Como parte de su recorrido por los territorios, para conocer de primera mano el comportamiento de la criminalidad y definir estrategias investigativas diferenciales de acuerdo con la coyuntura de cada región, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, llegó a Nariño.
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En compañía de su equipo directivo visitó Pasto e Ipiales, donde verificó los avances en los planes contra el delito y sostuvo encuentros con las distintas autoridades para planificar acciones conjuntas que permitan garantizar la protección a la población y cerrarle el camino a los grupos armados organizados.
Desde el extremo suroccidental del país, en frontera con Ecuador, el Fiscal General de la Nación reveló que, gracias a las directrices impartidas en tiempos de pandemia para intensificar la lucha contra las finanzas ilícitas, la entidad obtuvo una cifra histórica de afectación de bienes con fines de extinción del derecho de dominio.
En 2020 fueron impuestas medidas cautelares a 8.701 bienes, cuyo valor supera los 12 billones de pesos (12.168.797’991.634). Este es el año con mayores resultados en extinción de dominio por el avalúo de las propiedades.
En ese sentido, los mayores resultados se obtuvieron en los siguientes frentes:
Crimen Organizado: Al ‘Clan del Golfo’ le fueron ocupados 519 bienes por más de 4 billones de pesos (4.287.024’134.462). De otra parte, se le impusieron medidas a 1.506 bienes de la organización criminal ‘La Oficina’, por un valor cercano al billón y medio de pesos.
Delincuencia organizada: Contra las redes dedicadas al narcomenudeo, homicidios, extorsión y otras conductas que inciden negativamente en la seguridad ciudadana se realizaron 85 operaciones con fines de extinción de dominio. Fueron afectados 1.381 bienes avalados en más de 453.000 millones de pesos ($453.608.864.225).
Delitos ambientales: A las estructuras vinculadas a minería ilegal, deforestación y otros delitos contra los recursos naturales se les afectaron 46 bienes por más de 53.000 millones de pesos ($53.300.000.000).
Corrupción: Por delitos contra la administración pública se ocuparon 66 bienes avaluados en más 40.000 millones de pesos ($40.287.680.000).
También sobresalen resultados contra las redes de explotación sexual de menores de edad y mujeres, que perdieron 356 bienes por más de 16.000 millones de pesos ($16.303’166.232); y las organizaciones involucradas en lavado de activos y enriquecimiento ilícito, a las que se les ocuparon 76 bienes por más de 34.000 millones de pesos (34.831.740.958).
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