El juez Sebastián Casanello ordenó un estudio contable sobre una cuenta de Austral Construcciones; en esta causa, el empresario patagónico ya fue condenado y la expresidenta sobreseída, pero todavía existe una línea de investigación contra ella que impulsa una ONG
En el marco de la causa conocida como “la ruta del dinero K”, el juez federal Sebastián Casanello ordenó realizar un estudio contable sobre una de las cuentas bancarias que utilizó para lavar activos Austral Construcciones, la firma insignia de Lázaro Baez, con la idea de determinar si algo de ese dinero estuvo vinculado a Cristina Kirchner.
En este expediente, el empresario patagónico ya fue condenado a 10 años de prisión por lavado de activos, y la expresidenta sobreseída en noviembre de 2021, por orden del propio Casanello, tras el pedido del fiscal Guillermo Marijuan, que entendió que no había elementos para seguir investigando a la entonces vicepresidenta, luego de haberlo hecho durante 10 años.
Sin embargo, todavía existe contra ella una línea de investigación que impulsa Bases Republicanas, una ONG ligada al Pro, que se presentó como querellante y apeló su sobreseimiento. La Cámara Federal porteña, le dio la razón y lo revocó.
En este contexto, el juez Casanello le ordenó a un organismo que asiste técnicamente en las investigaciones judiciales –la DAJUDECO– realizar una suerte de peritaje sobre la cuenta corriente que utilizaba Austral Construcciones en el Banco Nación.
A través de ella, Báez repatrió, desde Suiza y en forma de bonos, una parte de los más de 50 millones de dólares que el empresario patagónico giró al exterior. El circuito de lavado fue relatado ante la Justicia por el financista Leonardo Fariña, que fue parte de la maniobra y declaró en la causa como arrepentido.
La idea que impulsa esta nueva orden es poder determinar si algo de ese dinero puede ser ligado a Cristina Kirchner, tal como sugiere Bases Republicanas, le explicaron a LA NACION fuentes que trabajan en la causa.
La ONG parte de la premisa de que buena parte del dinero que Báez giró al exterior y por el cual fue condenado provendría de los contratos irregulares en la obra pública de la provincia de Santa Cruz que, entre 2003 y 2015, con Néstor y Cristina Kirchner en el Poder Ejecutivo, fueron adjudicados al conglomerado empresarial de Báez. Estos hechos se investigan por separado en la causa conocida como Vialidad, en la cual la expresidenta tiene una condena a 6 años de prisión confirmada por Casación.
Cuando la Cámara dispuso profundizar la investigación, le ordenó a Casanello escuchar a todas las partes. Marijuan volvió a insistir con su postura, y dijo que Bases Republicanas, el único acusador que tiene el expediente, se metió por “una ventana procesalmente inexistente” y lo trató de “pseudo querellante”.
Bases Republicanas respondió que se debía hacer un peritaje contable y vincular esta causa con los cobros de la causa de “los cuadernos de las coimas”, en particular los montos de los bolsos con dinero que llegaban al departamento que ocupaba Cristina Kirchner en Recoleta y que eran recibidos por su exsecretario fallecido Daniel Muñoz.
LA NACION
