Durante las últimas seis semanas se presentaron cargos delictivos contra personas que incurrieron en actos de fraude contra el sistema de atención sanitaria, luego de una acción policial coordinada a nivel nacional..
Antilavadodedinero/ Cibercuba
Más de 50 empleados, directivos y propietarios de clínicas y centros médicos del sur de Florida fueron acusados por defraudar en unos $308 millones de dólares a los programas de atención de salud, anunciaron este viernes las autoridades federales.
De acuerdo con un reporte de la fiscalía federal de Miami, durante las últimas seis semanas se han presentado cargos delictivos contra personas que incurrieron en actos de fraude contra el sistema de atención sanitaria, luego de una acción policial coordinada a nivel nacional para enfrentar la creciente ola de violaciones en el sector médico.
Los cargos federales presentados contra los acusados abarcan una amplia gama de esquemas delictivos que van desde el robo de equipos de protección personal relacionados con la batalla contra el COVID-19 y el fraude en centro especiales para el tratamiento por abuso de drogas, hasta infracciones más frecuentes contra los programas de Medicare y Medicaid, el desfalco de proveedores de equipos médicos, violaciones en el servicio farmacéutico, pago de sobornos y lavado de dinero.
Se alega que los implicados en la estafa en el distrito Sur de Florida, que se extiende desde Palm Beach hasta la zona de los Cayos, lograron cobrar más de $106 millones de dólares de los $308 millones facturados en reclamaciones fraudulentas durante seis semanas.
La redada incluyó varias clínicas, hospitales y compañías del área de Miami, Miami Beach, Hialeah y Hialeah Gardens, y entre los encausados figuran numerosas personas de origen cubano, según pudo conocer CiberCuba.
«El sur de Florida es la Zona Cero del fraude de salud y, en consecuencia, el FBI y organismos asociados dedican vastos recursos a investigar, atrapar y perseguir a quienes cometen este fraude», afirmó George L. Piro, agente especial del FBI en Miami. «Las víctimas son los contribuyentes estadounidenses, usted y yo, y nuestro mensaje a quienes cometen fraudes sanitarios y roban a los contribuyentes estadounidenses es claro: serán atrapados y serán castigados».
La investigación desplegada en el sur de Florida incorporó al FBI, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, la Oficina del Inspector General (HHS-OIG), la Administración de Seguridad Social, la unidad de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (HSI) y el Departamento de Fraude de Seguros, entre otros organismos estatales y agencias federales.
Entre los casos y los individuos procesados se encuentran los siguientes:
- Rickey Delancey, de 30 años y residente de Miami. Acusado de conspiración para robar productos médicos, robo de productos médicos y transporte de bienes robados. Delancey trabajaba en el departamento de suministros del Hospital Mount Sinai, en Miami Beach, y entre abril y noviembre de 2020 robó máscaras N95 y otros suministros médicos para venderlos a varios compradores. Vendió en total $55,000 dólares en máscaras robadas a un comprador de California. Como resultado de los robos, durante el punto álgido de la pandemia de COVID-19, el Mount Sinai no disponía de los suministros necesarios para las enfermeras, los médicos, el personal y los pacientes.
- Edward Pizzi, de 40 años y residente en Miami. Dueño del Centro Médico Ríos y la Clínica Médica Unión, ambos en Miami. Acusado de conspiración para pagar sobornos de atención médica. Ordenó a sus empleados que ofrecieran sobornos para reclutar beneficiarios de Medicare y de Medicaid en las clínicas, y ofrecer supuestos servicios de terapia mental. La mayoría de los beneficiarios reclutados no necesitaban ni cumplían los requisitos para recibir esos servicios.
- Mayara González Chaviano, de 28 años y residente en Miami. Acusada de conspiración para pagar sobornos de atención médica. Era la gerente de oficina del Centro Médico y la Clínica Médica Unión. Gestionó el esquema de las clínicas para pagar sobornos y reclutar beneficiarios de Medicare y de Medicaid.
- Liliana Liseth Duarte, de 47 años y residente en Miami. Empleada del Centro Médico Ríos y la Clínica Unión. Acusada de conspiración para pagar sobornos de atención médica.
