La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a una jueza federal que imponga una pena de 45 años de prisión por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada a dos exfuncionarios federales por su presunta participación en el esquema conocido como La Estafa Maestra.
Se trata de José Antolino Orozco y María de la luz Vargas quienes, en el desarrollo de la investigación, fueron extorsionados por fiscales federales tras testificar y denunciar el fraude, según se reveló en grabaciones y un reportaje dado a conocer por Eme-equis y la organización TOJIL.
El juicio oral en contra de dichos exfuncionarios comenzó el día de ayer en el Centro de Justicia Federal del Altiplano ante la jueza Nancy Selene Hidalgo Pérez. De acuerdo con lo informado en el noticiero Así las cosas PM de W Radio se prevé que el juicio dure varios días por las decenas de testigos y pruebas que necesitan desahogarse.
Orozco y Vargas son considerados en la acusación de la FGR como integrantes de una estructura delictiva con la cual se desviaron más de cinco mil millones de pesos desde la Sedesol y Sedatu.
Sin embargo y de acuerdo con lo referido por los medios citados ambos exfuncionarios declararon en mayo de 2019 ante la FGR que los convenios irregulares eran operados desde la Oficialía Mayor. Antolino, y otros testigos, revelaron la estructura delictiva encabezada por Emilio Zebadúa González, así como nombres de sus cómplices, direcciones, prestanombres, empresas, etc.
Lo hicieron en el contexto de una solicitud de criterio de oportunidad que no se les concedió, pero que a la postre dio paso a la exigencia de pagos por parte de los fiscales. Un audio entre la fiscal federal Erica Canuto y el defensor de estos exfuncionarios evidencia la mecánica de los cobros.
Pese a que de acuerdo con la propia carpeta de investigación del caso la organización delictiva estaría encabezada por Zebadúa, y a que la UIF presentó en su contra y de sus dos hermanos una denuncia por lavado de dinero, fiscales federales de FEMDO los excluyeron de forma irregular del caso.
De hecho, José Antolino Orozco y María de la luz Vargas son los únicos dos exfuncionarios bajo proceso penal por el caso de lavado de dinero y delincuencia organizada. La organización delictiva que los fiscales federales le expusieron al juez (sin Zebadúa incluido) señalaba como supuesta líder a la exsecretaria de Estado Rosario Robles berlanga, a quien se le giró una orden de aprehensión que, otra vez de forma irregular, no fue cumplimentada por los fiscales federales.
Ayer Notitia Criminis publicó que son seis los fiscales y exfiscales implicados en diversas irregularidades. La ya referida Erica Canuto, además de Teresa Maldonado Rodríguez quien tenía asignada la carpeta de investigación; Mario Bulmaro Fonseca Barrera que actuaba en apoyo de esta; y Mónica Martel Olguín, coordinadora de todo el equipo.
Y por el lado del caso de delincuencia organizada el exfiscal Federico Amezcua Ornelas y el exjefe de la unidad antilavado, Ancelmo Mauro Jiménez Cruz, quienes fueron los responsables de haber excluido a Zebadúa del caso y de no haber ejecutado la orden de arresto en contra de Robles.
Estos dos últimos salieron en diciembre de 2022 de la FGR por sospechas de posibles hechos de corrupción, pero Amezcua labora ahora como Director para la Reconciliación y Justicia en la Secretaría de Gobernación y participa, entre otras cosas, en los trabajos de la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa.
