Pedir información sobre el movimiento migratorio de 27 personas, solicitar a instituciones públicas las listas de los contratos celebrados entre 2012 y 2016 con 16 empresas, y definir la versión de 28 personas, son parte de las decisiones que adoptó la fiscal general, Diana Salazar, dentro del último impulso en el caso llamado Sobornos 2012-2016.
Los pedidos llegan una vez que la Fiscalía tiene en sus manos los 3.148 archivos encontrados en el computador personal de la exasistente de la Presidencia de la República Laura Terán, investigada por los delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias, junto a su exjefa Pamela Martínez; el ex secretario jurídico Alexis Mera; y la exministra María de los Ángeles Duarte.
Entre los nombres de quienes la Fiscalía busca saber su movimiento migratorio están Tomislav Topic, de Telconet; José Santos, Odebrecht; Cai Runguo, relacionado a Sinohydro; Rafael Córdova, de la compañía Metco; Manuel Fontana, de la empresa Fopeca; o Luis Valero, de Construvalero S.
Tanto los nombres de estas personas como las empresas han sido mencionados en las anotaciones hechas por Terán entre el 2012 y 2016. Todas mantienen un código que va desde el V1 al V18, son catalogados como “voluntarios” en el informe Verde Final y forman parte de la lista de empresas que entregaron dinero en efectivo y mediante el cruce de facturas para gastos del proyecto político del movimiento Alianza PAIS.
De empresas como Hidalgo & Hidalgo, Fopeca, Equitesa, Sanrib Corporation, Metco, Sinohydro, Consermin, Semaica, Odebrecht, CWE China International Water and Electric Corp., SK Engineering & Construction, entre otras, la Fiscalía busca tener todos los contratos que estas firmaron, entre 2012 y 2016, con instituciones.
Las versiones que solicita la fiscal también tienen que ver con exfuncionarios públicos como Carlos Baca, ex fiscal general, que aparecen nombrados en las anotaciones. Su nombre consta en el último egreso del documento Verde Final, del 9 de agosto de 2016, en el que se explica que Gustavo Bucaram recibió $ 100.000 con autorización de A1-RCD (Rafael Correa) y por pedido del exfiscal Baca para Rafael Contigo Siempre.
El colectivo, liderado por la actual parlamentaria andina Pamela Aguirre, estuvo a cargo de la campaña de recolección de firmas para que se permita la reelección de Correa. Desde esa lógica, Fiscalía pide que Aguirre rinda versión en este caso, más aún cuando ella dijo que en la campaña invirtió $ 3.000 que ahorró para su maestría.
La exasambleísta Sofía Espín también fue convocada para rendir versión el 16 de julio próximo. Espín forma parte de la lista de funcionarios que habría recibido dinero en efectivo para gastos de AP. Según los documentos, ella recibió en agosto del 2015, $42.930 por movilización a marchas el 13 de agosto de 2015 y la acción fue autorizada por L1 (Jorge Glas).
Wendy Vera, actual asambleísta correísta, no solo recibió su segundo llamado para rendir versión en este caso, sino que también la Fiscalía le pide que en 48 horas envíe copias certificadas de las facturas 001-001-276, del 26 de diciembre de 2013, por $13.440 con la empresa Metco y la número 001-001-272 del 12 de diciembre de 2013 por $6.720 con Fopeca.
De los archivos desmaterializados se muesta que la legisladora posee pagos hechos por Metco y Fopeca, el primero por “shows navideños para personal” y “pistas publicitarias”. Esos gastos tienen el código de aprobación VB.
