Aparte de la corrupción pública, que constituye la principal prioridad investigativa, las autoridades del FBI en Puerto Rico siguen el rastro a múltiples ardides, donde se combinan actividades de lavado de dinero y criptomonedas e incluso, fraudes en inversiones utilizando la llamada Ley 22 de 2012.
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En algunos casos, se trata de delincuentes en actividades de narcotráfico que necesitan blanquear el capital que obtuvieron de dicha actividad criminal.
Pero en otras instancias, explicó el agente del Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) Ezequiel López, se trata de estafadores, quienes se aprovechan de personas con ciertos recursos, pero poco entendidas en temas de inversiones.
López hizo sus expresiones durante el segundo día del Foro de Servicios Financieros que se celebró en el Fairmont El San Juan Hotel y concluyó ayer. El evento de dos días fue promovido por la Asociación de Bancos Internacionales de Puerto Rico (ABIPR) y la Asociación de Aseguradoras Internacionales de Puerto Rico (PRIIA, en inglés) con el objetivo de atraer profesionales y empresas en tales nichos a la isla, pero también para insistir en la importancia de que las entidades que hacen negocios bajo el Centro Internacional de Seguros (CIS) o el Centro Financiero Internacional cumplan con toda la reglamentación vinculada a la gestión de entidades financieras, la prevención de lavado de dinero y de transacciones con personas, gobierno o empresas sancionadas por la Oficina del Control de Activos Foráneos (OFAC, en inglés), adscrita al Departamento del Tesoro federal.
De acuerdo con Louis Feliciano, supervisor del Equipo de Lavado de Dinero del FBI en San Juan, las particularidades legales de Puerto Rico que dieron pie al establecimiento de instituciones financieras internacionales en la isla crearon un ambiente de “mucha vulnerabilidad” hacia prácticas ilícitas como el lavado de dinero, que solo se acentuaron con la aprobación de las Leyes 20 y 22, ahora incorporadas en el Código de Incentivos Contributivos conocido como la Ley 60.
Las prácticas más frecuentes
López, quien posee una certificación especial vinculada con el funcionamiento de criptodivisas y forma parte del Equipo de Respuesta Nacional para Divisas Virtuales, explicó que cuando se habla de actividades monetarias ilícitas no se trata exclusivamente de actividades criminales sino también actividades dirigidas a evadir el pago de impuestos.
Según López, una práctica frecuente en la isla es el uso de negocios de servicios monetarios (MSB, en inglés) o los llamados “cashitos” para cambiar cheques que de otra forma, no habrían sido cambiados por un banco comercial o entidad financiera. El agente especial explicó que los llamados cashitos suelen agrupar los cheques y los entregan a otros MSB que sí tienen acceso a cuentas bancarias comerciales para concretar de esta forma el lavado de dinero.
“Este es uno de los problemas que más vemos”, dijo López.
“El objetivo es que haya un conducto para acceder al sistema financiero”, insistió el agente especial.
Ley 22, criptomonedas y más
De acuerdo con López, otra práctica frecuente son los fraudes con inversiones, donde personas vulnerables, en especial, envejecientes, son blanco de estafadores, que ahora combinan sus ardides con la Ley 22 e incluso, criptomonedas.
López señaló que a Puerto Rico están llegando personas para prometer inversiones que no sucederán.
Indicó, por ejemplo, que el FBI en San Juan investigó el caso de una persona que promovía comprar acciones en una cartera de bienes raíces y dicha entidad estaba vinculada a la Ley 22.
En este fraude, la persona prácticamente tomaba ventaja de los beneficios de la Ley 22 al recibir dividendos producto del supuesto instrumento de inversiones en bienes raíces que había creado. Pero en realidad, la inversión que pagaba dividendos operaba como un fraude piramidal.
López lamentó que los incentivos contributivos que se crearon con el fin de beneficiar económicamente a la isla, ahora se exploten, perjudicando a otros.
Pero según López, otra práctica que se está dando en Puerto Rico es el uso de cripto-cajeros automáticos para lavar dinero en la isla.
El agente especial explicó que en Puerto Rico, se han identificado casos, donde se los estafadores han promovido que las personas “inviertan” hasta $40,000 en cierto instrumento y el estafador ha utilizado el dinero para comprar criptomonedas.
El agente sostuvo que los cripto-cajeros automáticos se han convertido en “un conducto” para el fraude.
López destacó que el aumento en el número de cripto-cajeros en la isla, es una muestra del “boom” que tiene el sector y que amerita seguir de cerca.
La fisura en Puerto Rico
En una entrevista separada, el Agente Especial a Cargo del FBI en San Juan, Joseph González, quien también participó en el foro, confirmó además que personas vinculadas al narcortráfico utilizan criptomonedas para que, una vez los cargamentos de droga lleguen a la isla, se envién pagos en criptomonedas a los distintos actores en países como República Dominicana y Nicaragua, entre otros.
En síntesis, a juzgar por las expresiones de López y Feliciano, al igual que aquellas del Fiscal Federal de Distrito para Puerto Rico, Stephen Muldrow y González, durante el foro, las gestiones para atraer inversión extranjera a la isla no han ido al a par con los esfuerzos para frenar aquellas actividades que ponen en riesgo al sistema financiero estadounidense y es hora de cerrar la brecha.
“El lavado de dinero afecta toda la comunidad, pero también se utiliza para cualquier delito, puede ser para trata humana, droga, fraude, terrorismo”, dijo Muldrow a El Nuevo Día.
Muldrow indicó que en todos los estados donde se cometen delitos, también hay blanqueo de capitales, pero explicó que Puerto Rico está en un lugar que permite a actores en América Latina y a países como Venezuela acceder al sistema estadounidense con facilidad.
En ese sentido, Muldrow indicó que Venezuela continúa teniendo alta prioridad e los trabajos de las autoridades federales de ley y orden en Puerto Rico.
El Nuevo Día preguntó a Muldrow si al presente, se lleva a cabo alguna investigación por lavado de dinero en entidades bancarias internacionales.
“Siempre estamos investigando cualquier tipo de actividad relacionada a lavado de dinero”, dijo Muldrow.