- Greisy Rosario Varona Docasal, de 52 años y residente de Miami. Gerente de la oficina de un médico. Acusada de conspiración para reclutar ilegalmente a beneficiarios de Medicare y referirlos a las agencias de salud a cambio de recibir sobornos.
- Mayra De La Paz, de 69 años y residente de Hialeah. Acusada de conspiración para solicitar y recibir sobornos de una agencia de atención médica domiciliaria en relación con Medicare.
- Michael Marcelus Mogollón, de 33 años y residente de Miami. Acusado de conspiración para cometer fraude de atención médica y fraude electrónico. Mogollón pagó sobornos a los beneficiarios del seguro Blue Cross Blue Shield a cambio de que los pacientes permitieran a las clínicas de Miami Quality Professional y Renewal, de Miami, y Zion Medical, de Hialeah, facturar prestaciones, artículos y servicios médicos que no eran necesarios. Las clínicas facturaron a Blue Cross Blue Shield unos $678,800 dólares y cobraron $220,000 dólares en reclamaciones falsas.
- Jorge Luis Taboada, de 52 años y residente de Miami. Acusado de conspiración para cometer fraude de atención médica y fraude electrónico. Pagó sobornos a los beneficiarios de los seguros de salud Blue Cross Blue Shield y Aetna a cambio de que los pacientes permitieran que United Medical of South Florida facturara por beneficios médicos, artículos y servicios que no eran necesarios, no eran elegibles para el reembolso y no fueron recibidos por los beneficiarios. Las clínicas facturaron a Blue Cross Blue Shield y Aetna entre $1.5 y $3.5 millones.
- Julio Cesar Betancourt, de 31 años y residente de Hialeah Gardens. Propietario de JD Solution USA. Acusado de conspiración para cometer lavado de dinero. Conspiró para lavar $363,139 dólares en ganancias de fraude de atención médica entre julio y octubre de 2019.
- Jorge Luis López Peña, de 36 años y residente de Miami. Propietario de Lopez Distributors. Acusado de conspiración para cometer lavado de dinero. Conspiró para lavar $185,671 dólares en ganancias de fraude de atención médica entre agosto y diciembre de 2019.
- Ángel Pimentel, de 72 años y residente de Miami. Propietario de la farmacia Maggie Pharmacy Discount, en Hialeah. Acusado de conspiración para cometer fraude en la atención médica. Entre marzo de 2015 y agosto de 2019 presentó $988,983 dólares en reclamaciones a Medicare, otorgando de manera falsa y fraudulenta varios beneficios de atención médica, principalmente medicamentos no necesitados.
«No cejaremos en la tarea de responsabilizar a quienes en el sur de Florida se aprovechan de los programas de atención sanitaria y de la confianza de los pacientes para obtener beneficios personales, especialmente durante la pandemia mundial de COVID-19», dijo Juan Antonio González, jefe de la fiscalía federal en el Distrito Sur de Florida.
La ofensiva gubernamental contra el fraude en el sistema de salud se extendió a todo el país. Aunque el sur de Florida lideró los casos delictivos, en el total nacional figuraron como acusadas 138 personas, entre ellas 42 médicos, enfermeras y otros profesionales de la medicina por su presunta participación en varios esquemas de falsificación y estafa que dieron lugar a unos $1,400 millones de dólares en pérdidas.
El mayor volumen del desfalco -unos $1,100 millones de dólares- se registra en fraudes cometidos mediante la telemedicina, una práctica extendida durante la pandemia para prestar servicios de atención sanitaria a distancia mediante el uso de las tecnologías.
El sur de Florida encabeza los juicios por fraude en la atención médica a nivel nacional. Durante el año fiscal 2021, que concluye el próximo 30 de septiembre, un total de 196 personas han sido imputadas por delitos relacionados con desfalcos al sistema sanitario.
Se calcula que las acciones fraudulentas en el sector médico implicaron facturaciones por $2,200 millones de dólares, de los cuales se pagaron aproximadamente $488 millones.
