La fiscal general europea, Laura Kövesi, reclamó a las autoridades españolas más personal para poder llevar a cabo investigaciones de fraude o corrupción de fondos europeos dentro del territorio español, como policías, fiscales e investigadores.
En una audiencia ante la comisión de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo, la máxima responsable de la Fiscalía Europea contra el Fraude (EPPO) alabó que el modelo español de lucha contra la corrupción aúne a fiscales, policías e investigadores financieros; pero pidió poder replicarlo en la rama española del organismo que dirige.
«Es un modelo muy bueno, pero el problema es que España no quiere implementar su propio modelo en la EPPO en España porque no permite a la EPPO en España tener sus propios agentes de policía y nosotros lo pedimos», dijo Kövesi.
La fiscal general europea – quien también citó a España entre los países que no dan a la EPPO acceso «inmediato» a sus bases de datos – dijo que este problema con el personal es un «ejemplo» de los que se encuentra en su trato con los Estados miembros, con los que está «en contacto» para «resolver» estos impedimentos.
La cooperación con las autoridades nacionales, explicó, es «como en un matrimonio» porque «a veces hay días buenos y días malos»: «Algunos Estados miembros fueron muy cooperativos desde el principio y con algunos tuvimos que discutir más y más».
En este contexto, argumentó que para ser «más eficientes» es necesario crear un equipo de investigadores que trabajen en los casos que son competencia de la EPPO, y eso conlleva también que puedan tener acceso a las «bases de datos nacionales relevantes», entre otras cuestiones.
Kövesi subrayó que el problema con el personal es el mismo al que se enfrentan en el ámbito de las aduanas y la administración tributaria, porque los gobiernos comunican que no tienen «suficientes recursos» que ceder a la EPPO.
En esta línea recordó que, «año tras año», los países pierden ingresos por el fraude del IVA que se podrían recuperar para los presupuestos nacionales si los gobiernos aportasen personal a la EPPO.
«Para mí es muy difícil entender por qué no están de acuerdo en darnos cinco o diez policías o funcionarios de la administración tributaria para trabajar en casos de la EPPO», remarcó la fiscal general europea ante los eurodiputados.
