Instituciones federales del gobierno de Estados Unidos están en proceso de actualizar el marco legal destinado a combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Según informes recientes, la Reserva Federal (Fed) anunció que recibirán comentarios de entidades financieras durante los próximos dos meses sobre la propuesta.
El objetivo principal de esta actualización es alinearse con los cambios propuestos por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, los cuales derivan principalmente de la Ley contra el Lavado de Dinero del 2020. Estos cambios buscan fortalecer los programas de prevención y detección de actividades financieras ilícitas.
Enfoque basado en riesgos
Uno de los puntos centrales de la revisión será la adecuación de los requisitos para que las instituciones supervisadas establezcan, implementen y mantengan programas efectivos contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Estos programas deberán ser basados en el riesgo y diseñados de manera razonable, según las especificidades de cada institución.
La propuesta también incluye la obligación para las instituciones supervisadas de identificar, evaluar y documentar los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo, así como otras actividades financieras ilícitas. Este enfoque se alinea con las prioridades nacionales establecidas por el FinCEN.
Responsabilidad y supervisión
Además, se propone que el establecimiento, mantenimiento y ejecución de estos programas continúe siendo responsabilidad de individuos situados en Estados Unidos, asegurando así una supervisión efectiva y un control adecuado por parte de las agencias correspondientes.
Además de la Fed, otras instituciones como la Corporación Federal de Seguros de Depósito, la Administración Nacional de Cooperativas de Crédito y la Oficina del Contralor de la Moneda de Estados Unidos también están involucradas en la solicitud de comentarios para sus supervisados. Este proceso de consulta busca asegurar que las nuevas regulaciones sean implementadas de manera efectiva y beneficiosa para todos los actores involucrados en el sistema financiero estadounidense.
