La Corte Suprema de Justicia de Colombia autorizó la extradición de Frankli Vargas Pedroza y Juan Manuel Ortiz, dos colombianos requeridos por la justicia de Corrientes por montar una organización delictiva que giraba en torno al conocido negocio ilegal de los préstamos a «gota a gota» en localidades del interior provincial.
Antilavadodedinero / Momarandu
En la decisión del alto tribunal de Colombia, reproducido por el sitio «www.semana.com», se hace referencia que mediante resolución del 31 de enero de 2020, el Fiscal General de la Nación ordenó la captura con fines de extradición de Frankli Vargas Pedroza, uno de los hombres involucrados en este caso.
La decisión cobija a otro colombiano que operaba también allí en Argentina.
La historia de Vargas puntualmente surge porque, precisamente, se venía desempeñando como “jefe” dentro de la estructura piramidal y celular de una organización criminal –integrada en su gran mayoría por personas de nacionalidad colombiana- con objetivos netamente lucrativos y violencia de mano, cuyos miembros se dedicarían al otorgamiento de micropréstamos a personas de bajos recursos dentro de la localidad de Curuzú Cuatiá, Provincia de Corrientes.
La Corte de Colombia señala que estas personas “harían las veces de vendedores mobiliarios para el hogar, con el objeto de conformar una posible “pantalla” para la actividad usuraria. Más precisamente, Frankli Vargas Pedroza quien sería el “patrón” de cobradores en localidades Correntinas (…), de los comúnmente conocidos como préstamos o créditos “gota a gota” los que según la Proelac, “se trata de microcréditos cuya tasa de interés puede llegar a quintuplicar a la de las entidades financieras o tarjetas de crédito, con cancelación exigible en cuotas diarias, señales o mensuales y nulos requisitos de acceso”.
Ante la proliferación de casos en distintas jurisdicciones del país, “el área de Lavado de Activos de la procuraduría de Argentina advirtió sobre organizaciones delictivas detrás de esta modalidad de usura, vinculadas al lavado de activos, trata de personas y el crimen organizado”. La forma de pago, de los préstamos o créditos otorgados, sería bajo la modalidad de pequeñas cuotas diarias, semanales, quincenales o mensuales que presenta un alto interés.
Lo qué llamó también la atención de las autoridades y los investigadores es que en caso de incumplimiento o mora en el pago, los cobradores concurrirían a los domicilios de los clientes golpeando puertas, a fin de extorsionarlos, proferir amenazas, provocar todo tipo de daño en los bienes, lesiones en los clientes, lo que incluiría maltrato a niños o personas de avanzada edad. De igual forma, en tales supuestos, retirarían el patrimonio de las víctimas toda vez que cuenten con el dinero necesario para saldar la deuda.
La Corte de Colombia también advierte que se debe condicionar la entrega, en el caso de Frankli Vargas, a que se le respeten, “como a cualquier otro nacional en las mismas circunstancias, todas las garantías debidas en razón de su calidad de justiciable, en particular a tener acceso a un proceso público sin dilaciones injustificadas, se presuma su inocencia, contar con un defensor designado por él o por el Estado, se le conceda el tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa”,.
Y agrega “que además pueda presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra, a que su situación de detenido se desarrolle en condiciones dignas y a que la eventual pena privativa de la libertad que se le imponga tenga como finalidad esencial la resocialización”.
En tanto, también se aprobó la extradición de Juan Manuel Ortiz Delgado, quien haría parte de la misma organización, y quien fue detenido por circular roja de Interpol el 6 de febrero de 2020 en Florida (Valle).
La investigación también detalla que los intereses que manejaría la organización sería del 30 o 40 por ciento cada cuatro semanas. Dicho de otro modo, por cada mil pesos debían devolverse mil trescientos pesos en veintiocho días aproximadamente. Por lo que, haciendo una proyección anual, se trataría de aproximadamente de un interés del 400 por ciento.
La justicia argentina pidió circular roja de Interpol para dar con el paradero de estos dos integrantes de la banda criminal. La Policía colombiana capturó a Vargas Pedroza el 31 de enero de 2020 mientras que Juan Manuel Ortiz fue detenido por circular roja de Interpol el 6 de febrero de 2020 en Florida (Valle).
