Luego de la alarma que se prendiera el domingo 23 de junio de 2019 por la disputa de territorios en las minas ilegales de Buenos Aires, los investigadores presentaron los últimos informes de cómo está la situación en los yacimientos abiertos en esa pequeña parroquia de Imbabura.
Fotografías que fueron captadas entre el lunes y ayer muestran que sobre la montaña hay decenas de pequeñas casas en las que habitan los mineros. A finales del 2017 e inicios del 2018, cuando estalló este fenómeno, en el sitio solo había covachas cubiertas con plástico negro.
Ahora, muchas son de madera, con techos laminados. Un reporte que los investigadores recibieron el mes pasado señala que hay 5 000 personas dedicadas a esta actividad. Información que se maneja oficialmente señala que existe un flujo constante de trabajadores de todo el país y que tras mejorar los asentamientos hay personas que ya no salen al centro de Buenos Aires.
La mayoría de las casas tienen luz y generadores eléctricos. Hay agua entubada, que se extrae de una fuente que está detrás de las minas. Los uniformados dicen que incluso tienen servicio de Internet. Además, funcionan bares, licorerías, restaurantes, prostíbulos, ferreterías, etc. Una botella de agua de 250 mililitros cuesta USD 1 y un almuerzo, USD 5. Todo se mueve con dinero en efectivo y abundan los billetes de USD 100.
Desde lo más alto de los cerros se instalaron decenas de cables metálicos que hacen la función de poleas. Por allí se trasladan las piedras. En la parte baja, en cambio, están las chanchas, en donde se las convierte en polvo. De ese material se separan los minerales y se consigue el oro. Personal que investiga este caso señala que después del enfrentamiento del domingo, los mineros volvieron a la actividad ilícita.
De hecho, el lunes, el ministro de Energía, Carlos Pérez, confirmó que la fuerza pública solo está en el centro poblado y no en las minas, que quedan a dos y tres horas de camino por zonas cubiertas de lodo amarillo. Un gendarme contó que tras los ataques del fin de semana, 40 hombres de unidades de élite de la Policía, acompañados con perros amaestrados, llegaron a las minas y realizaron un rastreo en busca de cadáveres, pues los pobladores alertaban de muertos y lesionados.
Hasta el momento, la Policía había dicho que son cuatro heridos. Pero ayer, el gobernador de Imbabura, Galo Zamora, confirmó también un fallecido por impactos de bala. El funcionario además aseguró que en la parroquia se detectó la presencia de dos grupos irregulares, que serían los causantes de los disparos. Según Zamora, los heridos son extranjeros. Por la gravedad de las lesiones, dos fueron trasladados a Quito y dos más se recuperan en un hospital de Ibarra. Todos están bajo custodia policial. Uno perdió la visión a causa de perdigones.
Para el Gobernador, esto solamente refleja la inseguridad que se vive en la zona. “En medio de ese escenario, gente inescrupulosa comenzó a utilizar la fuerza y el chantaje. Pero eso se tiene que acabar. No se permitirá que la zozobra, extorsión, lavado, prostitución, alcoholismo y drogadicción sigan afectando a la población de Buenos Aires”.
Por eso se coordinaron acciones con el Ejército y la Policía, para controlar la situación. La ministra del Interior, María Paula Romo, aseguró que ha comenzado “una nueva fase de ocupación y control de la zona de Buenos Aires”. Luego indicó: “Ni en esta ni en otras zonas permitiremos que la minería ilegal nos gane la batalla”. Las autoridades de Imbabura confirmaron que se les dará un plazo para que las personas que no son del sitio abandonen el lugar. El 29 de mayo pasado, decenas de trabajadores ya dejaron la zona, pero hay muchos que aún continúan trabajando. Militares y policías dijeron que seguirán los controles en las rutas de acceso para evitar que gente extraña o sus familiares puedan pasar al poblado o a las minas. La idea es dar tranquilidad al poblado.
ALD/EC
