador renovó el estado de excepción “por conmoción interna” en el sistema carcelario. que atraviesa una profunda crisis que este año ha dejado más de 300 muertos por disputas entre bandas delictivas, mientras espera la visita de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Antilavado de Dinero / AP News.
Mediante un decreto ejecutivo se extendió la medida durante 30 días en todos los centros de privación de libertad a nivel nacional, informó el lunes la Secretaría de Comunicación de la Presidencia. Añadió que el objetivo es “precautelar los derechos” de las personas privadas de la libertad, del cuerpo de seguridad penitenciaria y de los miembros de la policía, así como el restablecimiento de la convivencia pacífica, el orden y control dentro del sistema.
El decreto dispone la movilización y participación de la policía y las fuerzas armadas para “reforzar la seguridad interna y perimetral” de las prisiones, así como las vías y zonas de influencia de las mismas. Además, las fuerzas armadas deberán realizar controles de armas y objetos prohibidos en los filtros de acceso a las cárceles.
Mientras esté vigente el estado de excepción se suspenderá el ejercicio de los derechos a la inviolabilidad de la correspondencia y la libertad de asociación y reunión de las personas privadas de la libertad.
El estado de excepción se renovó a pocos días de que una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visite el país para analizar la situación que enfrentan las personas privadas de la libertad en los centros de detención de Ecuador, caracterizados por un alto nivel de violencia, según ha señalado el organismo.
La CIDH expresó recientemente al gobierno ecuatoriano su preocupación tras las últimas masacres ocurridas en el interior de la Penitenciaría del Litoral, en la ciudad de Guayaquil, donde varios episodios sangrientos han dejado al menos 316 fallecidos en lo que va de 2021, superando en al menos siete veces las muertes registradas en el mismo período de 2020.
El organismo urgió al Estado a adoptar las medidas inmediatas y efectivas que garanticen los derechos de los detenidos bajo su custodia, así como a investigar, identificar y sancionar a los responsables y prevenir nuevos actos violentos.
El último enfrentamiento se registró el 13 de noviembre cuando 68 privados de la libertad murieron en el centro de detención del Litoral y otros 25 resultaron heridos. Ese centro alberga a unos 8.359 presos cuando su capacidad es de 5.000.
