“Queridos. El escándalo tiene nombre y apellido. Raquel Dodge”. Esta frase, escrita por un fiscal brasileño a sus colegas de la operación anticorrupción Lava Jato en un chat en marzo pasado, es emblemática por la cáustica opinión que tiene el equipo de investigación de Curitiba sobre su jefa, la fiscal general de Brasil. La frase es parte de varios años de conversaciones mantenidas en la red Telegram y enviadas al medio digital The Intercept por una fuente anónima. En los diálogos entre los investigadores, analizados en conjunto con EL PAÍS, el cargo más alto de la Fiscalía emerge como una enemiga interna de la operación, un escollo para las cuestiones administrativas y una amenaza para el progreso de las investigaciones.
Los fiscales de Curitiba, el principal frente de investigación de este macrocaso, critican a Dodge por haber paralizado la delación de Léo Pinheiro, expresidente de la constructora OAS y testigo clave en la acusación contra el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva. Los mensajes muestran que, en su intento de debilitarla, los fiscales discuten incluso cómo minar su imagen en la prensa, como demuestran los mensajes.
The Intercept comenzó a publicar en junio los mensajes que los fiscales del macrocaso se intercambiaron entre ellos y con el entonces juez de Curitiba Sergio Moro, ahora ministro de Justicia, sembrando dudas sobre su actuación en un caso que comenzó hace cinco años y que ha supuesto un terremoto judicial y político en Brasil, donde 150 personas han sido condenadas. Pero también ha tenido efectos importantes en otros países, sobre todo en Perú.
La desconfianza y el desdén hacia Dodge es previa a que asumiera el cargo en septiembre de 2017. El 20 de junio de aquel año, unos días antes de su nombre sonara para ocupar el puesto, Deltan Dallagnol escribe en el chat: “Bastidores: Raquel Dodge se acercó a (el juez del Supremo) Gilmar Mendes y es la candidata a la PGR (siglas en portugués de la Fiscalía General de la República)”. Los investigadores la consideran aliada a Mendes, contra el que planearon buscar pruebas él en Suiza, según mensajes, lo que supondría extralimitarse.
Pero también molestaría porque la fiscal libera las partidas de presupuesto para la operación y envía al Supremo los acuerdos de delación de los aforados. Es decir, los acuerdos de colaboración que permiten a los detenidos obtener beneficios a cambio de informar de otros delitos. Los de Curitiba dependen de ella de una forma todavía más fundamental: Dodge, cuyo mandato termina el 17 de septiembre, es quien determinará si se renueva por otro año el equipo de investigación especial, ya que la operación está autorizada hasta el 9 de septiembre.
En los enfrentamientos hay un punto neurálgico que aparece en los mensajes: lo que tarda Dodge en homologar los acuerdos de delación, el combustible que ha mantenido la Lava Jato en marcha durante cinco años. La concesión de beneficios a cambio de incriminar a otros requiere de la aprobación del fiscal general de turno si esas declaraciones afectan a personas aforadas. Piezas clave de la investigación, como Pinheiro, de la empresa OAS que incriminó al expresidente Lula da Silva en el caso del tríplex (por el que está encarcelado), todavía no han revelado todo lo que prometieron. Dodge aún no ha enviado al Supremo el acuerdo que Pinheiro firmó en diciembre de 2018 con la Fiscalía. Consultada la Fiscalía General de la República, esta ha respondido que “no se manifiesta sobre material de origen ilícito” y tampoco sobre los acuerdos de delación porque son procedimientos confidenciales. Y la fiscalía de Curitiba tampoco ha querido hacer comentarios.
En varias ocasiones, los investigadores repiten que Dodge “no envía nada”, “lo centraliza todo” y se quejan de la tardanza. De hecho, las diligencias de la Lava Jato en el Supremo se han reducido drásticamente desde que Dodge fue designada fiscal general, en septiembre de 2017. Entre 2015 y 2018 se homologaron 110 delaciones en el Supremo. Solo una de ellas se ha realizado durante el mandato de Dodge. En 2019, no se ha producido ninguna homologación.
Ante la inercia de la Fiscalía General, Dallagnol propone “presionar (a Dodge) utilizando la prensa en off”. “Podemos presionar de forma más agresiva utilizando la prensa”, añade. “El mensaje que transmite toda esta tardanza es que no le importa la evolución de las investigaciones de corrupción”, se queja el jefe del equipo de Curitiba. Y termina: “Cómo echo de menos a Janot”, refiriéndose al anterior fiscal general, Rodrigo Janot, con quien tenía una comunicación fluida e intercambiaba emojis.
Según la información de Globo, uno de los problemas sería que no había autorizado un viaje del equipo a Suiza, donde se realiza parte de la investigación. Dallagnol niega que haya pasado información al periodista. “Es una pena que los problemas de dentro de la institución acaben expuestos en la prensa”, le dice él a ella. Él insiste en que su equipo no tiene costumbre de filtrar información en off. “Confío en que tendrá la sabiduría para escuchar frustraciones con serenidad, evaluar críticamente lo que es pertinente y utilizarlo para fortalecer las relaciones y el trabajo que es de todos”, le escribe a Dodge.
En los últimos meses, la conversación de un grupo de fiscales, más amplio que el de la Lava Jato, ya era sobre el futuro. “Ha llegado el momento de construir alternativas de medio/largo plazo, porque el corto plazo será más de lo mismo”, dice un fiscal en diciembre de 2018 sobre Dodge. El mandato de Dodge termina el 17 de septiembre y ahora el destino de una buena parte de las grandes decisiones del Ministerio Público está en manos de Jair Bolsonaro. Le cabe al presidente anunciar su sucesor, lo que ha prometido hacer en los próximos días, advirtiendo que, por primera vez en 16 años, puede escoger a alguien de fuera de la terna de los más votados del gremio. Al escogido le tocará hacer lo que a Dodge le pareció imposible: reconciliar la Fiscalía General con la operación Lava Jato.
El País
