Es oficial. La fiscal General del Estado, Dolores Delgado; y el fiscal jefe de Anticorrupción Alejandro Luzón, han firmado los decretos que ponen fin a las tres diligencias de investigación que cercaban a Don Juan Carlos desde hace algo más de tres años por razón de su patrimonio. Y lo han hecho sin presentar querella ni dirigir contra él reproche penal alguno, bien por no encontrar indicios, bien porque los que pudiera haber los salvó con dos regularizaciones fiscales.
Antilavadodedinero / Abc
En dos decretos notificados este miércoles al abogado de Don Juan Carlos, Javier Sánchez Junco, se ponen así fin a más de tres años de pesquisas.
Las primeras pesquisas se iniciaron a finales de 2018 a partir de unos audios del comisario José Manuel Villarejo en los que Corinna Larsen afirmaba que Don Juan Carlos tenía fondos ocultos y testaferros en el extranjero y había recibido comisiones por su intermediación en la adjudicación a un consorcio español del AVE a la Meca.
Esta investigación afloró que el padre del Rey, de 2008 a 2012, tuvo una fundación en Panamá con cuenta en Suiza en la que recibió de Arabia Saudí 100 millones de dólares. También que su primo, Álvaro de Orleans, le había costeado 8 millones de euros en vuelos privados habiendo abdicado ya, un pago en especie nunca declarado.
Sobre la comisión en sí, la Fiscalia de Suiza, que también estuvo investigando, no encontró pruebas. Sobre los vuelos, Don Juan Carlos acometió una regularización fiscal y pagó una multa de 4,2 millones a Hacienda. La verificación de ese afloramiento es lo que ha alargado el cierre de la investigación. Una vez los peritos de Hacienda contrataron que se comparecía con la realidad de lo percibido en ejercicios no prescritos, hubo luz verde para archivar el caso.
En cuanto a las segundas diligencias, se trataba de unos fondos enviados a Don Juan Carlos a través de una persona interpuesta, el coronel del Aire Nicolás Murga, que los usaba para irle pagando gastos personales y familiares con tarjeta. Anticorrupción abrió la investigación a principios de 2019 y después, las asumió la Fiscalía del Supremo. Don Juan Carlos, al hilo, acometió otra regularización para bloquear el posible delito fiscal. Hacienda también la da por veraz y espontánea.
Las terceras nacieron en la recta final de 2020. Se trataba de una alerta del Servicio de Prevención de Blanqueo por unas disposiciones de fondos en un conglomerado empresarial en la Isla de Jersey.
Al final resultó que se trataba de un trust creado en 2014 por el amigo de Don Juan Carlos Joaquín Romero de Maura, con dinero procedente de otras dos sociedades que había levantado en los 90 Manuel Prado y Colón de Carvajal. De las primeras sí era beneficiario pero en la de 2014 ya no aparecía.
No consta que haya tenido ninguna relación con ese trust desde entonces ni que hiciese él las disposiciones de fondos detectadas. Estas, en todo caso, por cuantía no llegaban al delito fiscal.
