La Justicia sudafricana fijó este martes el 17 de mayo como fecha para iniciar el juicio pendiente contra el expresidente Jacob Zuma por corrupción y otros delitos en relación a un acuerdo armamentístico presuntamente fraudulento firmado con la empresa francesa Thales a finales de la década de 1990.
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En una breve audiencia celebrada este martes sin la presencia del expresidente en la ciudad de Pietermaritzburg (este), el fiscal del caso, Billy Downer, informó al juez Nkosinathi Chili de que la acusación pública y los procesados habían llegado a un acuerdo para el inicio del proceso.
Con ello, Chili declaró por fin la causa «lista para juicio», tras casi tres años de trámites preliminares.
El magistrado, no obstante, puntualizó que la fecha estará sujeta a inconvenientes causados por la covid-19, incluidas las restricciones de viaje internacional que podrían impedir la comparecencia de algunos testigos que residen fuera de Sudáfrica.
De acuerdo con la Fiscalía, el caso requerirá el testimonio de más de 200 personas.
LAS ACUSACIONES CONTRA ZUMA
En esta causa, al expresidente Zuma (que gobernó entre 2009 y 2018) se le imputan cargos de asociación ilícita, corrupción, lavado de dinero y fraude tras cerca de 800 operaciones supuestamente fraudulentas relacionadas con un acuerdo de armas millonario firmado a finales de la década de 1990 con Thales.
A Zuma se le acusa de haber recibido sobornos con la intermediación de su entonces asesor financiero, Shabir Shaik.
La imputación del expresidente siguió un camino judicial muy complejo durante más de una década hasta que, en marzo de 2018, la Fiscalía anunció la decisión de acusarle formalmente.
Zuma había dimitido de la Presidencia solo un mes antes, forzado por su propio partido en medio de múltiples escándalos de corrupción que terminaron con su imagen de «presidente del pueblo».
El caso sobre el presunto acuerdo fraudulento de armas no es la única investigación abierta contra él pero sí la más avanzada.
La investigación apodada «Captura del Estado» le acusa de participar de un entramado corrupto establecido durante su gobierno con la finalidad de beneficiar a su persona y al aparato estatal, además de a otros altos cargos y empresarios.
Esta investigación está en manos de una comisión judicial ante la cual Zuma se ha negado de forma reiterada a declarar, incluso pese a las órdenes expresas del Tribunal Constitucional de hacerlo.
La postura de Zuma, quien califica estas acusaciones de persecución política, hizo que esta comisión pidiera el lunes al Constitucional imponer al expresidente un castigo de 2 años de prisión por su abierto desafío a las órdenes judiciales.
Por el momento, no hay fecha para que el máximo tribunal del país dirima sobre esa petición.
Además de estos casos, el exmandatario tuvo que devolver ya en 2016, también por orden de la Justicia, medio millón de euros de dinero público que había usado de forma irregular en la reforma de su residencia privada.
