El fiscal general de Panamá renunció el miércoles en medio de casos de corrupción de alto perfil sin resolver y del reciente clamor de la población para que se castigue a los involucrados en abusos contra menores en albergues regentados por el Estado, denunciados por una comisión legislativa.
Antilavadodedinero / sandiegouniontribune
Eduardo Ulloa informó de su dimisión, a partir del 1 de marzo, en una carta enviada al presidente Laurentino Cortizo, quien lo había designado en diciembre de 2019. Se suma a una lista de fiscales o procuradores generales de la nación que dejaron sus cargos inconclusos en la última década.
Ulloa no precisó las motivaciones que lo llevaron a abandonar el Ministerio Público, aunque muchos sectores en Panamá cuestionaban su inacción en investigaciones sobre denuncias de corrupción pública durante la pandemia y de sonados casos con los que se topó al asumir en enero de 2020, incluido el más grande sobre los sobornos repartidos por la brasileña Odebrecht.
En el caso Odebrecht —que según las autoridades ocasionó lesiones al Estado por más de 200 millones de dólares y que no ha sido resuelto por la justicia— hay un centenar de imputados, entre ellos, los expresidentes Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019). En Panamá también se ha denunciado que altos jueces, poderosos sectores empresariales y políticos han ejercido presión o puesto trabas para dar al traste con la conclusión de este caso.
Ulloa dijo en su misiva que debió trabajar con un “sistema incapaz de dar solución a situaciones tan críticas como el bienestar de nuestra niñez”, aludiendo al creciente escándalo por las denuncias de abusos y maltratados en menores de albergues bajo responsabilidad estatal, que ha generado protestas en las calles. Hasta el momento ninguna persona es investigada ni se ha separado a ningún funcionario tras las denuncias.
