La Fiscalía General le envió formalmente a la Corte Suprema de Justicia los cuatro procesos que se adelantaban en contra del exsenador Armando Benedetti. Esto debido a que ya no cuenta con el fuero diplomático tras renunciar a su cargo como embajador de Colombia en Venezuela.
Debido a esto, los expedientes por enriquecimiento ilícito de servidor público, financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, corrupción electoral e interés indebido en la celebración de contratos pasaron nuevamente a conocimiento del alto tribunal que deberá tomar una decisión de fondo sobre la situación jurídica de Benedetti.
El ente investigador le notificó a la Corte que desde el pasado 23 de junio Benedetti dejó de ejercer como Embajador,hecho por el cual revivió el fuero constitucional que tiene, puesto que los hechos materia de investigación se presentaron cuando ostentaba el cargo de senador de la República.
El expediente por financiación de campañas electorales, el cual está relacionado directamente con el supuesto ingreso de dinero ilícito a las cuentas de la candidatura presidencial de Gustavo Petro, será estudiado conjuntamente por la Delegada ante la Corte Suprema de Justicia y la Dirección Especializada contra la Corrupción.
La base de esta investigación son los explosivos audios revelados por SEMANA en los cuales Benedetti le comenta a Laura Sarabia, entonces jefa del gabinete del Gobierno de Gustavo Petro, que él había conseguido “15 millones de barras” en una gira que hizo por Venezuela para la campaña presidencial en su recta final.
La Corte Suprema también deberá reanudar la recolección de pruebas en contra de Benedetti por presuntas actividades ilícitas relacionadas con la financiación de campañas políticas con recursos públicos, clonación de cédulas y financiación de grupos paramilitares.
El caso más avanzado, y en el que se deberá resolver si es llamado o no a juicio, tiene relación con los hechos de corrupción mediante el desvío de recursos y celebración irregular de contratos en el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade).
Corrupción electoral en La Guajira
Recientemente, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema pidió investigar a Armando Benedetti por su presunta participación en la compra de votos en las elecciones al Senado en el año 2018. Esto, luego que fuera mencionado en medio de la indagación contra el exsenador Eduardo Pulgar Daza―quien actualmente cumple una condena de cuatro años y medio de prisión por ofrecerle sobornos a un juez― por hechos de corrupción en Maicao, La Guajira.
El despacho del magistrado Marco Antonio Rueda hizo la respectiva compulsa de copias con el fin de que la Sala de Instrucción verifique la participación de Benedetti en los hechos ocurridos cuando era senador de la República. Debido a su fuero al momento de los hechos, el caso debe ser estudiado por el alto tribunal como lo establece la ley.
En el documento emitido el pasado 20 de junio se advierte que en el estudio de las pruebas practicadas (interceptaciones telefónicas) en la investigación contra Daza apareció el nombre del hasta hoy embajador de Colombia en Venezuela. “(…) Se constataron interacciones de las cuales se desprende que, al parecer, el exsenador Armando Alberto Benedetti Villaneda habría incurrido en conductas atentatorias contra los mecanismos de participación ciudadana al acudir a la compra de votos en el municipio de Maicao, La Guajira, de cara a las elecciones legislativas que tuvieron lugar el 11 de marzo de 2018″.
La compulsa de copias es muy clara cuando asegura que para la época de los hechos Benedetti buscaba repetir curul en el Senado para el período 2018-2022. El despacho del magistrado Rueda Soto envió a la Sala de Instrucción las grabaciones en las que aparece mencionado.
Por su parte, anunció que se seguirá realizando la investigación contra Pulgar Daza, quien fue sentenciado el 25 de junio de 2021 a 58 meses y 25 días efectivos de prisión como autor del delito de tráfico de influencias de servidor público en concurso heterogéneo con el delito de cohecho por ofrecer.
Esto después de aceptar que, siendo congresista, le ofreció 200 millones de pesos al juez promiscuo municipal de Usiacurí para que emitiera un fallo que beneficiaría a uno de sus principales aliados políticos en la Costa.
