Las autoridades en México trabajan en la creación de la Segunda Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en la que se creó una alerta de riesgo que no se estableció en las compañías de tecnología financiera o fintech.
Según el texto preliminar se identificaron 26 riesgos que tiene el país en relación con el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. “En el 2016 se publicó la primera Evaluación Nacional de Riesgos (ENR), la cual se elaboró para dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional contra el blanqueo de capitales (GAFI), específicamente, la recomendación uno”, está incluido en la edición preliminar.
Con respecto a los riesgos de financiamiento al terrorismo, en el proyecto se identificó temas como ubicación geográfica, las fronteras, la ausencia de conocimiento y capacitación del financiamiento al terrorismo, uso sin fines de lucro, entre otros.
Bajo esta modalidad, el documento preliminar, la operación de empresas fintech podría significar un riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. “Actualmente se está realizando un análisis de la prevalencia de dichos riesgos a fin de determinar su permanencia, así como la incorporación, en su caso, de aquellos que se detecten y que hasta la fecha tiene que ver con empresas conocidas como fintech”, está contemplado Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Por su parte, Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, reconoció en varias ocasiones que el uso del bitcoin, ha estado relacionado con posibles casos de lavado de dinero, por lo que la unidad a su cargo ya los investiga.
Este documento, que se acopla a la recomendación uno del GAFI, que ayuda a los países a que se aplique un enfoque basado en riesgo para garantizar que las medidas implementadas para combatir el blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo sean proporcionales a los riesgos del país.
Además permite descubrir las organizaciones delictivas y bloqueo de los recursos para su financiamiento, con el fin de reintegrar los recursos a la hacienda pública para la promoción de programas sociales, educativos y de desarrollo económico.
El Economista
